Ni un día más, ni un día menos: la realidad de las bajas en España

La prestación de incapacidad temporal (IT) se ha convertido en un foco de controversia en el debate público reciente sobre el sistema de protección social en España, la. A menudo, discursos alarmistas señalan un crecimiento insostenible del gasto y sugieren una utilización abusiva de las bajas médicas. Sin embargo, el informe "Ni un día menos", elaborado por la Confederación Sindical de CCOO en marzo de 2026, ofrece un análisis riguroso que desmonta mitos y sitúa la salud de las personas trabajadoras como el eje central de la cuestión.

Primero, porque la prestación de IT no es una concesión graciosa, sino un mecanismo regulado por la Ley General de la Seguridad Social para proteger dos derechos constitucionales: el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Su objetivo es garantizar la protección económica mientras el trabajador recibe asistencia sanitaria hasta que pueda reincorporarse en condiciones óptimas. El principio rector debe ser "ni un día más, ni un día menos" del tiempo imprescindible para la curación.

El gasto nominal en incapacidad temporal se ha triplicado en las últimas dos décadas

Dicho esto, es innegable que el gasto nominal en IT se ha triplicado en las últimas dos décadas, pero este aumento debe contextualizarse. Dos tercios de este incremento se explican por factores estrictamente objetivos ajenos a cualquier tipo de fraude. En primer lugar, la evolución de la actividad económica, el aumento de la población protegida (que ha pasado de 19,7 a 22,2 millones de personas entre 2007 y 2024) y la mejora de los salarios explican casi el 48% del crecimiento del gasto. En segundo lugar, el progresivo envejecimiento de la población trabajadora aporta otro 18,5%. Los trabajadores de mayor edad presentan patologías que requieren periodos de recuperación más largos y cuentan con bases de cotización más altas, lo que eleva el coste por proceso.

Pero frente a las tesis que apuntan a un uso fraudulento de las bajas, el informe aporta datos que contradicen estas ideas. Por ejemplo, se ha extendido el "bulo" de que las bajas se concentran anómalamente los lunes. La realidad administrativa es que las dolencias ocurridas durante el fin de semana se registran masivamente el lunes al no pasar consulta los médicos de atención primaria en sábado o domingo.

Al analizar el promedio de sábado a lunes, el porcentaje de bajas (11,5%) es incluso inferior al del resto de los días de la semana. Además, el crecimiento de la incidencia se concentra principalmente en procesos de muy corta duración (menos de 3 días) causados por dolencias leves como gripes o infecciones respiratorias, las cuales no generan gasto público alguno.

La pandemia de Covid-19 marcó un punto de inflexión  por el aumento de la concienciación social y la sensibilización ante los problemas de salud

CCOO denuncia que informes de organismos como la AIReF obvian la variable más importante: la salud real de la población. La pandemia de Covid-19 marcó un punto de inflexión, no solo por la enfermedad en sí, sino por el aumento de la concienciación social y la sensibilización ante los problemas de salud.

Dos ámbitos destacan por su impacto en la IT: la salud mental, porque los trastornos mentales y del comportamiento han crecido exponencialmente. España lidera el consumo mundial de benzodiacepinas, lo que refleja un problema de salud pública de primer orden.

Estos procesos duran, de media, más del doble que el resto de los diagnósticos (112 días frente a la media general de 45). Junto a la salud mental, las enfermedades musculoesqueléticas: Siguen siendo la principal causa de bajas de más de 15 días. La insuficiencia de recursos diagnósticos y de rehabilitación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) provoca que procesos curables se alarguen innecesariamente por las listas de espera.

Nuestro informe es crítico y señala desde CCOO la "infra presupuestación" histórica de la sanidad en España. El gasto público en salud es sensiblemente inferior al de los países con economías más avanzadas de la UE (con diferenciales de hasta 3 puntos del PIB). Esta insuficiencia de recursos preventivos y de atención repercute directamente en la duración de las bajas.

Asimismo, señalar que el control de la prestación no es objetable. La labor de las personas profesionales de la medicina en atención primaria o especializada, junto con la de la inspección de los servicios públicos de salud, o la inspección médica de la Seguridad Social, junto a la labor que ya realizan las Mutuas en relación con las contingencias profesionales, que les competen, pero también sobre las contingencias comunes dónde pueden realizar propuesta de alta, son recursos suficientes. 

Pero la clave de este asunto es que ese control ha de ser público, no debe estar en manos de instituciones que presentan evidentes conflictos de interés. Conviene no olvidar que la Inspección Médica del INSS ha perdido casi el 18% de sus efectivos desde 2009, mientras la afiliación crecía en cinco millones de personas. Para un funcionamiento óptimo, la plantilla de médicos inspectores debería incrementarse al menos en un 63%.

El debate público debe ser riguroso y serio, y CCOO propone complementar el foco de la gestión administrativa y ponerlo en los resultados en salud para reducir el gasto de forma eficiente. Entre las medidas clave destaca el refuerzo del Sistema Público de Salud, especialmente en atención primaria y servicios de salud mental; facilitar que los médicos de familia detecten el origen profesional de las dolencias para evitar el subregistro de enfermedades profesionales (especialmente el cáncer laboral); que haya una presunción de laboralidad en patologías musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo; impulsar el uso de los recursos de las Mutuas para adelantar pruebas diagnósticas y tratamientos en patologías traumatológicas detectadas por el SNS, pero siempre bajo control público; integrar las mutuas como entidades gestoras de la Seguridad Social para garantizar que su actuación se rija exclusivamente por el interés general y no por otros criterios derivados de su configuración actual como asociaciones de empresarios.

En conclusión, la evolución de la incapacidad temporal en España es un termómetro del estado de salud de nuestra sociedad y de la fortaleza de nuestros servicios públicos. La solución no pasa por recortar derechos ni criminalizar al trabajador enfermo, sino por invertir en un sistema sanitario capaz de sanar más rápido y mejor, cuando esto es posible.