QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En esta legislatura, que culmina el próximo mes de junio, se ha puesto en marcha el llamado Pacto Verde Europeo, un conjunto de medidas medioambientales que tienen como fin último que el crecimiento, la transformación y la modernización de nuestra economía europea nos permita alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Es evidente que esto tiene repercusiones en la competitividad de sectores muy importantes para nuestra economía como el energético, el transporte, la agricultura, la ganadería, la industria, la construcción o el turismo.
Las grandes transformaciones deben impulsarse precisamente de la mano de quienes las protagonizan. Las administraciones no son las que reducen las emisiones, lo hacen sobre todo las empresas y los ciudadanos, ellos son quienes deberán cumplir los objetivos marcados por las políticas.
Por eso estas medidas medioambientales tienen que contar con estudios de impacto socio-económico, con consenso político y con el diálogo y la aceptación social de quienes han de ponerlas en marcha. Estos son los principios que nos han guiado al Grupo Popular Europeo y los que nos llevaron a rechazar la ley europea sobre restauración de la naturaleza, un empeño personal del ex Comisario socialista Frans Timmermans con medidas inasumibles para agricultores, ganaderos, pescadores y todo el sector agroalimentario.
Desde mi grupo hemos subrayado la necesidad de que el Pacto Verde vaya acompañado de una verdadera política industrial y de competitividad
Desde mi grupo hemos subrayado desde el principio de la legislatura la necesidad de que el Pacto Verde vaya acompañado de una verdadera política industrial y de competitividad que apoye a los sectores económicos, que frene la deslocalización de empresas y que potencie la creación de empleo de calidad.
Los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania nos dieron toda la razón: es necesario reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea para no depender de terceros países en materias tan esenciales como baterías, ingredientes farmacéuticos activos, hidrógeno limpio, semiconductores, microchips, energía o tecnologías en la nube y de vanguardia.
La presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, ha marcado como prioridad para los próximos años la competitividad y la reindustrialización europea y ya tenemos dos propuestas de leyes europeas: sobre materias primas fundamentales y sobre la industria de cero emisiones netas, con el objetivo crear un entorno de producción más acogedor y atraer más inversiones.
La Comisión ha anunciado también la puesta en marcha de diálogos sobre la transición energética con los sectores industriales y un marco de diálogo específico con el sector agrícola, medidas que aplaudimos y que responden a la falta de negociación que imperó con el ex Comisario Timmermans. Los sectores agrícola, ganadero y pesquero se han tenido que enfrentar a propuestas sesgadas e inflexibles sobre la ecologización del sector, especialmente en lo que se refiere a la disminución del uso de pesticidas. Precisamente estos sectores son los que más cuidan de nuestro medio ambiente y no podemos tolerar que se les criminalice.
Los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania nos dieron toda la razón: es necesario reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea
Algo parecido ocurre en España con las medidas que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A la ministra Ribera le ha faltado diálogo, como se ha demostrado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, remitido a la Comisión Europea sin haber consultado antes a los sectores afectados. O anteriormente con la Ley de Cambio Climático, que el Gobierno no quiso consensuar con el principal partido de la oposición. O con el anterior Plan Nacional Integrado, con las restricciones a la caza, restauración del Mar Menor, la protección del lobo o el trasvase Tajo-Segura.
En el momento en el que estamos, en medio de una transición ecológica, energética e industrial, son necesarios unos pactos mínimos para que los marcos jurídicos nacionales aprobados sean más estables. Pero la ministra se cree en poder de la razón y, por tanto, con el derecho a no pactar nada con nadie.
El gran reto de la economía española durante los próximos años está en canalizar la inversión en cadenas de valor estratégicas, en el desarrollo de tecnologías de vanguardia. La movilidad eléctrica, las energías renovables, la reducción de emisiones y la prevención de residuos son necesarias. Pero también lo son los combustibles sostenibles para el transporte, la energía nuclear, la captura y almacenamiento de carbono o el reciclado de residuos.
Desde el Partido Popular nos tomamos muy en serio la lucha contra el cambio climático. Como dijo Alberto Núñez Feijóo, nos proponemos afrontar este reto con las evidencias que la ciencia nos aporta, con los instrumentos que la tecnología ofrezca en cada momento. Y con el sentido común de la mayoría de los españoles, que sencillamente reclaman una economía más verde y circular a la que nos acerquemos sin visiones apocalípticas, sino con un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo industrial y competitivo de nuestra economía.
Nuestro éxito se medirá por la creación de nuevas industrias innovadoras y la mejora de la competitividad. Por ello, necesitamos renovables para descarbonizar la producción; biogás y circularidad para reducir las emisiones; ecodiseño para producir de forma más sostenible; hidrógeno y nuevos combustibles sostenibles para el transporte. Lo bueno de la competitividad y la reindustrialización es que no va contra nadie.
SOBRE LA FIRMA Dolors Montserrat (San Sadurní de Noya, 1973) es portavoz del PP en el Parlamento Europeo, eurodiputada y vicepresidenta del Grupo Popular Europeo.
