QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Ese es el acrónimo que todos deberíamos grabarnos en la cabeza: EMFA (European Media Freedom Act) aunque, para entendernos, la hemos llamado Ley europea de Libertad de Medios de Comunicación. Y deberíamos hacerlo porque que este texto salga bien de su tramitación, sin modificaciones de calado que intentan reducir los aspectos más garantistas, va a depender el pluralismo del debate público y, por tanto, la salud de nuestra democracia.
Porque en esa propuesta de reglamento se abordan aspectos tales como la transparencia en la propiedad de los medios, la concentración empresarial, derechos de periodistas y editores, transparencia algorítmica y en los sistemas de medición de audiencias, financiación de medios públicos y privados…
No son asunto menor; claro que no. Pero lo preocupante es que no se le está prestando la atención debida y por esas líneas pasan o deberían pasar las claves del derecho a la información de los ciudadanos. Sin embargo, da la impresión de que el legislador está más pendiente de evitar las injerencias sobre los medios privados que en desarrollar el derecho fundamental de los ciudadanos a la información.
Regular o autorregular
La propuesta ha cosechado durante la fase de consultas críticas desde distintos ángulos políticos y profesionales. Desde la derecha, esgrimiendo premisas falsamente liberales, dicen que el texto es una amenaza para la libertad de expresión y de los medios de información porque argumentan que la regulación puede restringir la libertad de los medios de comunicación y limitar la capacidad de los ciudadanos de acceder a una información diversa y opiniones variadas. La industria añade que una regulación excesiva puede dañar la economía y afectar negativamente a la innovación en el sector.
Que este texto salga bien de su tramitación va a depender el pluralismo del debate público y, por tanto, la salud de nuestra democracia
Desde opciones políticas progresistas y las organizaciones profesionales de periodistas, sin embargo, afirman que la propuesta es poco ambiciosa en la protección auténtica de la libertad expresión y del derecho a la información de los ciudadanos y echan en falta medidas efectivas para abordar la discriminación publicitaria y la desinformación en los medios de comunicación.
Un Consejo independiente para vigilar
Polémico será también, sin duda, la creación de un nuevo Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación independiente, formado por autoridades nacionales en materia de medios de comunicación. Este nuevo consejo sería una agencia independiente que velará por la aplicación del acervo comunitario en lo referente a los medios de comunicación dentro de la Unión. Entre otros, este consejo elaborará opiniones sobre las políticas de los diferentes Estados miembros adoptadas para la implementación de los objetivos del Reglamento y coordinará y supervisará, entre otros, los mecanismos de autorregulación puestos en marcha por los propios medios.
Por nuestra parte, pensamos que la propuesta legislativa de la Comisión intenta abarcar demasiadas cosas y seguramente ese riesgo puede abrir vías de agua. Tal es el caso de las medidas anticoncentración, que tanto pueden favorecer el pluralismo informativo como la competencia económica. En nuestra opinión, el reglamento es tímido en esta materia, con limitaciones a la concentración solo “ex ante” y sin salvaguardas “ex post” contra conglomerados que ponen en peligro tanto el pluralismo informativo, como la libre competencia.
Practicar y defender el pluralismo
Otra de las líneas maestras del reglamento es la búsqueda del pluralismo. Una forma de promover el pluralismo externo es, por ejemplo, un reparto equitativo de la publicidad institucional y en ese sentido la medición de audiencias debe llevarse a cabo por herramientas absolutamente fiables e incontestables. Pero con los algoritmos hemos topado. También es un instrumento importante del pluralismo externo la transparencia económica y editorial; y, para ello, es fundamental que el receptor sepa quién le está contando qué, es decir, de quién es la propiedad del medio. Sin trampas. Informaciones permanentemente actualizadas en webs abiertas.
Y otro déficit importante es la timidez con que el texto aborda el pluralismo interno. Hay que promover y obligar a adoptar las medidas necesarias para que en el seno de los medios y sus procesos editoriales pueda expresarse la diversidad de posiciones de sus profesionales. Nos referimos a instituciones tales como la cláusula de conciencia o los consejos de redacción, la protección de las fuentes, protección contra injerencias internas y externas o los derechos de autor de los informadores.
¿Espiar a los periodistas por razones de seguridad nacional?
El Consejo acaba de fijar su posición y nos preocupan los cambios propuestos en el artículo 4, donde se incluye la seguridad nacional, como excepción a la protección de las fuentes, lo que en la práctica vendría a legalizar el espionaje a los periodistas cuando existan razones de “seguridad nacional”. Una propuesta francesa a la que no se han opuesto el resto de los socios comunitarios.
Una forma de promover el pluralismo externo es un reparto equitativo de la publicidad institucional o la medición de audiencias por herramientas fiables e incontestables
Lo lógico es que esa excepción esté dentro del sistema de protección de la Carta de Derechos Fundamentales y su control por el Tribunal de Justicia y el Tribunal De Derechos Humanos y que exijan control judicial y proporcionalidad para cualquier limitación de derechos. En cualquier caso, se adivina una larga y tensa discusión entre Parlamento y Consejo por este asunto.
Apuntemos finalmente, como ya ha sugerido la Federación Europea de Periodistas, que la moderación de la información de interés público, difundida por los medios, periodistas y blogs, no puede quedar exclusivamente en manos de las plataformas. Pero, de todo ello hablaremos este viernes en la sede de las instituciones europeas en Madrid.
SOBRE LAS FIRMAS Rafael Díaz Arias y Juan Cuesta Rico son periodistas y socios de Europa en Suma, asociación sin ánimo de lucro que quiere potenciar la idea de una Europa unida, fuerte y próxima al ciudadano.
