El año 2025 registró un nuevo récord de presión legislativa: 1.411 nuevos textos normativos (leyes, reglamentos u otro tipo de normas). Es decir, cada comercio tuvo que conocer y aplicar 3,8 nuevas normas nuevas o modificaciones de otras ya existentes cada día. Continuó, así pues, una serie de seis años consecutivos de incremento de la carga normativa para supermercados, autoservicios y mayoristas de alimentación, entre otro tipo de comercios.
Lejos quedan las 476 normas del año 2019. Parece que el aumento de legislación que tuvo lugar durante la pandemia no termina de disiparse. Muy al contrario, las promesas de simplificación que llegan desde todas las administraciones no llegan a hacerse realidad, al menos por el momento. Solo vemos tímidos intentos de ralentización en la publicación de nuevas obligaciones regulatorias, que no son suficientes para frenar el frenesí normativo en el que estamos inmersos.
Independientemente del número, algunas de las normas aprobadas en 2025 que más han impactado en la distribución de alimentación son la Ley de prevención del desperdicio alimentario, la Ley de movilidad sostenible o la Ley de servicios a la clientela. Todas ellas responden a objetivos compartidos por el sector y, en muchos casos, recogen prácticas que las empresas ya venían aplicando de forma responsable. Sin embargo, estas leyes incorporan nuevos trámites administrativos que se traducen en mayores cargas operativas y en un incremento de los costes, en un contexto en el que la competitividad es clave para garantizar un servicio adecuado al consumidor.
Parece que el aumento de legislación que tuvo lugar durante la pandemia no termina de disiparse. Muy al contrario, las promesas de simplificación que llegan desde todas las administraciones no llegan a hacerse realidad.
En el ámbito europeo, entre las leyes más polémicas y que más carga administrativa podrían añadir en el curso de 2026 están el Reglamento sobre Deforestación y el Reglamento sobre Diligencia Debida, entre otros. Ambos se encuentran ahora en diferentes momentos del proceso de tramitación parlamentaria y se espera que se tienda a una reducción sobre los planteamientos iniciales. Lo mismo ocurre con muchos otros dossieres afectados por las propuestas de simplificación lanzadas por la Comisión Europea a través de los llamados Reglamentos Ómnibus.
Estos responden, así pues, a la preocupación de revisión normativa expresada por las instituciones comunitarias, pero el hecho de que ya se hayan alcanzado hasta diez ediciones plantea serias dudas sobre la calidad legislativa.
La reflexión es: si es necesario aprobar diez normas para corregir otras previamente publicadas, el problema no es solo de exceso regulatorio, sino de cómo se legisla.
La reflexión es que, si es necesario aprobar diez normas para corregir otras previamente publicadas, el problema no es solo de exceso regulatorio, sino de cómo se legisla. Precisamente, en el marco del CESE (Comité Económico y Social Europeo) se trabaja ahora mismo en dictámenes sobre el “Ómnibus Ambiental” y el “Ómnibus de Alimentación”.
Avanzar hacia una regulación más simple, coherente y estable no es solo una demanda empresarial: es una condición imprescindible para que las políticas públicas alcancen sus objetivos sin poner en riesgo la competitividad de un sector esencial para la economía y para la vida cotidiana de los ciudadanos, como es el del comercio alimentario.
En 2026 hay especial preocupación por el desarrollo de normas laborales que se encuentran aún en un estado incierto de tramitación. Iniciativas como el control del fichaje sincronizado con la Inspección de Trabajo, una posible nueva subida del salario mínimo o los anunciados permisos retribuidos por defunción o cuidado de enfermos generan incertidumbre en las empresas, que necesitan marcos regulatorios claros y previsibles para planificar inversiones, organizar plantillas y seguir creando empleo estable en un sector intensivo en mano de obra.
En el contexto autonómico, destaca el Proyecto de ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas aprobado por la Xunta de Galicia, que regula la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años. Cabe esperar un goteo legislativo en otras comunidades autónomas sobre este tema, y aquí lo indispensable es no romper la unidad de mercado. Las consecuencias prácticas de aplicar regímenes distintos por cada territorio para prohibiciones de venta de determinados productos pueden ser muy graves.
En otro orden de cosas, pero también en este ámbito autonómico, hay que subrayar que el año 2026 ha comenzado con la publicación de un Decreto Ley llamado “Medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado” de la Generalitat Valenciana. Quizá un brote verde de la prometida y esperada “desregulación”.
Seguimos ante un escenario que confirma que el desafío no es solo adaptarse a nuevas leyes, sino hacerlo en un contexto de creciente complejidad que exige una reflexión profunda sobre la calidad, coherencia y estabilidad del marco legislativo
Terminamos con un pequeño resumen de la magnitud de esta presión normativa y de los principales ámbitos en los que se ha regulado en 2025. Las tres principales administraciones casi empatan en actividad legislativa: 547 las comunidades autónomas, 453 la Unión Europea y, algo más lejos, el Estado Central con 326. Por materias, la seguridad alimentaria se consolida como el ámbito más regulado en la UE -y mantiene el sistema de alimentación europeo como uno de los más garantistas del mundo-, mientras que el medio ambiente concentra cerca de un tercio de toda la producción normativa y las áreas laboral y de gestión empresarial mantienen una elevada intensidad regulatoria. Cabe destacar también las 27 normas relacionadas con la producción e importación de productos -21 de ellas llegan de la Unión Europea- y que, en su mayoría, tienen relación con la producción agraria, lo que implica un impacto directo en toda la cadena.
En definitiva, seguimos ante un escenario que confirma que el desafío no es solo adaptarse a nuevas leyes, sino hacerlo en un contexto de creciente complejidad que exige una reflexión profunda sobre la calidad, coherencia y estabilidad del marco legislativo que afecta a la totalidad del comercio y, en nuestro caso, al comercio de alimentación, que se considera estratégico para la sociedad española y europea.