QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Albert Einstein dijo una vez que “lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto sobre la renta”. Einstein no llegó a conocer ni la complejidad del actual IRPF, ni el IVA moderno, pero todo esto palidece ante el esquema de impuestos complementarios que ha creado la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), conocidos como Pilar I y Pilar II. La transposición a España de la directiva comunitaria del Pilar II es precisamente el proyecto de ley que este lunes se debatirá en la comisión de Hacienda.
Los dos pilares de la OCDE son una reforma de la fiscalidad internacional impulsada por la Administración Biden, en respuesta a la reforma fiscal de Trump. Esto quiere decir que, muy probablemente, habrá cambios tras el resultado electoral en Estados Unidos. La idea que subyace tras los “pilares” de la OCDE es intentar que las multinacionales paguen impuestos donde ganan dinero.
Para eso, el Pilar I tiene como objetivo que los “ganadores” de la digitalización, las empresas más grandes entre las más grandes, que además ganan mucho dinero, tributen sobre una parte de sus beneficios en las jurisdicciones de mercado, es decir, donde venden. El otro pilar, el segundo, pretende que las empresas que facturen más de 750 millones paguen un mínimo del 15% sobre sus beneficios mundiales en el país en el que tienen la sede.
La experiencia dice que la utilidad del veto presupuestario es más que relativa
Este segundo pilar no es fácil de instrumentar, pero la complejidad de crear un nuevo sistema de impuestos complementarios, partiendo de una contabilidad distinta, desarrollada sólo para esto, sobrepasa casi cualquier cosa que yo haya visto en muchos años. Este proyecto se convirtió en una directiva de la Unión Europea que obliga a todos los estados miembros de la Unión Europea a implantar estos impuestos complementarios a partir del 1 de enero de 2024.
Han leído bien, el 1 de enero de este año. Y varios estados, entre ellos España, llevan retraso. La Comisión Europea ya nos ha abierto expediente, y ahora el objetivo es que la ley se apruebe y publique en el BOE antes del 31 de diciembre, cuando se devengaría el impuesto, con efectos a 1 de enero.
Si la ley no estuviese en vigor el 31 de diciembre, España perdería recaudación porque sus grandes grupos multinacionales no pagarían aquí el impuesto. Pero, tendrían que pagarlo de todas maneras, porque si un país no implementa el sistema, el grupo multinacional tiene que pagarlo en otros países donde sí está vigente. Por este sistema, han conseguido que incluso países como Irlanda se incorporen al tipo mínimo del 15%.
Los dos pilares de la OCDE son una reforma de la fiscalidad internacional impulsada por la Administración Biden, en respuesta a la reforma fiscal de Trump
Pero para los grandes grupos multinacionales españoles, el problema no es que tengan que pagar en otros sitios, sino que presentar las declaraciones y estar sometidos a inspección en países donde no están sus matrices es un problema grave porque los empleados y directivos que saben hacerlo están en España. Además, los números que se han ido preparando variarían.
El proyecto de ley del impuesto mínimo, como si no fuese complicado de por sí, se ha utilizado como percha para introducir todo tipo de enmiendas fiscales. En el boletín oficial de la Cortes Generales del pasado día 7 de noviembre hay 248 páginas de enmiendas fiscales, algunas a este nuevo impuesto complementario, pero la inmensa mayoría a otros tributos y gravámenes de nuestro sistema fiscal. Todo esto se debatirá el lunes en la comisión de Hacienda, después de que en ponencia sólo se hayan incorporado 4 enmiendas menores y puramente técnicas al informe.
Por si todo esto fuera poco, el proyecto de ley se ha avocado al Pleno del Congreso. Normalmente, la comisión de Hacienda tiene competencia legislativa plena, esto quiere decir que lo que aprueba se envía directamente al Senado. Pero, como el Pleno del Congreso lo ha avocado, por unanimidad, el dictamen de la Comisión tendrá que aprobarse en el Pleno, así como todas las enmiendas rechazadas por la Comisión, y que sus grupos se reserven. La experiencia en esta cuestión es que los grupos se suelen reservar todas las enmiendas rechazadas.
Creo que es necesario aprobar este proyecto de impuesto mínimo, que transpone la directiva del Pilar II de la OCDE
Las únicas enmiendas que no se debaten ni se votan son las que el gobierno veta, de acuerdo con el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos (es decir más gasto público) o disminución de ingresos en el presupuesto del Estado requerirá la conformidad del gobierno para su tramitación.
Según informaba Demócrata, el gobierno había ejercido este derecho de veto sobre quince enmiendas. Aún así, sobre esta cuestión, el gobierno no tiene la última palabra, porque la Mesa del Congreso, que a veces los delega en la Mesa de la Comisión, puede levantar el veto del Gobierno.
Esta competencia de la Mesa se deriva de lo establecido por el Tribunal Constitucional, que en sentencia 34/2018 estableció que “El control que la Mesa debe ejercer ha de ceñirse a comprobar que el veto ejercido es efectivamente de índole presupuestaria, para lo que la Mesa debe verificar la motivación aportada por el Gobierno, pero sin que le corresponda sustituir al mismo en el enjuiciamiento del impacto, sino tan sólo constatar que el mismo es real y efectivo, y no una mera hipótesis; el objeto de este examen es constatar que se ha justificado por el Gobierno el cumplimiento de los requisitos del artículo 134.6 CE, en cuanto al objeto y el alcance temporal, y que por tanto concurre el requisito material contenido en la norma constitucional, esto es, la disminución de los ingresos o el aumento de los créditos presupuestarios”.
La experiencia dice que la utilidad del veto presupuestario es más que relativa. Es mucho más efectivo, y democrático, todo sea dicho, votar las enmiendas y rechazarlas. De hecho, impedir debatir y votar algunas enmiendas puede llevar al rechazo de algunos grupos al proyecto de ley en sí.
Por muchas razones, que ya he comentado, creo que es necesario aprobar este proyecto de impuesto mínimo, que transpone la directiva del Pilar II de la OCDE. Pero, en esta cuestión donde hay consenso o debería haberlo, han acabado apareciendo todo tipo de enmiendas de todos los grupos con divergencias más que notables. Veremos, en las próximas semanas qué se acaba aprobando.
Agradezco a Demócrata que me haya abierto su página para comentar esta cuestión fiscal. Querría aprovechar esta ventana para dirigirme a mis excompañeros de la comisión de Hacienda, y al Gobierno. Creo, como muchos españoles, que no ha habido una respuesta adecuada del Estado, desde los diversos niveles de gobierno, a la tragedia ocasionada por la DANA en Valencia.
Además de expresar mis condolencias a los familiares de los fallecidos, creo que habría que agradecer la solidaridad de los ciudadanos, y también de las empresas españolas. El régimen fiscal de las donaciones en el IRPF es muy favorecedor, pero podría serlo más en el caso de las empresas. Esto podría modificarse por un Decreto-Ley, pero también en el debate del proyecto de ley del impuesto mínimo a las grandes empresas. Aunque todo el proyecto es importante, creo que lo más importante y urgente que se podría hacer es ayudar a los que ayudan.
SOBRE LA FIRMA
Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda y exdiputado en el Congreso.
