¿Qué joven no ha empezado su vida profesional aguantando jornadas interminables, cobrando una miseria —o directamente nada—, y sintiendo que hace el mismo trabajo que sus compañeros con contrato? Hemos normalizado que las prácticas son una “mili laboral”, un peaje inevitable, un rito de paso, que por ser jóvenes tenemos que aceptar sin rechistar. Esto es, básicamente, lo que el Estatuto del Becario que hoy llega al Consejo de Ministros viene a cambiar. Un texto que recoge demandas básicas de reconocimiento, protección y valoración para una figura que durante años ha sido utilizada para encubrir precariedad y sustituir empleo real.
Una de las preocupaciones de nuestro CCOO era, precisamente, acabar con esta normalización de la precariedad juvenil en las prácticas, que está sustentada por un factor determinante: La privatización progresiva de la educación en el Estado. Esta privatización ha hecho que las empresas vean en lo que debería ser un derecho garantizado un negocio cada día más rentable. En el caso de la FP, la privada tiene ya más alumnado que la pública. En la universidad, en los últimos 25 años se han creado 27 universidades privadas y ninguna pública.
La infrafinanciación de la educación superior tiene consecuencias claras: hace que la juventud de clase trabajadora no acceda en igualdad de condiciones a estos estudios; lo vemos reflejado en un dato demoledor: los préstamos al estudio han crecido un 60% en los últimos cinco años.
El resultado deja en una situación de vulnerabilidad extrema para la juventud trabajadora. Las prácticas, que deberían ser una oportunidad formativa, se han convertido para muchos en un espacio de explotación sin mecanismos efectivos de denuncia. Y cuando existen, ejercerlos puede tener consecuencias inasumibles para el alumnado, que ve en las prácticas su única puerta de entrada al mundo laboral.
Por todo ello, en la negociación de este Estatuto CCOO persiguió dos objetivos fundamentales: por un lado, el fin del fraude en las prácticas, que las convertía en un foco de sustitución tramposa de puestos de trabajo; y por otro, garantizar la calidad de las prácticas, que deben ser una herramienta educativa al servicio de la formación del alumnado.
CCOO lleva años denunciando el abuso de las becas en empresas, que esconden tras de sí, la sustitución de mano de obra por estudiantes en prácticas. En el acuerdo alcanzado en el marco del Diálogo Social, que articula prácticamente el texto del anteproyecto de ley, avanzamos en puntos clave, como el derecho a la información de la representación legal de las trabajadoras y las delegadas de prevención, que se sufraguen los gastos derivados de las prácticas o las cotizaciones a la seguridad social. Es, en su conjunto, un texto que nos hace avanzar como sociedad.
La aprobación del Estatuto supondría un gran avance para las estudiantes. Desestigmatiza, ya en sus primeros artículos, la figura del “becario” le aporta valor y acota de manera clara su espíritu formativo. Además, expresa una clara voluntad de acabar con el fraude.
Sin embargo, en los últimos meses hemos observado una serie de ataques injustificados a esta norma por parte de patronales y organizaciones de rectores, críticas que poco tienen que ver con la calidad educativa y mucho con su poco compromiso social. Estas organizaciones harían bien en pedir más recursos para la Inspección de Trabajo y para estimular las prácticas en empresas, en lugar de elaborar teorías conspiratorias sobre el fin de las prácticas.
Quienes dicen estar tan preocupados por el futuro de las prácticas, deberían recordar su responsabilidad con nuestra sociedad: necesitamos trabajadoras y trabajadores bien formados, y eso exige prácticas de calidad, no mano de obra gratuita. La falta de compromiso que demuestran estas patronales y organizaciones con el futuro del país es, francamente, indignante y alarmante. Esperamos, honestamente, que reconsideren su postura a lo largo de la tramitación del Estatuto.
Sabemos, por supuesto, que la presión para frenar este texto será enorme. Nos encontramos en un momento político en el que los pactos o acuerdos parecen cada vez más difíciles. Pero estamos preparadas para responder. Desde hace semanas llevamos a cabo una campaña de información y concienciación en centros educativos y de trabajo, y vamos a impulsar su aprobación desde cada rincón.
Nuestro primer contacto con el mundo laboral no debería ser precario. Para la juventud trabajadora la calidad educativa y las condiciones laborales dignas no pueden esperar más, y vamos a luchar por ello.
SOBRE LA FIRMA:
Pau Garcia Orrit es secretaria confederal de Juventud de CCOO