Hace unas semanas, el Congreso de los Diputados se convirtió, durante unas horas, en el epicentro de un debate que rara vez aparece en los titulares: la financiación mundial de la educación.
En la Sala Constitucional, símbolo indiscutible de la deliberación democrática, la Alianza Mundial para la Educación (GPE) lanzó su nueva campaña, «Multiplica posibilidades», con el objetivo de movilizar 5.000 millones de dólares y desbloquear otros 10.000 millones para la educación, multiplicando así las posibilidades de aprendizaje de casi 750 millones de niños en 96 países. El mensaje no podía ser más oportuno: invertir en educación no es un gasto, sino una de las políticas públicas más transformadoras y rentables que existen.
Por eso, mientras el Parlamento se prepara para debatir los próximos Presupuestos Generales del Estado, conviene recordar que cada cifra en una hoja de cálculo es, en realidad, una decisión sobre el país que queremos construir. Y en una era de incertidumbre global -donde los conflictos se multiplican y el crecimiento económico se desacelera- la educación se erige como el verdadero estabilizador estructural de toda sociedad democrática.
El futuro empieza en el presupuesto
España lleva años siendo un actor clave en la cooperación global por la educación. Desde 2006 forma parte de la Alianza Mundial para la Educación, el mayor fondo multilateral dedicado a fortalecer los sistemas educativos en países de renta baja.
Cada euro que España dedica a fortalecer los sistemas educativos en países socios es un euro que retorna en forma de estabilidad regional, comercio, reducción de migraciones forzadas y fortalecimiento de la paz. La cooperación educativa no es gasto exterior: es política interior inteligente.
En el acto celebrado en el Congreso, representantes de los principales grupos parlamentarios coincidieron -algo cada vez más infrecuente- en una convicción compartida: educar es invertir en paz, crecimiento e igualdad.
Ese consenso importa. En tiempos de polarización, mantener la educación como prioridad de Estado debería ser una línea roja común. Sin embargo, los datos son alarmantes: para garantizar una educación de calidad para todos los niños del mundo, todavía se necesitan 100.000 millones de dólares adicionales cada año. Mientras tanto, la ayuda oficial al desarrollo destinada a educación ha caído en más de 2.000 millones de dólares desde 2020.
Esta brecha de inversión tiene consecuencias tangibles. Hoy, 272 millones de niños siguen fuera de la escuela y siete de cada diez en países de renta baja o media-baja no saben leer ni escribir a los diez años. Cada año que pasa sin revertir esta tendencia se traduce en más desigualdad, migraciones forzadas e inestabilidad política.
La educación como infraestructura del siglo XXI
Durante demasiado tiempo, los presupuestos nacionales e internacionales han tratado la educación como un gasto social más. Pero la evidencia es clara: la educación es infraestructura económica de alto rendimiento, comparable a las inversiones en energía o transporte.
Cada año adicional de escolarización reduce en más de ocho puntos porcentuales la probabilidad de caer en la pobreza, incrementa los ingresos personales en un 10% y contribuye directamente al crecimiento económico nacional. De hecho, la mitad del crecimiento global desde 1980 se atribuye a la expansión educativa, y por cada punto de mejora en el aprendizaje, el PIB aumenta un 7,2%.
Invertir en educación, por tanto, no es un acto de caridad: es una política económica inteligente. Donde crece la inversión en aprendizaje, aumenta la productividad, se fortalecen los sistemas fiscales y arraiga la cohesión social.
Como recordó Antón Leis durante la presentación del Case for Investment de GPE, cuando se redactó el artículo 27 de la Constitución Española, las palabras se eligieron cuidadosamente. No dice “los españoles”; dice “todas las personas”. Porque el derecho a la educación no reconoce fronteras ni pasaportes: es un derecho universal reafirmado en el preámbulo constitucional. Ese mandato no es solo un principio jurídico; es la base material de un país más productivo, más igualitario y más libre.
De la ayuda al liderazgo
El reto no es solo movilizar más recursos, sino usarlos mejor. Durante la presentación en el Congreso, el mensaje de GPE fue claro: “Financiar la educación no consiste en llenar vacíos, sino en alinear esfuerzos.”
Demasiado a menudo, la cooperación internacional opera mediante proyectos fragmentados, de corto plazo y mal conectados con las políticas nacionales. El enfoque de GPE -que España apoya activamente- busca justo lo contrario: respaldar reformas educativas lideradas por los propios países, reuniendo a gobiernos, bancos de desarrollo, sociedad civil y sector privado bajo un marco común y coherente.
El ejemplo de Ghana es ilustrativo: una contribución filantrópica de 40 millones de dólares activó el fondo multiplicador de GPE, que duplicó los recursos disponibles al alinear a donantes, inversores y autoridades educativas en torno a un plan nacional único. En total, la iniciativa movilizó 80 millones de dólares para mejorar el aprendizaje en 16.000 escuelas.
Lo que España puede -y debe- hacer
Mientras el Gobierno cifra el futuro en los Presupuestos y las Cámaras lo debaten, hacer de la educación un eje irrenunciable de la política económica y exterior no es un gesto: es una obligación de Estado. España cuenta con una sólida trayectoria en cooperación educativa, pero los desafíos actuales -desde la crisis del Sahel hasta la brecha digital- exigen un salto cualitativo.
Asignar recursos previsibles, plurianuales y crecientes a la educación básica y a la cooperación multilateral no solo reforzaría la posición internacional de España, sino que enviaría un mensaje político inequívoco: que la igualdad de oportunidades sigue siendo el corazón de su acción exterior.
Como recordó el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) -y conviene subrayarlo-:
La educación es, ante todo, un derecho. Pero también es una inversión: una inversión en millones de niños cuyas vidas se transforman gracias a ella, y una inversión en un mundo más seguro y próspero, también para quienes vivimos aquí
Una frase que resume la esencia misma de la cooperación española: transformar vidas fuera para fortalecer nuestro futuro común.
El momento de decidir
Los próximos meses serán decisivos. El debate presupuestario no es una negociación técnica ni partidista: es una oportunidad para demostrar que la cooperación española puede liderar con coherencia y visión de futuro.
La educación es la base sobre la que se sostienen todos los demás derechos. Y en un mundo cada vez más incierto, apostar por ella no es un lujo: es una estrategia de supervivencia democrática.
Como dijo Kofi Annan, “la educación es la construcción de la paz por otros medios.” Podríamos añadir: también es la mejor inversión que puede hacer un país si de verdad aspira a dejar un legado de progreso y justicia.
Los Presupuestos no son una simple enumeración de partidas: son una declaración de futuro. Que España decida aumentar, estabilizar y blindar su contribución a la educación global enviaría un mensaje político inequívoco: en tiempos de incertidumbre, este país elige la estabilidad, el liderazgo y la justicia intergeneracional. En última instancia, la pregunta no es si podemos permitirnos invertir más en educación, sino si podemos permitirnos no hacerlo.
SOBRE LA FIRMA: Nesmy Manigat es enviado de alto nivel de la Global Partnership for Education (GPE), la alianza multilateral independiente que reúne a gobiernos, organismos internacionales, donantes, sociedad civil y sector privado para fortalecer los sistemas educativo en países en desarrollo.También fue ministro de Educación de Haití entre 2014 y 2016, y de 2021 a 2024.