Las grandes revoluciones a menudo no están previstas en las leyes. La sociedad siempre va un paso por delante de la justicia. Una de esas revoluciones es el nuevo marco digital, un avance que sigue tomando posiciones con muchos aspectos aún sin democratizar. Sería ingenuo pensar que, sin algunos límites, la transformación digital puede generar más beneficios que desventajas. En un mundo cada vez más condicionado por las pantallas, es crucial que las reglas del juego sean claras y que la tecnología sirva a la mayoría y no a una minoría cuyo objetivo es rentabilizar el mal uso de las herramientas digitales.
El informe ‘Juventud y pornografía en la era digital. Consumo, percepción y efectos’, de la Fundación Fad Juventud, señala que seis de cada diez adolescentes consumen contenido para adultos desde los ocho años. Por otra parte, el Ministerio del Interior ha constatado durante los últimos años que los ciberdelitos han aumentado en un 40%. Sugerir eliminar todas las pantallas debido a los riesgos que puedan generar es tan absurdo como pedir que los vehículos desaparezcan de las carreteras para evitar accidentes. Por ello, el Gobierno de España, tras meses de profundo trabajo, propone el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.
Esta iniciativa busca regular la convivencia en los dispositivos para evitar que la infancia y la adolescencia queden expuestas a problemas de salud mental, adicciones o perjuicios económicos. Es decir, el objetivo es democratizar la jungla digital y poner en marcha un cinturón que sirva como protección, no como un freno, garantizando la confianza para seguir explorando la red.
¿Y cuáles son las principales novedades de la propuesta del Gobierno? En primer lugar, activación del control parental de fábrica y prohibición explícita del acceso de menores de edad a los mecanismos aleatorios de recompensa o «cajas de botín”. En segundo lugar, alfabetización digital en las aulas y dotación de herramientas a las familias para identificar conductas de riesgo. Y, por último, tipificación de nuevas conductas delictivas e imponer el alejamiento digital para quienes cometan delitos en línea.
Esta nueva ley no busca solo supervisar o limitar, sino entender el entorno digital como parte integral de la vida cotidiana. Su intención no es caer en la nostalgia de un pasado sin pantallas que, si bien tuvo sus ventajas, no es comparable con el panorama actual. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, y las plataformas digitales pueden ser un faro que impulse el desarrollo infantojuvenil, ayudando a navegar por la red con un seguro que priorice el bienestar digital.
Esta iniciativa busca regular la convivencia en los dispositivos para evitar que la infancia y la adolescencia queden expuestas a problemas de salud mental, adicciones o perjuicios económicos
El Gobierno de España no actúa solo; lleva meses creando una Estrategia Nacional donde todas y todos —menores, familias, personas expertas— participan en la creación de una sociedad digital más segura. Se están construyendo puentes con las grandes empresas de internet para que no sean solo proveedoras de servicio, sino también tejedoras de esos cinturones de seguridad que prevengan accidentes que empeoran la salud mental y el bienestar colectivo.
Ponerse el casco de la moto no te impide ir a donde quieras, solo te protege por el camino. Esta ley hace lo mismo con la pantalla. El objetivo no es que dejemos de usar internet, sino que podamos hacerlo sin riesgo. Estamos tardando, y la salud digital de las sociedades no es únicamente responsabilidad de lo público, sino que es una responsabilidad compartida.
SOBRE LA FIRMA:
Víctor Camino es portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Socialista, diputado por Valencia y secretario general de Juventudes Socialistas