El Congreso de los Diputados afronta en los próximos meses un proceso de revisión del Real Decreto 666/2023, una norma que nació con el propósito de reforzar pilares absolutamente esenciales para nuestra sociedad: el uso responsable de los medicamentos, la lucha frente a las resistencias antimicrobianas, la protección del medio ambiente y el avance en políticas coherentes con el paradigma One Health. Estos objetivos no sólo son legítimos, sino imprescindibles. Lo paradójico es que, lejos de generar controversia sectorial, representan una de las reclamaciones que histórica y socialmente ha agregado más a la profesión.
La profesión veterinaria es, probablemente, la que con mayor intensidad ha interiorizado y aplicado los principios de una única salud. Forma parte de nuestro “ADN”. En un entorno donde más del 60% de las enfermedades infectocontagiosas humanas tienen un origen zoonótico la responsabilidad de los profesionales veterinarios se convierte en un elemento estratégico para la protección global de la salud pública. La función de los veterinarios debe concebirse como un elemento de seguridad y salud por lo que necesitamos se desarrolle de la forma más adecuada posible.
Criterios clínicos flexibles
El veterinario prescribe adaptando tratamientos, no a una única especie como ocurre en el resto de las profesiones sanitarias, sino a múltiples especies animales, con distintas fisiologías, condiciones ambientales y patologías con comportamientos epidemiológicos específicos. Esa complejidad implica que cada decisión terapéutica exige una valoración precisa y singular para cada situación concreta.
Cada prescripción de medicamentos exige un nivel de adaptación clínico propio que no puede quedar condicionado por marcos rígidos prestablecidos. Y, sin embargo, ésa es una de las consecuencias más problemáticas que ha traído consigo la aplicación del Real Decreto 666/2023.
Adicionalmente, la norma no contempla los distintos tipos de centros asistenciales veterinarios, tratándolos como si todos respondieran a un modelo homogéneo. La veterinaria actual es un sector altamente tecnificado, diverso y especializado, en el que conviven hospitales veterinarios con servicios 24 horas, clínicas de primera atención, centros de diagnóstico avanzado, consultorios rurales, unidades móviles, centros especializados en áreas concretas como dermatología, reproducción, traumatología o exóticos, e incluso servicios de emergencias y urgencias que funcionan con dinámicas propias, equipamientos distintos y necesidades terapéuticas muy diferenciadas. El Real Decreto aplica las mismas obligaciones, limitaciones y restricciones a todos ellos, ignorando toda esta complejidad.
La norma no contempla los distintos tipos de centros asistenciales veterinarios
Del mismo modo, un servicio de atención rural o ambulante donde la capacidad logística es limitada y las distancias son largas, necesita herramientas normativas adaptadas a su realidad para cubrir eficazmente todas las necesidades. La norma en las actuales condiciones puede llegar a obstaculiza la buena praxis profesional.
Un enfoque restrictivo
La autonomía profesional de los sanitarios es un valor esencial para garantizar la calidad asistencial. En veterinaria también se trata de un principio esencial que, además, es promovido y preservado por la existencia de otros marcos normativos. Intervenir la capacidad de los profesionales en la elección terapéutica de los antimicrobianos reduce su calidad asistencial, dificultando la capacidad de alcanzar los propios objetivos del decreto (control de resistencias antimicrobianas o la mitigación del impacto ambiental de los fármacos). Se ha construido un marco rígido, impositivo y eminentemente administrativo que, en muchas ocasiones, obliga a los profesionales a seguir procedimientos alejados de la realidad y de las evidencias científicas.
Prescripción ordinaria y excepcional
El actual sistema, basado en la distinción entre prescripción ordinaria y prescripción excepcional, ha introducido una carga de inseguridad que el sector considera injustificada. La obligación para ajustarse estrictamente a una “prescripción ordinaria” representada por medicamentos desarrollados específicamente para especies animales concretas y patologías específicas, limita sustancialmente el margen operativo ya que, en la actualidad, la disponibilidad de estos medicamentos es insuficiente no disfrutando de un botiquín amplio y adecuado, que obliga a los profesionales a verse forzados a recurrir a lo que se conoce como “prescripciones excepcionales”.
El problema es que, en estas prescripciones excepcionales, la responsabilidad ante cualquier posible efecto adverso, independientemente de los criterios científicos y de calidad de la idoneidad científica del tratamiento, recae íntegramente en el profesional. Este precepto vuelve a limitar la autonomía profesional, la calidad asistencial y la seguridad terapéutica de los pacientes. Se tratada, de una situación que no tiene paralelismo en otras profesiones sanitarias.
La exigencia de ajustarse a fichas técnicas desactualizadas
La obligación de ajustar los tratamientos veterinarios a los requerimientos recogidos en las fichas técnicas supone otro elemento sustancial que condiciona la calidad de las prestaciones profesionales pues en numerosas ocasiones, no reflejan los avances clínicos y terapéuticos más recientes. Este precepto aleja a los profesionales de las exigencias de actualización profesional al momento del desarrollo de las ciencias, lo que nuevamente entra en conflicto con otros marcos normativos de nuestro país en materia de prestaciones sanitarias generando un escenario de clara inseguridad normativa para los profesionales.
Esto genera tres problemas principales: el primero, representado porque las prescripciones se ven forzadas y dirigidas hacia tratamientos obsoletos, que pueden no ser los más eficaces en la actualidad; el segundo, la evidente pérdida de capacidades terapéuticas, especialmente en el ámbito de los antimicrobianos, un escenario que puede condicionar el éxito de las terapias en situaciones críticas para nuestros pacientes y sus tutores; y, en tercer lugar, la presencia de riesgos añadidos para la salud pública, ya que los tratamientos inadecuados pueden favorecer las resistencias antimicrobianas, el agravamiento de las enfermedades y su transmisión.
La necesidad de justificar el uso de antimicrobianos a través de pruebas diagnósticas complementarias determina una pérdida del valor de la experiencia y capacitación profesional de nuestros facultativos, al mismo tiempo que supone una dilatación en los tiempos asistenciales y un incremento de los costes económicos de las terapias a los responsables de los animales.
La comunicación obligatoria en PRESVET
La plataforma PRESVET cuya finalidad es monitorizar el uso de medicamentos antimicrobianos para la salud pública y avanzar en políticas de control de resistencias se presenta como un modelo burocrático adicional que no sustituye a otras obligaciones documentales ya existentes para el profesional y genera duplicidades de otros canales de información dentro de la propia administración duplicando las tareas. El tiempo invertido en la carga de datos administrativos supone más de un 20% del tiempo efectivo de consulta. Esto resta recursos a la atención clínica y reduce la eficiencia del servicio.
El sector de los veterinarios especializados en animales de compañía emplea menos del 1% de los antibióticos totales que se utilizan en nuestro país. Las mayores resistencias antimicrobianas se registran en centros hospitalarios de personas con el desarrollo de bacterias multirresistentes. Sin embargo, la única profesión sanitaria que asume requisitos administrativos de esta naturaleza es la Profesión Veterinaria, sin que en el resto existan exigencias similares o parecidas.
Por último, la falta de interoperabilidad entre PRESVET y otros sistemas de gestión clínica provoca que la herramienta no sea capaz de integrarse con los softwares veterinarios optimizando y mejorando su aplicación. Por tanto, incluso su desarrollo tecnológico es limitado.
Irracional y desproporcionado
Las multas que “amenazan” a los profesionales en el caso de incumplimientos normativos pueden llegar a superar el millón de euros. Se trata de cifras completamente desproporcionadas si se analizar el nivel de posibles contingencias y errores que se pueden producir en una dinámica laboral como la que desarrollan los profesionales de la veterinaria. La consecuencia directa es un clima de miedo e inseguridad permanente, que afecta al día a día del ejercicio profesional y que, desde luego, compromete el ejercicio a todos los niveles.
Una respuesta profesional unánime
Pocas veces en la historia reciente una profesión sanitaria ha mostrado un nivel de unidad tan absoluto ante algunos de los procesos de aplicación de la norma en el día a día. Asociaciones profesionales, sociedades científicas, colegios veterinarios, facultativos de todas las especialidades, clínicos de animales de compañía, veterinarios rurales, profesionales de salud pública, docentes e investigadores, han expresado de forma unánime su rechazo al actual modelo de aplicación del Real Decreto 666/2023.
Esta unanimidad no nace de un interés corporativo, sino de una convicción compartida tal como está configurado, el decreto impone barreras reales para la prestación de una buena praxis y, lejos de favorecer la salud pública, puede llegar a deteriorarla. El Real Decreto 666/2023 no es, en esencia, un decreto erróneo. El problema no está en el “qué”, sino en el “cómo”. Es necesario modificar aspectos aplicativos a partir de un enfoque normativo más especializado, ajustado a la realidad y construido desde el diálogo.
SOBRE LA FIRMA: Alfredo Fernández Álvarez es director de Relaciones Institucionales de IVC Evidensia. Es Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid