El paquete "Ómnibus" de simplificación medioambiental aprobado por el comité Económico y Social Europeo en marzo (del que fui su principal ponente) surge como una respuesta a la creciente densidad regulatoria acumulada en el periodo 2019-2024 para afrontar los desafíos derivados del cambio climático. El Comité Económico y Social Europeo (CESE), como órgano representante de empresarios, trabajadores y entidades sociales de los Estados miembro, ha evaluado estas propuestas en un dictamen en el que advierte que la simplificación administrativa no debe entenderse como un retroceso en los objetivos medioambientales, sino como un motor de eficiencia para la competitividad europea.
El núcleo de la iniciativa "Ómnibus" radica en reducir las cargas administrativas innecesarias que lastran a las empresas y administraciones, para permitir que se centren en resultados ambientales tangibles en lugar de en la complejidad procedimental.
El núcleo de la iniciativa "Ómnibus" radica en reducir las cargas administrativas innecesarias que lastran a las empresas y administraciones, para permitir que se centren en resultados ambientales tangibles en lugar de en la complejidad procedimental. El CESE subraya que una regulación mejorada (que podemos entender aquí como simplificada) es condición sine qua non para garantizar la seguridad jurídica, la idoneidad de las leyes en función de los objetivos y reducir la fragmentación entre los Estados miembros, lo que a su vez refuerza el mercado interior.
La propuesta abarca una serie de modificaciones legislativas críticas, entre las que destacan la flexibilización de normas sobre la responsabilidad ampliada del productor en sectores como pilas, envases, residuos electrónicos y plásticos de un solo uso o la reconsideración de objetivos en aquellos países en los que los sistemas de depósito y retorno (conocidos como SDDR) ya implantados están funcionando bien. Asimismo, se propone una revisión de las evaluaciones de impacto para que incluyan tanto los efectos medioambientales como los efectos sobre la competitividad empresarial. El CESE pide que estas evaluaciones se publiquen antes de la adopción de los textos ya que sus conclusiones pueden ser determinantes en términos de eficiencia e idoneidad de los textos.
El principio de "una sola vez"
Una de las propuestas que podría tener un mayor impacto es el llamado “principio de una sola vez" (once only), con aspiración a convertirse en una piedra angular de la gobernanza ambiental de la UE. Este principio busca que las empresas proporcionen sus datos una única vez para que sean reutilizados en diferentes marcos regulatorios, evitando duplicidades que consumen recursos sustanciales desde un punto de vista administrativo.
En esta misma línea, entre las propuestas específicas del CESE destacan:
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Armonización de formatos y metodologías de notificación para eliminar inconsistencias entre actos legislativos paralelos.
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Racionalización de los procedimientos de autorización, asegurando la proporcionalidad entre el riesgo de la actividad y la carga administrativa, sin comprometer las evaluaciones de impacto ambiental en proyectos de alto riesgo.
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Digitalización efectiva, mediante plataformas interoperables que sustituyan, y no añadan, nuevas obligaciones.
No es necesario ser jurista ni empresario para entender la lógica de estas propuestas emanadas del máximo órgano consultivo de la Unión Europea.
La fragmentación regulatoria actual genera costes operativos adicionales que sitúan a los productos europeos en desventaja frente a otros basados todavía en combustibles fósiles. Un ejemplo concreto es el estatus de "fin de condición de residuo": el CESE propone un reconocimiento mutuo entre Estados miembros para facilitar el mercado de materias primas secundarias y reducir la incertidumbre para los inversores.
El CESE defiende que las medidas de simplificación deben ir acompañadas de mecanismos eficaces de vigilancia del mercado y trazabilidad para garantizar una competencia leal
Además, existe una preocupación legítima sobre la competitividad global. Las empresas de la UE se enfrentan a obligaciones de cumplimiento complejas que no siempre se exigen a operadores de fuera de la Unión. Por ello, el CESE defiende que las medidas de simplificación deben ir acompañadas de mecanismos eficaces de vigilancia del mercado y trazabilidad para garantizar una competencia leal. Urge que las medidas de simplificación sean percibidas por las empresas de todos los sectores puesto que, en la actualidad, menoscaban la competitividad y limitan de forma grave las inversiones.
La ambición climática y la realidad operativa
La sociedad civil reclama que cualquier medida de simplificación se base en evaluaciones de impacto previas exhaustivas, que analicen no solo el beneficio ambiental, sino también la viabilidad administrativa, la competitividad empresarial y el impacto en la salud y seguridad de los trabajadores. La participación de la sociedad civil garantiza que la simplificación no se convierta en una desregulación encubierta, sino en un proceso transparente que refuerce la protección del medio ambiente, al mismo tiempo que se salvaguarda la resiliencia económica de Europa.
En conclusión, el paquete Ómnibus es una oportunidad estratégica para alinear la ambición climática con la realidad operativa del tejido productivo europeo. Solo a través de un diálogo constante con la sociedad civil y un marco normativo coherente, la Unión Europea podrá liderar la transición verde sin dejar atrás su competitividad industrial.