Las relaciones de trabajo del Siglo XXI exigen mayores cotas de participación de las personas trabajadoras en las empresas

El 12 de marzo se celebró una reunión de la mesa del Diálogo Social de España en la que el Gobierno presentó el informe que un grupo de expertos ha elaborado con el propósito de promover una norma legislativa para desarrollar la democracia en la empresa española.

El informe analiza diferentes aspectos del funcionamiento de las empresas que son susceptibles para mejorar los niveles de participación de las personas trabajadoras, desde la participación de los órganos de gobierno, el refuerzo de la participación, información y consulta en la organización del trabajo, sus acepciones en los entornos digitales y de Inteligencia Artificial y de la participación en la propiedad de la empresa más allá del modelo cooperativo o de la economía social.

El Gobierno pretende abrir un debate que derive en una modificación del marco legal para mejorar las cotas de democracia en la empresa, equilibrando el papel de las personas trabajadoras en relación al de los empresarios y empresarias en el funcionamiento de las empresas.

Desde CCOO venimos defendiendo la necesidad de desarrollar suficientemente lo recogido en el artículo 129 de la Constitución Española en relación a la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales y en la participación de la propiedad de la empresa.

En la era de la digitalización y la IA, la principal fuente de recursos y el principal activo de las empresas son los datos y el tratamiento de los mismos. Hoy los preceptos que determinan el principio de propiedad cambian en relación al patrimonio que se somete a riesgos para el funcionamiento de las empresas. No es exclusivamente el empresario el que pone a disposición una serie de activos propios para desarrollar un negocio.

Hoy lo que se pone a disposición del funcionamiento de las empresas, en buena medida son datos que son patrimonio del conjunto de ciudadanos y ciudadanas, por lo que se debe cuestionar la interpretación actual del principio de propiedad de empresa.

Si el riesgo es compartido, los datos, el gobierno de las empresas también debe ser compartido. Desde esos principios debe articularse el marco normativo que define el gobierno de las empresas y la participación como tal en la interpretación de la libertad de empresa, teniendo en consideración cual es el nivel de participación efectiva en el gobierno de las empresas y en la propiedad de las mismas.

Es una evidencia que la participación de las personas trabajadoras en las empresas se viene realizando desde los espacios conquistados en la negociación colectiva y en el grado de sindicalización de las plantillas. Las empresas con mayor densidad sindical tienen mejores convenios colectivos y un mayor nivel de participación en las decisiones de empresa. Pero también es cierto, que la mayoría  de empresas en nuestro país es de un tamaño pequeño o micro, con menos de 10 trabajadores.

Las empresas de menos de 6 trabajadores no tienen derecho a elecciones sindicales

Se hace imprescindible que más allá de la negociación colectiva se refuerce el carácter de sindicalización de toda la clase trabajadora, desempeñe su trabajo en empresas grandes o pequeñas y para eso, se debe facilitar la actividad sindical en el 90% de las empresas españolas que son pymes o micro pymes. Los sindicatos deben adaptar sus estructuras, pero el marco de participación en ese tramo de empresas requiere de un refuerzo de los derechos de acceso a los sindicatos de esos trabajadores.

Hoy, por ejemplo, aquellas personas que trabajan en empresas de menos de 6 trabajadores no tienen derecho a tener representantes en la empresa, no tienen derecho a las elecciones sindicales. Esto es un grave déficit democrático en la empresa.

Es necesario también que una reconfiguración del gobierno en las empresas, actúe en los criterios del reparto de los beneficios empresariales. Los trabajadores no solo pueden participar de la distribución salarial, también lo deben hacer sobre los criterios de inversión y reinversión en la empresa y de los criterios para el reparto de dividendos. Las plusvalías son un todo que debe ser abordado desde esa concepción de cogobierno.

No podemos hacer otra cosa que adaptar las infraestructuras legales y los ámbitos de gobierno de las empresas con mayores cotas de participación real

Esta reflexión puede parecer una utopía indisponible si la miramos con ojos del siglo XX. Una economía lineal y un funcionamiento de empresa vertical. Hoy transitamos hacia una economía de plataforma y circular, con gobiernos horizontales de las empresas, donde los propietarios del patrimonio de las empresas es múltiple y de carácter global y donde las personas trabajadoras no se pueden quedar al margen.

Si miramos este debate desde los ojos del siglo XXI, no podemos hacer otra cosa que adaptar las infraestructuras legales y los ámbitos de gobierno de las empresas con mayores cotas de participación real y efectiva de las personas trabajadoras.

Hoy el crecimiento y desarrollo de las empresas deben dar respuesta a una sociedad conectada, corresponsable en materia de género y sostenible medioambientalmente. Esta sociedad requiere de un funcionamiento empresarial más compartido, y comprometido con la sociedad. Hoy el crecimiento de las empresas debe garantizar la prosperidad compartida, la lucha contra las desigualdades y la pobreza y consolidar un fuerte estado de bienestar social, para generar un entorno de seguridad ante los profundos y disruptivos cambios que vivimos.

Desde CCOO afrontamos la mesa del Diálogo Social para tratar la propuesta del Gobierno de democracia en la empresa como un debate estratégico y con la voluntad de incorporar al marco normativo de nuestro país más y mejor participación de la clase trabajadora en la economía de empresa de nuestro país.