Los partidos alcanzan en el Senado un acuerdo político para desbloquear un nuevo modelo de financiación autonómico que blinde los recursos en la sanidad pública y un pacto de Estado para la construcción de viviendas a precio asequible, antes de la celebración de la próxima Conferencia de Presidentes.
¿Alguien duda que este titular obtendría el aplauso unánime de la opinión pública? Tratándose de competencias de las CCAA en las que los recursos económicos del Estado son fundamentales, ¿no parece lógico que la “cámara territorial” cumpliese sus funciones constitucionales contribuyendo a allanar el debate y consenso previo necesario antes de un acuerdo institucional entre las administraciones estatal, autonómica o local?
El prestigioso e independiente Informe anual “Comunidades Autónomas 2024”, que hemos conocido en los últimos días, ha venido a reafirmar lo que algunos llevamos tiempo advirtiendo: El Senado ha perdido la función territorial que le otorga la Constitución, si bien es verdad que nunca ha llegado a ejercerla plenamente respecto a la otra Cámara legislativa.
Esta situación parte del irresponsable ejercicio que el PP hace de su mayoría en la Cámara Alta
El análisis que recoge este informe, elaborado por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, es tan clarificador como poco halagüeño. De las 418 preguntas que se tramitaron el año pasado en el Senado, solo la cuarta parte abordaron asuntos autonómicos, “incluso en una interpretación muy amplia de esa conexión”. La causa es clara: el Partido Popular, abusando de su mayoría absoluta, ha arrinconado los debates sobre asuntos de interés para los ciudadanos en los territorios para darle prácticamente todo el espacio parlamentario a la política nacional, en su empeño, casi obsesivo, de utilizar la Cámara Alta como arma arrojadiza contra el Gobierno de España y, muy en concreto, contra el presidente, Pedro Sánchez.
El propio informe, dirigido por los catedráticos de Derecho Constitucional Javier García Roca, Ana Carmona y Eduard Roig, pone negro sobre blanco que el Senado se ha convertido en esta legislatura en “una dura Cámara de oposición al Gobierno y al Congreso a cualquier coste: un bicameralismo muy conflictivo”.
Esta situación, que aleja a la Cámara de una función útil o constructiva en su papel constitucional, parte del irresponsable ejercicio que el Partido Popular hace de su mayoría en la Cámara Alta en esta legislatura, ante su desesperación porque el Sr. Feijóo no obtuviera respaldo parlamentario suficiente para ser investido presidente del Gobierno en el Congreso después de las últimas elecciones generales.
En expresiones como ”no soy presidente porque no quiero” o “en el Senado se hace lo que diga el PP”, este partido y quienes lo lideran muestran su altura democrática cuestionando de forma permanente la legitimidad del ejecutivo o las decisiones, atribuidas constitucionalmente e en su función legislativa, de la mayoría parlamentaria del Congreso.
El ejercicio absolutista de la mayoría por parte del Partido Popular ha arrastrado a la Cámara a una situación de descrédito sin precedentes en democracia. Los debates se desvinculan de las cuestiones territoriales para evitar además poner el foco en la gestión de comunidades autónomas gobernadas por el PP (en asuntos como los servicios públicos o la gestión de emergencias) y se instala en la confrontación permanente con otras instituciones del Estado.
PP y VOX han encontrado aquí el escenario perfecto para la bronca, el insulto y el desacuerdo permanente, llevando prácticamente al límite las herramientas de control parlamentario que contempla el Reglamento de la Cámara, cuatro veces reformado de manera unilateral, chapucera e inconstitucional por un Partido Popular empeñado en cambiar las reglas del juego sin contar con los jugadores.
Es lamentable que esta legislatura pase a la historia del parlamentarismo no por la altura de sus debates o propuestas sino porque el Senado haya promovido hasta nueve conflictos de atribuciones de competencias contra el Congreso de los Diputados y el Gobierno (el último sin informe jurídico), en una estrategia de confrontación estéril para los ciudadanos.
Tampoco hay precedentes de una legislatura con cuatro comisiones de investigación en la Cámara Alta. Una de ellas sobre el papel de las administraciones durante la catástrofe de la DANA y en la que, casi un año después de constituirse, todavía no ha comparecido ningún cargo público del Gobierno de Mazón, máximo responsable de la gestión de las emergencias en la Comunitat Valenciana y que acaba de dimitir.
Es lamentable que esta legislatura pase a la historia del parlamentarismo no por la altura de sus debates o propuestas sino porque el Senado haya promovido hasta nueve conflictos de atribuciones
En este afán investigador, el PP olvida detenerse en algunas cuestiones clave que también han sucedido, o están sucediendo, en las Comunidades Autónomas que gobierna. Me refiero, por ejemplo, a las terribles consecuencias de su política forestal en Castilla y León o a la nefasta gestión sanitaria de los cribados de cáncer de mama que tanto dolor está causando en Andalucía, donde ya hemos vivido las primeras manifestaciones masivas. ¿Por qué en el Parlamento andaluz el Partido Popular si se niega a una comisión de investigación sobre un caso que afecta a más de 2.300 mujeres? ¿Por qué no comparecen en el Senado el Sr. Moreno Bonilla, la Sra. Ayuso o el Sr. Rueda y explican sus criterios para consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica teniendo intereses territoriales distintos?
No lo harán. El único objetivo del Partido Popular en el Senado, la Cámara de representación territorial, es, precisamente, tapar su mala gestión en las Comunidades Autónomas donde gobierna. Y mientras, ya saben: “Sánchez, Sánchez, Sánchez…”.
SOBRE LA FIRMA:
Juan Espadas es portavoz del PSOE en el Senado y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Ha sido alcalde de Sevilla entre 2015 y 2021 y secretario general del PSOE de Andalucía (2021-2025).