No hay otra razón de ser del Pacto de Toledo: que nuestro sistema de pensiones sea hoy y siga siendo sostenible, social, financiera y políticamente. Además, justo y solidario entre generaciones. No hay otro objetivo.
Hoy es un sistema plenamente consolidado. Y ello es gracias a un y a un consenso histórico en nuestra democracia desde hace 30 años. Fue el nacimiento en 1995 de uno de los instrumentos más referentes y longevos de nuestra democracia: la Comisión de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
Este año celebramos tres décadas de un espacio, junto a los interlocutores sociales, para debatir, consensuar y acordar las directrices y las reformas del sistema de pensiones. Siempre bajo un principio fundamental: la solidaridad intergeneracional porque se trata de un sistema de reparto. No un sistema de capitalización en el que cada uno contribuye, con aportaciones individuales, y que se reflejarían en forma de rentas. La capitalización, hoy, significa desprotección y tiene una rentabilidad nada comparable con nuestro sistema público.
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Fortalecer este principio de solidaridad intergeneracional fue el objeto principal de la última revisión de los acuerdos del Pacto de Toledo en 2020. “Los jóvenes son los protagonistas del sistema de protección social”, recogen las recomendaciones. Porque los retos a afrontar como el envejecimiento, la esperanza de vida, la baja natalidad, la llegada de los Boomers o el incremento del gasto del sistema y que exigen adoptar medidas constantes para asegurar el futuro del sistema, pero estas medidas no son incompatibles con unas pensiones dignas y suficientes para los actuales pensionistas.
Cómo llevarlo a la práctica o cómo adaptarlo a una población distinta a la de hace 30 años fueron los temas que se trataron en la conmemoración del aniversario del Pacto de Toledo en el Congreso. Una jornada que reunió a miembros de la Comisión de diferentes legislaturas, exministros y exministras, exportavoces y jóvenes de varios segmentos de la sociedad plural.
Ninguna persona, y menos por una cuestión de género, debe quedar excluida ni caer en la pobreza extrema al finalizar su vida laboral
Como verdaderos protagonistas que son, estos jóvenes afirmaron que “nietos y abuelos forman parte de la misma cadena de solidaridad intergeneracional, pilar fundamental en nuestro sistema de reparto”. Exigieron, desde el Congreso, la protección de las pensiones al suponer “la defensa de la red de seguridad que garantiza el éxito del Estado del bienestar”.
Una concienciación de muchos de los y las jóvenes de hoy que se une a la férrea reivindicación en la igualdad de género. Es una cuestión de justicia social. Porque son las mujeres (más de la mitad de la población) las que perciben las pensiones más bajas. Ninguna persona, y menos por una cuestión de género, debe quedar excluida ni caer en la pobreza extrema al finalizar su vida laboral.
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Cumplir con el principio de solidaridad intergeneracional y garantizar la confianza en el sistema son los objetivos del Gobierno. Son varias acciones las que están consolidando carreras de cotización más estables y más sólidas. Mayor estabilidad, mejores cotizaciones gracias a garantizar condiciones laborales con empleos de más calidad, la reducción de la temporalidad en tasas inimaginables hace pocos años, o también lo es la cotización de las prácticas no remuneradas.
Todo el trabajo, todo el sistema (y su futuro), no se sostiene sin lo que caracteriza esta Comisión y sus Acuerdos: lealtad, generosidad, responsabilidad e inteligencia. Todo para lograr el consenso. Un bien tan preciado hoy en día por su escasez. Es fundamental no menospreciar estas características y un deber de esta Presidencia del Pacto de Toledo es hacerlo cumplir.
Habrá que recordar que, cuando esta forma de trabajar se ha obviado, el sistema y la sociedad han salido perjudicadas. Así ocurrió en 2011 y un Gobierno con mayoría absoluta en el Congreso del Partido Popular. Una etapa complicada y lesiva por haber destrozado el consenso. Por haber expulsado a los agentes sociales. Efectivamente, la reforma de 2013, que soslayó el debate en el Pacto de Toledo y el acuerdo en el diálogo social, acabó siendo rechazada por la ciudadanía y por el Parlamento. Solo las reformas consensuadas se han demostrado sólidas y perdurables en el tiempo y suponen una garantía de legitimidad social.
Periódicamente, determinados sectores cuestionan el principio de solidaridad entre generaciones. Se habla de estafa piramidal o, directamente, se polemiza la revalorización de las pensiones con el índice de precios al consumo confrontándolas a los bajos salarios de nuestros jóvenes. Un debate tramposo, manipulador. Como si las primeras fueran su causa. La realidad es que garantizar pensiones suficientes hoy es garantizar las pensiones de los jóvenes en el futuro.
Decimos tramposo porque no garantizar el poder de compra de las pensiones implicaría comenzar a recorrer un camino irreversible hacia un sistema de pensiones exiguas. Ya hubo un intento en 2013, y supone un horizonte rechazado por el Pacto de Toledo. Una línea infranqueable que no puede permitirse. Además de que es nuestro deber, también moral, como sociedad garantizar el poder adquisitivo como asegurar unas rentas mínimas suficientes a los pensionistas.
Las reformas que se tengan que llevar a cabo deben tratar de adaptar y mejorar de ingresos y tener en cuenta que los flujos migratorios que llegan a nuestro país lo hacen para trabajar y contribuir. Por tanto, el mensaje es claro: el sistema de pensiones es y será sostenible. Siempre entre generaciones. Es lo que nos ha permitido construir un modelo de referencia mundial.
No podemos caer en el falso dilema de enfrentamiento entre jóvenes y mayores. Tenemos que asegurar un sistema digno para todas las edades y circunstancias. Ese es el reto: las pensiones no son una promesa individual.
El Pacto de Toledo ha demostrado en estas tres décadas que los partidos políticos, los diputados y diputadas, somos capaces de servir a la sociedad en tema vitales y estructurales. Tenemos que continuar defendiéndolo entre todos por respeto hacia todos y todas aquellas que trabajaron antes que nosotros. Y por responsabilidad hacia quienes vendrán después. Es un pacto social. Es un compromiso de todos.
SOBRE LA FIRMA: Mercè Pera es diputada del PSC-PSOE por Barcelona y presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.