Todo (no) tiene vuelta atrás: ¿es inocuo fraccionar la Administración tributaria?

Estos días, el pueblo español permanece consternado a raíz de las noticias sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en distintos puntos del país. El más grave de ellos, sucedido el 18 de enero, se saldó con la trágica pérdida de 45 vidas humanas.

Ante una situación tan desoladora, uno de los comentarios más compartidos en distintos medios expresa la indignación que produce pensar que tal vez la tragedia podría haberse evitado si se hubieran llevado a cabo las inversiones necesarias y adecuadas en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Aunque todavía no existe un veredicto oficial sobre las causas del accidente, diversas quejas y denuncias formuladas por profesionales del sector apuntan a un posible desgaste excesivo y a un preocupante “cansancio” de los elementos técnicos implicados.

Llegados a este punto, la cuestión ya no es únicamente esclarecer las causas concretas del siniestro, sino plantearse si los funcionarios, como servidores públicos que somos y, en particular, quienes trabajamos en el ámbito de la Hacienda pública, tenemos derecho a expresar lo que algunos consideran obviedades: que el gasto público debe ser responsable y eficiente.

Responsable, en tanto en cuanto ha de responder a necesidades públicas reales, como el mantenimiento de infraestructuras esenciales que garantizan la seguridad de los ciudadanos. El simple hecho de que el destino del gasto se desvíe mínimamente de ese fin común legitima —e incluso exige— que la ciudadanía reclame explicaciones y pida que se depuren responsabilidades políticas.

Eficiente, porque los recursos públicos deben emplearse de la mejor manera posible, esto es, alcanzando los objetivos previstos con el menor consumo de estos recursos, ya sean económicos, materiales o humanos, evitando despilfarros y disfunciones.

En el ámbito tributario, la eficiencia adquiere un significado aún más preciso, hace referencia a la capacidad del sistema para recaudar los ingresos necesarios al menor coste posible, tanto para la Administración como para los contribuyentes, sin generar distorsiones innecesarias en el comportamiento económico.

Desde esta perspectiva, resulta profundamente preocupante que se plantee, como se está haciendo desde hace unos años, la posible cesión de competencias tributarias que resultan clave para una buena gestión del gasto público, por parte del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña, fruto exclusivamente de un pacto político carente de justificación técnica. Los inspectores de Hacienda no somos ajenos a lo que ocurre en nuestro país; pese a la imagen distante que a veces se nos atribuye, también sentimos y sufrimos las consecuencias de decisiones que comprometen el interés general. Por tanto, decimos alto y claro que romper y fraccionar la Agencia Tributaria tendría consecuencias mucho más graves de lo que muchos ciudadanos imaginan. La gestión de emergencias como danas, incendios o accidentes ferroviarios sería todavía más deficiente.

17 administraciones

En un escenario donde cada territorio actúa por su cuenta, la coordinación se vuelve impracticable y, en nuestro ámbito concreto, resultaría materialmente imposible llevar a cabo tareas tan esenciales como son la lucha contra el fraude fiscal a través de las actuaciones de inspección tributaria (con una administración fragmentada en 17 trozos con sus respectivas bases de datos) o, en el ámbito de la gestión tributaria, algo tan importante para todos los ciudadanos como la campaña anual del IRPF, con la agilidad y eficacia necesarias.

A esta situación se suma, casi en silencio mediático sorprendente para todos nosotros, la reciente publicación de un dictamen del Parlamento de Canarias que incluye, entre sus objetivos, la posible cesión de competencias para la gestión y comprobación de determinados beneficios fiscales aplicados en esa comunidad. Esto implica, de facto, ceder competencias en el ámbito de impuestos clave que tienen que estar en sede estatal y no territorial por lo que, de nuevo, aunque por una vía distinta, se avanza hacia el mismo resultado: la fragmentación de la Administración tributaria.

"Mirar hacia otro lado no es prudencia: es inmadurez y, quizá, cobardía"

Aunque ni el caso de Cataluña ni el de Canarias parecen inminentes, y aún no existe un acuerdo formal sobre la reforma del sistema de financiación autonómica —al que todo esto está inevitablemente ligado—, lo cierto es que ya se han aprobado normas concretas en Cataluña (el Decreto 142/2025 y el Decreto-ley 15/2025) que abren la puerta a esta fractura, porque no dejan lugar a dudas, cuando en ambos casos, se menciona el hecho de que sendas normas se dictan para la aplicación del Acuerdo de singularidad fiscal para Cataluña, que no es otra cosa que un “proyecto” de venta de la Agencia Tributaria española a un coste muy alto para todos los contribuyentes. Y, lo más sorprendente es que, en el ámbito de la función pública, salvo el colectivo de inspectores de Hacienda del Estado, nadie más ha alzado la voz.

Mirar hacia otro lado no es prudencia: es inmadurez y, quizá, cobardía. No es tiempo de cobardes. Es tiempo de valentía. Ante lo que se avecina, solo cabe afrontar la realidad con determinación, coger el toro por los cuernos y defender, sin complejos, una Administración tributaria fuerte, unificada y al servicio del bien común.