QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La nueva propuesta de subida del SMI presentada por el Gobierno vuelve a evidenciar una práctica que ya conocemos: la utilización interesada de los datos con fines electoralistas.
El Ministerio de Trabajo ha utilizado unas estadísticas que no reflejan fielmente la realidad, ya que la Encuesta de Estructura Salarial (EES) en la que se apoyan para justificar la subida del SMI excluye precisamente a los sectores donde este salario tiene mayor impacto, como la agricultura, la ganadería, la pesca y el servicio doméstico.
Al dejar fuera estos sectores, el salario medio resultante aparece artificialmente elevado y, en consecuencia, el peso relativo del SMI se sobredimensiona. Es como si, para calcular el salario medio en España, solo se tuviesen en cuenta los sectores con sueldos altos, como la banca o las empresas tecnológicas, y se ignorasen los sectores con salarios más bajos. Esto generaría igualmente una imagen distorsionada del conjunto real de salarios en el país.
Por otro lado, los asesores de Yolanda Díaz han planteado dos escenarios de incremento del SMI, situados entre el 3,1% y el 4,7%, condicionados por la tributación.
Se insinúa que el incremento del SMI esté vinculado a que el Estado lo someta o no a cotización por IRPF, cuando lo que deberían hacer, y hemos reclamado reiteradamente desde las organizaciones empresariales es deflactar el IRPF para beneficiar a todos los trabajadores y no solo a unos pocos. Además, ninguno de los escenarios planteados contempla la repercusión de esta subida para las empresas, principalmente para las pymes, que desde hace años sufren las consecuencias de subidas indiscriminadas de impuestos que no analizan su viabilidad y que alejan sus posibilidades de contratar, cuando no de mantener sus plantillas actuales.
En concreto, estamos viendo que el alza del SMI en más de un 61% en siete años está teniendo consecuencias nefastas para los eslabones más débiles del mercado laboral, como los parados, especialmente los jóvenes sin cualificación y para el Sistema Especial de Empleo de Hogar, cuya situación es especialmente preocupante, con una caída de la afiliación de un 17% en este periodo y el impacto directo que tiene en las posibilidades de conciliación de miles de familias. Sin olvidarnos del ámbito rural, que también está experimentando ya tres años de caída del empleo.
En cuanto a la repercusión en las contratas públicas, es imprescindible que estas se adapten a los nuevos costes laborales derivados de la subida del SMI, especialmente en aquellos sectores intensivos en mano de obra como el de limpieza, el ámbito socio-sanitario y la seguridad privada. La actualización de los precios en estos contratos resulta fundamental para evitar que el incremento salarial repercuta negativamente en la viabilidad de los servicios y en el mantenimiento del empleo en estos sectores.
Resulta especialmente preocupante la posibilidad que plantea el Ministerio de Trabajo de que el SMI no pueda compensarse y absorberse con otras cantidades salariales que el trabajador esté percibiendo. Sería una contradicción que el salario mínimo no fuera una garantía mínima, sino una cantidad a la que pueden sumarse indefinidos complementos, por lo que la subida del SMI no vendría solamente a ser un suelo de la contratación, que es su finalidad, sino una cantidad que, en todo caso, implicaría subida salarial, sea cual sea la tabla aplicable al trabajador. La repercusión en los costes laborales de las empresas de esta “no compensación ni absorción” es incalculable.
Esta situación ya está teniendo un impacto muy negativo en la libertad de la negociación colectiva para adaptarse en cada territorio o sector al diferente nivel de vida, el tamaño medio de las empresas afectadas o las necesidades de cualificación o especialización del sector. La subida unilateral del SMI irrumpe, o más bien, interrumpe directamente estas negociaciones colectivas, al afectar de forma trascendente a la estructura salarial, como se ejemplifica en el Convenio de Oficinas y Despachos de Madrid, en el que ha dejado sin valor diferencial tres categorías profesionales.
Tampoco podemos olvidar que esta nueva subida del SMI no tiene correlación con los indicadores económicos que el Estatuto de los Trabajadores exige tener en cuenta, como la productividad media nacional. Además, a esta subida se suman las cotizaciones sociales, que en 2025 han sufrido un alza importante que ha incrementado la recaudación de la Tesorería en más del 7%, con la única finalidad de nutrir el sistema de pensiones, en una muestra más de política más atenta al interés electoral que suscitan 10 millones de votantes jubilados que a la creación de empleo en el país con más tasa de paro de Europa o a la mejora de los servicios públicos y las infraestructuras del país, algunas en franco declive.
Los empresarios queremos que mejoren los salarios y las condiciones de los trabajadores, esto es bueno para el conjunto de la sociedad y para las propias empresas. Pero tenemos que preservar también nuestro tejido empresarial compuesto esencialmente por pymes y su capacidad de mantener y generar nuevos puestos de trabajo. ¿O creemos que el estado de bienestar se puede mantener solo con empleo público?
Porque queremos contribuir a la mejora de los salarios, desde CEOE hemos propuesto una subida del 1,5% del SMI para el año 2026, basada en los datos de la EPA, con rigor y responsabilidad, y con respecto y compromiso real con la negociación colectiva.
Lo que no es aceptable es que se siga cargando contra las empresas con incrementos desproporcionados que solo engrosan las arcas públicas y debilitan al tejido empresarial, fuente real de riqueza y empleo para la sociedad.
Cuanto más restrinjamos la libertad de contratación y menoscabemos la negociación colectiva, más nos acercaremos a un mercado de trabajo tutelado administrativamente, ajeno a las necesidades empresariales y menos atractivo para invertir, competir y emprender.
SOBRE LA FIRMA:
Miguel Garrido de la Cierva es presidente de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y vicepresidente primero de CEOE. Empresario de larga trayectoria, ha sido presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE Madrid) y de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE). A lo largo de su carrera ha asumido responsabilidades ejecutivas en el sector público y en el ámbito asociativo.
