Creo que hablo por una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas si digo que nuestro país no sería el mismo sin el turismo, un motor de cambio, progreso y apertura fundamental para el salto que ha dado España desde 1978. Hoy es un sector estratégico, representando el 13% del PIB y empleando al 13,5% de los trabajadores y las trabajadoras.
Últimamente se está hablando de las externalidades negativas del turismo. Sí, el turismo tiene externalidades negativas como todas las actividades económicas. Por ejemplo, la industria es responsable de buena parte de las emisiones de CO2 y la agricultura y la pesca, en ciertos casos, han degradado ecosistemas. Algunos se esfuerzan, en vano, en negar las evidencias, pero los partidos políticos tenemos la responsabilidad de encontrar soluciones a aquellos problemas sociales y medioambientales asociados a cada actividad económica, persiguiendo la sostenibilidad.
Hay muchos puntos de convergencia entre lo que pide la sociedad civil y lo que van haciendo las empresas
En los últimos meses, entidades de la sociedad civil han organizado manifestaciones en distintas zonas turísticas de España. La crisis de la vivienda agrava una preocupación que ya existía sobre los límites que debe tener un destino turístico para no sobre-explotar sus recursos naturales o para no sobre-exponer a sus sociedades a la llamada turistificación. Referirse a estas manifestaciones como “turismofobia”, además de una falta de respeto a las entidades convocantes, es hacerse trampas al solitario. Los problemas no van a desaparecer por taparnos los ojos. El debate de las externalidades negativas del turismo hay que abordarlo con realismo y con voluntad de transformar este sector hacia la sostenibilidad ecológica, económica y social.
Es verdad que ha habido episodios aislados y minoritarios de turismofobia: faltas de respeto a turistas, por ejemplo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista las rechazamos, por minoritarias que sean. Así lo expresamos en la comparecencia de la secretaria de Estado de Turismo el miércoles 23 de octubre. Pero con lo que nos quedamos es con el sentir de la mayoría y con las propuestas que nos traslada la sociedad civil.
Puntos de convergencia
Veamos dos ejemplos. Via Menorca es una plataforma que ha convocado diversas acciones en la isla durante el verano. Pide medidas concretas como, por ejemplo, límites a la entrada de coches, luchar contra el alquiler turístico ilegal o un sistema de tarifas que premie el consumo de agua responsable y castigue el consumo irresponsable. En el caso de Canarias Tiene un Límite, pide una moratoria de plazas turísticas, un impuesto para el turismo sostenible (la llamada ecotasa), proteger a la cultura local de la turistificación o más transporte público en lugar de tanto coche de alquiler.
En ninguno de los dos ejemplos vemos turismofobia. Si estas entidades fueran turismofobas nos dirían claramente que no quieren más turismo. Pero lo que nos dicen es que quieren un turismo sostenible para aliviar una serie de problemas sociales y medioambientales.
La crisis de la vivienda agrava una preocupación que ya existía sobre los límites que debe tener un destino turístico para no sobre-explotar sus recursos naturales
Esta preocupación de las entidades no es contraria a los intereses de las empresas turísticas. De hecho, encontramos muchas cadenas hoteleras que llevan años invirtiendo en medidas sostenibles: reducción del tamaño de las piscinas, jardines con especies que necesitan menos agua, sustitución de calderas de combustión por placas fotovoltaicas, instalación de camas elevables para evitar lesiones a las camareras de piso…
Sí, la sociedad civil se mueve, pero es que las empresas también se mueven, y ambas se mueven hacia la sostenibilidad. Para la sociedad civil, la sostenibilidad significa que sus ciudades sean más habitables o que se preserven los recursos naturales de su entorno. Para las empresas, la sostenibilidad significa cuidar de los atractivos del destino – del medio ambiente, del paisaje, de los barrios o de la cultura – que, en definitiva, hacen de España la potencia turística que es hoy.
Esto constata que hay muchos puntos de convergencia entre lo que pide la sociedad civil y lo que van haciendo las empresas. El trabajo de los políticos no debe ser enfrentar a unos con otros, como parece que quiere el Partido Popular con su actitud respecto a los manifestantes.
Impulsar el acuerdo
Nuestro trabajo es fomentar la colaboración entre ambos, la confluencia de objetivos y ofrecer el apoyo institucional para lograr el turismo sostenible que todos y todas queremos. En esto lleva el Gobierno desde la pandemia, con 3.400 millones de euros invertidos en proyectos de sostenibilidad turística, la mayor inversión pública de la historia en el turismo español.
La crispación del debate político en el Congreso, que también existe cuando hablamos de turismo, contrasta con el consenso que existe entre empresarios, entidades y la administración, algo que se demostró en el último Consejo Español de Turismo con la declaración conjunta por un turismo responsable, firmada por el Gobierno, todas las comunidades autónomas y los agentes sociales. Es más, el Ejecutivo lleva unos años trabajando en la que tiene que ser la hoja de ruta para encontrar soluciones a los problemas que conocemos como externalidades negativas, la Estrategia Turismo Sostenible 2030.
En definitiva, no servirá de nada negar la existencia de externalidades negativas del turismo. Tampoco servirá fomentar un enfrentamiento entre manifestantes y empresas. Lo útil es encontrar puntos en común y fomentar la colaboración entre la sociedad y las empresas, porque ambas son imprescindibles para cada uno de los destinos turísticos de nuestro país.
Pepe Mercadal
Portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados