El año 2026 marca un hito de profundo significado para la abogacía y para los ciudadanos: se han cumplido 30 años de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Ya han pasado tres décadas desde que, en enero de 1996, se publicara en el BOE una norma por la que España empezó a construir un sistema que ha permitido que millones de ciudadanos ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, aunque no tuvieran medios económicos.
No solo han tenido derecho a un profesional de la abogacía cuando eran acusados de un delito, si no también cuando han sido víctimas, o cuando han querido defender sus derechos ante un despido injusto. Además han sido cientos de miles de abogados y abogadas los que han sostenido este servicio con una vocación ejemplar: acudiendo a comisarías y asistiendo en juzgados a cualquier hora, para garantizar que el derecho de defensa no fuese una declaración retórica, sino una realidad tangible.
La primera conclusión que debemos extraer de este aniversario es clara: el Turno de oficio ha sido un instrumento decisivo en la consolidación del Estado de derecho en nuestro país. Sin embargo, conmemorar no significa complacerse; 30 años después, la ley muestra signos evidentes de agotamiento.
En estas décadas han cambiado muchas cosas y la ley ha evolucionado. El legislador ha introducido nuevas prestaciones y los tribunales han ampliado su alcance, a través de algunas sentencias. El Turno de oficio en nuestro país se ha convertido en un engranaje complejo que precisa de abogados y abogadas muy bien formados, especializados en algunas materias, así como gestores ágiles. Pero estas mejoras han llegado, en demasiadas ocasiones, sin un reconocimiento del valor del trabajo de los profesionales de la abogacía que las hacen posibles.
"Desde hace años reclaman algo tan básico como la retribución digna de su trabajo"
Aquí reside una de las principales reivindicaciones de la Abogacía Española: no puede existir un servicio público esencial sostenido sobre la precariedad. Desde hace años, los abogados del Turno de oficio, los Colegios y la Abogacía Española reclaman algo tan básico como la retribución digna de su trabajo. Persisten actuaciones no remuneradas, pagos tardíos y baremos desactualizados que no reflejan la complejidad real de muchos procedimientos.
Esta situación no solo afecta a los profesionales, sino que pone en riesgo la calidad del servicio y, en última instancia, el derecho de defensa de la ciudadanía. A los que conocemos el sistema en profundidad no nos extraña comprobar cómo, con profunda tristeza y desde hace ya unos cuantos años, los profesionales de la abogacía apuntados al Turno de oficio no hacen más que disminuir.
Sabemos que se han iniciado pasos para actualizar baremos y mejorar la compensación en procedimientos complejos, pero estos avances son claramente insuficientes, porque no resuelven el problema estructural. Como recoge el informe de la Comisión Europea “Cuadro de indicadores de Justicia”, España es el tercer país con los pagos más bajos para los abogados de oficio en casos penales, por detrás de Chipre y Lituania.
Por eso, desde la Abogacía Española reclamamos una nueva Ley de Justicia Gratuita. No es suficiente una reforma parcial ni un ajuste reglamentario, sino una norma integral que responda a las necesidades del siglo XXI. Los profesionales de la abogacía la necesitan, porque los ciudadanos y sus derechos dependen de ella. Por todo ello, Abogacía Española reclama que se reconozca la dignidad y profesionalidad de los letrados y letradas que forman parte de este servicio público.
España necesita una Ley que garantice, en primer lugar, la dignidad profesional de quienes prestan este gran servicio. Esto implica retribuciones adecuadas, homogéneas y actualizadas en todo el territorio, así como el reconocimiento de todas las actuaciones realizadas, sin excepciones. Además, la ley debe incorporar los nuevos instrumentos del sistema judicial, como la mediación, la conciliación y otros mecanismos. La justicia y los derechos de nuestros ciudadanos no pueden improvisarse.
"Los responsables de desarrollarla cargarán siempre con el peso de saber que su trabajo afecta a miles de abogados y a millones de ciudadanos en España"
Todo ello será posible si la ley se construye con diálogo real desde el inicio. No hay otra fórmula posible. La experiencia ya nos ha enseñado algo fundamental: no es posible diseñar un sistema eficaz de justicia gratuita sin contar con la abogacía. Excluirnos del proceso legislativo no solo sería un error, sino la mejor forma de condenar la norma al fracaso.
Sabemos que esta ley es importante y que no es un proceso fácil. No es fácil porque los responsables de desarrollarla cargarán siempre con el peso de saber que su trabajo afecta a miles de abogados y a millones de ciudadanos en España. Porque esta ley no es de un gobierno ni de una institución; es de la ciudadanía, y su diseño debe responder a la garantía de sus derechos.
Nos encontramos, por tanto, en un momento decisivo que exige reformas valientes y estructurales. Desde la Abogacía Española, esa es nuestra intención. Hoy, 30 años después, España se presenta a su examen más importante: ya no basta con reconocer el valor del Turno de oficio y de sus profesionales; es el momento de asegurar su futuro. España necesita una ley que no permita la precariedad de quienes la sostienen y que garantice, sin excepciones, el acceso real a la justicia. No hablamos de una mejora técnica, si no de una decisión de país.
Si algo nos ha demostrado nuestra propia experiencia, y la actualidad internacional, es que la calidad de una democracia se mide, en última instancia, por cómo protege a quienes más lo necesitan. Esa protección, en nuestro Estado de derecho, la garantizan a diario, los profesionales de la abogacía del Turno de Oficio. En este examen, no podemos permitirnos cometer errores.
sobre la firma:
Salvador González es presidente del Consejo General de la Abogacía Española