Análisis y Opinión

Un paso más hacia la privatización en salud laboral

El secretario de Salud Laboral del sindicato LAB Inko Iriarte analiza el reciente acuerdo del Gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO en materia de privatización de los sistemas públicos...

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En un nuevo ataque a la clase trabajadora vasca, tanto el gobierno del Estado y la patronal como los sindicatos UGT y CCOO han acordado un nuevo paso hacia la privatización de los sistemas públicos de salud. Se trata de un acuerdo firmado e impuesto desde Madrid y hecho público con nocturnidad y alevosía la última semana de julio aprovechando el periodo vacacional.

No obstante, el acuerdo no es más que una nueva entrega de lo ya detallado en el documento de la asociación de mutuas patronales AMAT que desde LAB hicimos público en marzo de 2023, en el cual se detalla una hoja de ruta hacia la privatización de la salud de la clase trabajadora.

No debemos olvidar que las mutuas son asociaciones empresariales que usan dinero público (cotizaciones por contingencias profesionales de empresas y trabajadores y trabajadoras), para gestionar la salud de la clase trabajadora. Eso sí, sus consejos de administración copados por empresarios deciden sobre su actuación velando por los intereses de sus empresas representadas. Es decir, dinero público gestionado por empresarios para sus propios intereses.

No debemos olvidar que las mutuas son asociaciones empresariales que usan dinero público para gestionar la salud de la clase trabajadora

En esta nueva entrega, con el beneplácito de CCOO y UGT, las mutuas conseguirían poder intervenir en los procesos de recuperación de lesiones traumatológicas no laborales, sacando rédito de situación de colapso a la que han llevado a los servicios públicos de salud. De este modo, llevarían a cabo diagnósticos, tratamientos y rehabilitación en procesos dirigidos exclusivamente a trabajadores y trabajadoras en activo.

Salud a dos velocidades

Ello traería consigo la existencia de un sistema de salud a dos velocidades, donde las trabajadoras y los trabajadores en activo serían tratados con mayor rapidez para que se reincorporen a su puesto lo antes posible (no necesariamente recuperados) y por otro lado, las personas no activas serían tratadas en servicios públicos de salud más lentos y desabastecidos en todos los sentidos.