El Anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha generado una gran controversia.
Aunque se presenta como una herramienta para alinear la normativa española con los Reglamentos europeos, su contenido y el proceso seguido para su aprobación plantean serias dudas sobre su verdadera finalidad. En este artículo analizamos los principales problemas de este Anteproyecto, que parece diseñado para concentrar el control sobre los medios de comunicación en manos del Gobierno.
1. Supervisión en manos de un organismo no independiente
Uno de los aspectos más preocupantes del Anteproyecto es la atribución de competencias clave al Ministerio para la Transformación Digital, como la supervisión, regulación y promoción de la autorregulación de los medios de comunicación. Esto contradice el Reglamento (UE) 2024/1083, que exige que los Estados miembros designen autoridades nacionales independientes para supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los prestadores de servicios de medios de comunicación.
El Ministerio, al estar directamente controlado por el Gobierno, no cumple con el requisito de independencia. Esto supone un riesgo evidente de control político sobre los medios, especialmente en cuestiones como la transparencia en la propiedad de los medios y la independencia editorial. En lugar de garantizar un entorno pluralista y libre de interferencias, el Anteproyecto concentra un poder excesivo en un organismo gubernamental, lo que contradice el espíritu del Reglamento europeo.
Además, el Anteproyecto no establece mecanismos claros ni criterios objetivos para garantizar que los medios adopten medidas efectivas para proteger su independencia editorial, tal como exige el artículo 6.3 del Reglamento (UE) 2024/1083. Esta falta de directrices concretas deja un amplio margen para interpretaciones subjetivas o arbitrarias por parte de las autoridades, lo que podría derivar en presiones políticas sobre los medios críticos con el Gobierno.
2. Falta de claridad en el reparto de competencias
El Anteproyecto también asigna competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero no delimita claramente los roles entre este organismo y el Ministerio. Por ejemplo, mientras que la CNMC es designada como autoridad independiente para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los medios, el Ministerio conserva competencias en la promoción de la autorregulación, y la supervisión de ciertas obligaciones, y el reparto de ayudas.
Esta falta de claridad genera inseguridad jurídica y podría dar lugar a conflictos entre ambos organismos. Además, el solapamiento de competencias debilita la eficacia de la supervisión y aumenta el riesgo de interferencias políticas, ya que el Ministerio podría influir en decisiones que deberían ser adoptadas de manera imparcial.
3. Dudas sobre el alcance de la supervisión
El Reglamento (UE) 2024/1083 no detalla explícitamente los límites de la supervisión que deben ejercer las autoridades nacionales, dejando margen a los Estados miembros para definirlos. Sin embargo, el Anteproyecto no aclara si la supervisión se limitará a verificar el cumplimiento formal de las obligaciones (como la inscripción en registros) o si incluirá la evaluación de la calidad y efectividad de las medidas adoptadas, la corrección de estas o incluso a la imposición de sanciones.
Esta ambigüedad genera incertidumbre sobre el alcance real de las competencias de la CNMC y el Ministerio. En un contexto tan sensible como el de los medios de comunicación, esta falta de claridad podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias y a un exceso de intervención por parte de las autoridades.
4. La autorregulación, en manos del Gobierno
El Reglamento europeo fomenta la autorregulación y corregulación como herramientas clave para garantizar la independencia y el pluralismo de los medios. Sin embargo, el Anteproyecto atribuye al Ministerio y a la CNMC la promoción de los códigos de autorregulación y la supervisión de su cumplimiento.
Esto plantea una contradicción fundamental: la autorregulación debería ser gestionada por el propio sector, sin interferencias externas. Al otorgar estas competencias a organismos gubernamentales, se desvirtúa el principio de autorregulación y se abre la puerta a posibles injerencias políticas. En lugar de fomentar un entorno de autorregulación genuina, el Anteproyecto parece diseñado para que el Gobierno pueda influir en los códigos de conducta del sector y en su aplicación.
Además, la falta de claridad sobre cómo se supervisará el cumplimiento de los códigos de autorregulación podría derivar en presiones indirectas sobre los medios para que adopten prácticas alineadas con los intereses del Gobierno.Esto desvirtúa aún más el principio de autorregulación y pone en riesgo la independencia del sector.
5. Conflicto de intereses en la gestión de ayudas públicas
El conflicto de intereses se agrava si consideramos que el Ministerio para la Transformación Digital es también el encargado de gestionar el Plan de Ayudas a los Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de diciembre de 2024. Este plan, dotado con 124,5 millones de euros, tiene como objetivo fomentar el pluralismo, la independencia editorial y la sostenibilidad de los medios.
El problema es evidente: el organismo que reparte las ayudas públicas a los medios es el mismo que supervisa su independencia. Esto genera un conflicto de intereses que compromete la imparcialidad de la supervisión. Los medios que dependen de estas ayudas podrían verse condicionados a no criticar al Gobierno, mientras que el Ministerio podría utilizar la asignación de fondos como una herramienta para premiar a medios afines o castigar a los críticos. Este escenario pone en riesgo el pluralismo y la libertad de prensa en España.
6. Un proceso de aprobación opaco y apresurado
Por último, el proceso seguido para la aprobación del Anteproyecto también resulta altamente cuestionable. El plazo de consulta y audiencia pública se redujo a solo 8 días, el más breve en la historia legislativa reciente de España. Este plazo es claramente insuficiente para que los ciudadanos, expertos y actores del sector puedan analizar el texto y presentar observaciones.
Esta decisión parece diseñada para limitar el debate público y evitar críticas independientes. En lugar de fomentar un proceso transparente e inclusivo, el Ministerio ha optado por un procedimiento acelerado que socava la legitimidad democrática del Anteproyecto. En un contexto en el que se pretende regular aspectos fundamentales del sector de los medios, esta falta de transparencia es inaceptable.
Una ley que amenaza la libertad de prensa
El Anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación presenta serias deficiencias que comprometen su adecuación al Reglamento (UE) 2024/1083 y a los principios fundamentales de independencia, pluralismo y autorregulación. Desde la concentración de competencias en un organismo no independiente hasta el conflicto de intereses en la gestión de ayudas públicas, pasando por un proceso de aprobación opaco, todo apunta a que esta norma está diseñada como un traje a medida para controlar a los medios.
Si el Gobierno realmente busca fortalecer la gobernanza democrática en los medios, debería empezar por garantizar un proceso legislativo transparente y respetuoso con los principios europeos. De lo contrario, este Anteproyecto no será más que un intento de consolidar el control político sobre un sector que debería ser libre e independiente.
Más allá de las deficiencias técnicas y procedimentales del Anteproyecto, el contexto actual arroja serias dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno respecto a la independencia editorial de los medios. Varios acontecimientos recientes respaldan esta preocupación: la entrada del gobierno en el accionariado de Telefónica a través de la SEPI; el polémico relevo en su presidencia, con el nombramiento de Marc Murtra, figura cercana al Ejecutivo, en sustitución de José María Álvarez-Pallete; y la controvertida visita conjunta del ministro Óscar López y el presidente de Telefónica a Vivendi, principal accionista de Prisa. A estas acciones se suma la promoción de un nuevo canal de televisión con aparentes vínculos gubernamentales.
Este patrón de intervenciones sugiere una estrategia coordinada que podría comprometer gravemente la independencia editorial y el pluralismo mediático, pilares fundamentales de cualquier democracia madura.
SOBRE LA FIRMA
Elena Herrero-Beaumont es cofundadora y directora del think tank Ethosfera, que impulsa el observatoriodemedios.org junto con la Fundación HAZ. Doctora Internacional en Derecho Constitucional. Abogada e investigadora en ética, transparencia y buena gobernanza de los medios de comunicación. MSc en periodismo por la Universidad de Columbia. Fulbright Fellow. Carnegie-Knight Initiative Fellow. Visiting scholar en la Kellogg School of Management. Patrona de la Fundación Hermes de Derechos Digitales.
Javier Martín Cavanna es director de la Fundación Haz y editor de la Revista Haz. Es profesor asociado del IE en el área de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de la Cátedra Inditex de RSC de la Universidad de La Coruña.