Universidad pública y universidad privada: un debate pendiente e ineludible

Es probable que este título y mi cargo los lleven a pensar que las siguientes líneas van a ser un alegato indisimulado a favor de la universidad pública y un ataque directo a la privada. Voy a intentar convencerles que, a pesar de mi adscripción absoluta y convencida por la universidad pública, existe una forma sistemática y aséptica de abordar esta cuestión para que las personas que lean estas líneas (gracias por ello) adopten su propia decisión acerca de la cuestión.

En primer lugar, deberíamos acostumbrarnos a valorar a las instituciones por sus resultados, no por la estructura jurídica de su gestión. Es verdad, sin embargo, que tanto la naturaleza de su personalidad jurídica como la forma básica de creación determina claramente los objetivos de cada universidad. No es lo mismo una universidad gestionada por un fondo de inversión, que una universidad sin ánimo de lucro, que una universidad pública. Tampoco son lo mismo, por cierto, universidades de modelos mixtos público-privado, que las hay. Identificar el sistema universitario español solamente en base a la tensión entre públicas y privadas es, como mínimo, simplista y banal.

El argumento es sencillo, existen universidades públicas y privadas de calidad y otras, tanto de las unas como de las otras, de menor entidad y, obviamente algunas, de nula aportación al conocimiento compartido. Por lo tanto, la cuestión se remite a la evaluación de cada universidad y a la valoración crítica y sensata de esos resultados. Sin apriorismos ni estereotipos.

Al hilo de calidad

Así pues, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una universidad de calidad? ¿Cómo se sabe si una universidad es buena? ¿A qué datos hay que atender? No es una cuestión en absoluto simple, por ello quiero aportarles algunas claves que nos ayudarán a darle respuesta.

Primero, conviene recordar que la misión fundamental de la universidad moderna, en un entorno internacional como es el sistema español, se centra en tres ámbitos:

1. Generar conocimiento (lo que denominamos generalmente investigar).
2. Difundir el conocimiento asumido y el generado (la docencia, incluyendo la formación continuada, la acción formativa de los investigadores predoctorales y la divulgación científica para el fomento de la cultura científica y democrática en la ciudadanía).
3. Transferir el conocimiento científicamente acreditado a la sociedad (lo que se conoce como transferencia del conocimiento, la aplicación del saber a la mejora y a la transformación de la sociedad).

Este esquema sencillo implica que el foco del concepto calidad universitaria debe buscarse en una estructura de múltiples indicadores de alta complejidad. Por lo tanto, disponemos ya de un primer filtro. Cualquier análisis que no tenga en cuenta esa estructura de múltiples acciones, será un análisis parcial y pobre, alejado de la realidad. Por tanto, una universidad de calidad implica un entramado complejo de acciones dedicadas a la docencia, a la investigación y a la transferencia. Todo ello en beneficio del impacto en la sociedad, especialmente si la existencia de dicha universidad se debe a la ciudadanía que la promueve a través de los impuestos. Primer argumento, sin solvencia en esos tres ámbitos no es posible hablar de una universidad de calidad.

Es obvio que algunas universidades se centran más en un ámbito que en otro, o desarrollarán dichas actividades de acuerdo con sus intereses más o menos comunes. Pero existe un consenso en la comunidad académica de lo que es cada cosa y, cuando se garantizan los tres ámbitos, ya podemos decantar las universidades de calidad del resto. Además, estos tres ámbitos tienen un fuerte componente internacional, por lo que el primer tramo de análisis ya se completa.

Docencia: datos y contexto

Visto así, me dispongo a darles algunos datos contrastados para que ustedes hagan su composición de lugar. Las cifras oficiales del 2024 muestran que el incremento del profesorado en las universidades privadas supuso un 4.2%, pasando del 13,8% del total de profesorado en el estado español al 18% en el período 2016 a 2024. El resto es profesorado de centros adscritos o propios de las universidades públicas. Ese incremento, en el caso de las universidades públicas, supone un augmento del profesorado en un 19’6%.

La oferta docente en el ámbito público en el mismo periodo ha aumentado un 17,4%, mientras que en el ámbito privado lo ha hecho en un 86%. En los últimos 25 años no ha habido en España ninguna nueva universidad pública, pero han surgido 42 universidades privadas nuevas. En España disponemos de 96 universidades, 50 públicas y 46 privadas.

En el ámbito de la docencia, el incremento privado es extraordinario sin que eso se vea acompañado de un incremento de profesorado. En ese mismo período, la universidad pública ha perdido casi un 22% del alumnado, mientras que el sistema privado ha multiplicado por 6 los 50.000 matriculados de hace 30 años. Dejo de lado el efecto de ascensor social que el sistema público tiene encomendado a diferencia del privado. En términos generales, según datos de la Agencia de Calidad Universitaria de Catalunya, el 82% de los estudiantes repetirían estudios y universidad en el sistema público y un 89% lo harían en el privado. Los índices de inserción laboral son similares según los datos de la misma agencia: un 92% a los tres años en el sistema público y un 94% en el privado. Sin mencionar, de nuevo, la muy distinta contribución a la igualdad de oportunidades que subyace a uno y otro porcentaje.

Podemos añadir aún dato vinculado a la docencia, que hace referencia al hecho de que la universidad privada española más barata tiene un coste casi 5 veces mayor a la tasa pública más cara. Y, finalmente, a la universidad pública se accede por mérito del estudiantado y esfuerzo de los padres, en el caso de la privada, salvo la excepción del alumnado becado, por capacidad económica de los padres.

En el caso de la investigación, podemos recurrir a un dato revelador: en España, el 69% de la producción científica se realiza en el sistema universitario (incluyendo los hospitales universitarios, que también presentan unos mayores índices de calidad en buena medida por su condición de universitarios). De ese porcentaje, el 96,9% se realiza en el sistema público y el 3,1% en el privado. Este indicador es habitual en el mundo académico, pero si se usa el total de ingresos por proyectos de investigación, los datos del 2024 indican que el 98% de fondos de investigación competitivos (eso quiere decir que reciben fondos los mejores proyectos) se otorgan a las universidades, centros de investigación y hospitales universitarios públicos.

Público vs privado

Vayamos al tercer bloque, el de la transferencia. Otro simple dato. El 100% del sistema público universitario dispone de una estructura específica para la transferencia de resultados de investigación. Adoptan diversas formas y modalidades, pero están dirigidas única y exclusivamente a la transferencia. En el caso del sistema privado, 8 de las 46 universidades privadas actuales disponen de este tipo de unidades. Un simple estudio del número de empresas creadas, de las inversiones obtenidas por estas empresas en espacios como los Parques Científicos, de la atracción de talento individual o empresarial o del número de patentes registradas indican un ecosistema universitario público activo y robusto, frente al privado casi inexistente. Por cada patente generada en el sistema privado, hay más de 150 en el público.

Las universidades de escasa calidad son un paso atrás para todos

No quiero aburrirles con más datos, todo lo expuesto hasta aquí es suficiente para hacer un dibujo sencillo. Cuando valoren una universidad háganlo con esta mirada compleja, consulten datos solventes, revisen algunos de los ránquines que se publican (siempre que sean mínimamente solventes y de estos no hay muchos, a lo sumo tres o cuatro) y tengan una mirada individual. Se trata de separar las universidades de calidad públicas o privadas del resto. No se trata de despreciar modelos, se trata de rigor. Las universidades de calidad ayudan al sistema, las universidades de escasa calidad y/o pésimas (que las hay) son un paso atrás para todos.

Finalmente, soy consciente de que esta cuestión que les planteo tiene, al menos, una capa más de complejidad, tal y como he apuntado al inicio del artículo. Fundamentalmente, me refiero a si es en sí mismo deseable que un sistema universitario y científico esté mayoritariamente formado y liderado por instituciones de carácter público.

Los datos del sistema universitario actual que les he expuesto, y tantos otros, identifican perfectamente la calidad actual en ambos modelos en nuestro contexto, sin embargo, no permiten deducir que un sistema basado en otros modelos de financiación no pudiera ser factible. Esta cuestión es, sin duda, objeto de debate intenso. El análisis comparado de sistemas universitarios daría, al menos, para otro artículo. En todo caso, como decía al principio, tengo claro mi posicionamiento y en mi condición de rector así lo he mantenido en el ejercicio de la responsabilidad que la comunidad universitaria me ha otorgado.

La falta de un modelo basado en ese mínimo consenso razonable está causando un mal enorme

Mi defensa de un sistema universitario y de ciencia público es clara. También soy consciente que detrás de esta cuestión, a diferencia de las otras capas previamente tratadas, donde los datos hablan por sí mismos, subyace una cuestión de valores, ideología y visiones del mundo que en ningún caso son unívocas. Forman parte del pluralismo y la libre confrontación de ideas. Por todo ello, mi reflexión no pretende ser un alegato a favor de un modelo, sino de un mínimo compartido. Es decir, aquello que en nuestro contexto y realidad contribuye indiscutiblemente a que nuestro sistema universitario y científico sea de calidad.

Reordenación urgente

El propósito de esta reflexión que les comparto no es otro que contribuir a generar un marco común de mínimos a partir del cual sea razonable el debate y la deliberación. En definitiva, el sistema universitario español debe ser reordenado con urgencia y la forma en que, por el momento y por lo que se apunta, se está enfocando el debate impedirá la reordenación. O, peor, implicará que se haga mal, con los riesgos y pérdidas que eso podría implicar. La falta de un modelo basado en ese mínimo consenso razonable está causando un mal enorme porque el debate político plural, sin duda necesario, está impidiendo establecer de forma sólida y solvente un marco que nos permita avanzar en aquello que es obvio con los datos en la mano. Por si fuera poco, incentiva un debate partidista que diluye o distorsiona el interés común de la ciudadanía por un sistema universitario y científico de calidad.

Usar la universidad como un arma arrojadiza de carácter político es inadmisible. Colapsar la autonomía universitaria o poner en cuestión la libertad académica es de una irresponsabilidad absoluta. La protección del conocimiento es propia de sociedades avanzadas. Lo contrario es oscuridad y pobreza.