Ni gobiernos, ni caseros: rebelión inquilina

El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia en Demócrata que las medidas del Gobierno no frenan la escalada del alquiler ni garantizan el derecho a la vivienda ante una emergencia habitacional desbordada

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Fernando de los Santos y Hanna Fakir son militantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid

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El 28 de febrero, despertábamos con la noticia de que la coalición formada entre EEUU y el estado genocida de Israel había atacado unilateralmente a la República de Irán. Los ataques continuados han dejado más de 4000 muertos, más de 30000 heridos y múltiple infraestructura crítica afectada. Los impactos más profundos han sido claramente sentidos por las poblaciones iraní y libanesa, sin olvidar a la gazatí que continúa bajo asedio continuado del estado genocida.

A 6.447 kilómetros de distancia, muchísimo más lejos, Europa siente los impactos de la guerra donde más nos duele a las poblaciones globalmente privilegiadas: en nuestros bolsillos. Los precios del combustible se han disparado, llegando a situarse en 119,24$ el barril de Brent a finales de marzo.

Ante esta situación, el Gobierno de España ha decidido avanzar con dos Reales Decretos-Ley que pretenden mitigar el impacto económico de la guerra. El primero, 7/2026, introducía medidas de contención de precios en el ámbito de la energía y la movilidad, y el segundo, 8/2026, contiene medidas de vivienda, claramente introducidas a regañadientes por parte del principal partido de Gobierno. Desde el Sindicato de Inquilinas valoramos estas medidas como un parche necesario, pero insuficiente.

Para empezar, según el CIS, la vivienda es la primera preocupación en España, y no es para menos; En la última década se han disparado los precios del alquiler un 77%. Ser inquilina es vivir en un estado de alerta constante, porque en cualquier momento puedes ser víctima de subidas abusivas, de que te obliguen a pagar conceptos que no te corresponden, de vivir en infravivienda o con serias deficiencias que el casero no soluciona, de verte expuesto a una expulsión e, incluso, de ser víctima de empresas de desokupación que te acosen y violenten con total impunidad. Quienes lo sufrimos en nuestras carnes lo sabemos bien.

En este contexto de alza de precios e inseguridad habitacional, el Decreto nos permite a las inquilinas prorrogar dos años nuestros alquileres si la fecha de fin de contrato es entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Basta con que se lo comuniquemos a nuestros caseros durante el tiempo en que el Decreto esté en vigor. Durante ese periodo, además, las actualizaciones anuales de los alquileres tienen un tope del 2%.

Son dos medidas claramente insuficientes, pero que al menos dan un poco de aire al casi millón de hogares cuyos contratos de alquiler finalizaban entre este año y el siguiente. Pues bien, la derecha reaccionaria quiere quitarnos hasta ese pequeño alivio. En efecto, VOX, el PP y Junts han anunciado que votarán en contra del Decreto. Son los mismos que hace dos meses echaron abajo la moratoria antidesahucios y han dejado a 60.000 familias vulnerables y sin alternativa habitacional a las puertas del sinhogarismo. El PP y Junts se alinean con la extrema derecha y demuestran, una vez más, que están envueltos en la misma bandera: la del rentismo. No dudan en ponerse en contra de las familias y vecinas, y del lado de fondos buitre y rentistas que dejan a la gente en la calle.

Ahora bien, somos también muy críticas con el gobierno que, después de más de siete años en el poder, aún no ha abordado la crisis de vivienda. No nos extraña, cuando la propia Ministra de Vivienda es rentista.

¿Qué medidas deberían tomarse? La primera y más obvia, bajar los precios por ley. La vivienda nos cuesta la vida. No podemos conformarnos con la congelación de los alquileres en máximos históricos, que es lo poco que la ley de vivienda está consiguiendo en las zonas declaradas tensionadas. Además, los caseros sortean la aplicación de la ley desplazando su negocio al alquiler temporal y de habitaciones. Urge cerrar esas vías de escape a la especulación y proteger de una vez a las cada vez más personas que se ven abocadas a vivir en una habitación. En Madrid, sin embargo, y como en otras muchas comunidades autónomas, ni siquiera tenemos zonas tensionadas. Para Ayuso, la “libertad” es pagar el 71% de nuestro sueldo a nuestros caseros.

Otra medida imprescindible es recuperar los alquileres indefinidos, que son la regla en países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Países Bajos. Si el casero no necesita la casa para vivir, sino solo para hacer negocio, las inquilinas deberíamos poder permanecer en nuestros hogares. Cada año finalizan cientos de miles de contratos; millones de personas que se enfrentan a subidas abusivas o a expulsiones de sus casas y de sus barrios. Si estás leyendo esto y estás en esa situación, organízate con el sindicato de inquilinas o la asamblea de vivienda de tu barrio. Como decimos siempre, no nos vamos: ¡nos quedamos!

Asimismo, hay que echar a los principales culpables de la situación: los fondos buitre. En lugar de darles ventajas fiscales y vivienda supuestamente pública para que la gestionen, debemos recuperar las casas que tienen y constituir con ellas un parque verdaderamente público de vivienda. Nuestro modelo de vivienda pública pasa por alquileres indefinidos, precios ajustados a salarios para garantizar la universalidad de acceso y gestión colectiva y comunitaria de los bloques.

La última medida que comentaremos aquí, aunque habría más, es la ilegalización de los matones neonazis que nos amedrentan en las puertas de nuestras casas. Las empresas de desokupación son el brazo armado del rentismo. Un estado supuestamente de derecho no debería permitir el ejercicio de esta violencia totalmente al margen de la ley.

No somos muy optimistas con que el gobierno vaya a tomar las medidas que reclamamos, si no han movido ficha en más de siete años. Tampoco lo somos respecto de la convalidación del Decreto sobre la prórroga de los alquileres, dada la alianza de la derecha con el rentismo. Por eso, desde el Sindicato de Inquilinas estamos difundiendo información sobre esta prórroga por todos los medios, para que llegue a cuantas más inquilinas posibles antes de que se vote en el Congreso, aún sabiendo que muchas no podrán acogerse a ella.

Apoyamos el Decreto y pedimos su convalidación por el simple motivo de que un parche es mejor que nada. Es preferible un escenario en el que un millón de contratos puedan prorrogarse, aunque sepamos que ahí no acaba la lucha. Por eso insistimos en que es una medida insuficiente que deja fuera a las más vulnerables, y que va a seguir siendo necesario presionar para conquistar derechos.

Ante la inacción del Gobierno y el descaro de los rentistas, vuelve a quedar claro que la única solución es la desobediencia civil organizada, que es como históricamente hemos conquistado derechos.

Si nos imponen precios o cláusulas que no podemos pagar, no lo vamos a hacer. Ya hemos demostrado que las huelgas de alquiler son posibles y han venido para quedarse. Y si nos intentan echar de nuestras casas, nos quedaremos. Tenemos las llaves de todas nuestras casas. Forzaremos colectivamente a todos y cada uno de los caseros a sentarse a negociar contratos justos y velaremos muy de cerca por su cumplimiento. Cada casa, una trinchera.

Esto lo afirmamos con el profundo conocimiento de que ya no somos una, o dos, sino el grueso productivo que sostiene el sistema rentista. Un sistema injusto que se come nuestros sueldos todos los meses, y que se va a acabar. Se avecinan días de agitación en las calles. No van a jugar con nuestras casas, ni van a poder con todas nosotras. Bienvenidas a la Primavera Inquilina.

sobre las firmas:

Fernando de los Santos y Hanna Fakir son militantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid