El representante de Adelante Andalucía, José Ignacio García, expresó su descontento este miércoles frente a las «nuevas prohibiciones» impuestas por la Mesa del Parlamento respecto al uso de las instalaciones de la Cámara, y criticó que se planee debatir la proposición de ley sobre el derecho al comedor escolar en la educación pública andaluza durante el periodo vacacional de verano en los colegios.
El mismo vocero, que también representa al Grupo Mixto-Adelante Andalucía, en una conferencia de prensa mencionó que la Mesa, liderada por Jesús Aguirre (PP-A), «ha prohibido utilizar las instalaciones del Parlamento para grabar cualquier cosa sin el permiso» del presidente. «Es decir, ahora para grabar un vídeo para redes sociales en los pasillos del Parlamento, en el salón de plenos o en cualquier habitación o sala, hay que pedirle permiso a Aguirre», indicó José Ignacio García, quien además señaló que «la Mesa ha prohibido» que en la sala de prensa del Parlamento «se siente nadie que no sea diputado».
García calificó estas acciones como «una forma de censura» y explicó que según los acuerdos de la Mesa, «la única persona que puede traer» a la sala de prensa «a alguien que no sea diputado es el presidente del Parlamento». Además, se mostró preocupado por las consecuencias de estos acuerdos, preguntándose «de qué tienen miedo» en la Mesa del Parlamento y «qué va a pasar» si su grupo trae a la habitual rueda de prensa a alguien externo a la Cámara, como «un bombero forestal o un comité de empresa que quiera traer una propuesta al Parlamento».
«¿Van a llamar a seguridad?, ¿nos van a sancionar o a poner una multa?», cuestionó García antes de advertir que «en cuanto esto se publique en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía», su grupo «estudiará acciones legales».
DEBATE DE LEY SOBRE COMEDORES
Con respecto al debate sobre la ley de comedores escolares de Adelante Andalucía, previsto en el orden del día del próximo Pleno, se destacó que esta propuesta legislativa, presentada en marzo de 2025, «aborda directamente la calidad de la comida de los comedores en los centros educativos», y cuenta con el respaldo de «ampas, sindicatos y asociaciones que abogan por una mejor nutrición infantil».
La medida principal de la ley, según Adelante, consiste en «la inclusión de cocinas in situ en cada colegio para garantizar así comida casera, de calidad y de cercanía en cada centro frente al modelo actual que está en su inmensa mayoría privatizado a través de catering externalizados en manos de multinacionales que no tienen nada que ver con el sector educativo ni alimentario pero que ven un negocio».
El servicio de «línea fría», que implica comida «preparada en cocinas industriales a cientos de kilómetros de distancia que se llevan a los centros uno o dos días a la semana y se recalienta; dando así un mal servicio, con poca cantidad y caro», ha sido denunciado repetidamente por las familias, organizaciones y sindicatos, según el grupo andalucista. Además, señalan que «19 empresas de catering dan servicio a 1.500 comedores» y de ellas, «sólo seis acaparan el 72% de los comedores y manejan 100 millones de euros de fondos públicos». De estas empresas, «ninguna es andaluza y cuatro pertenecen a fondos de capital extranjero en Francia, Inglaterra y Estados Unidos».
José Ignacio García acusó al PP-A, con mayoría absoluta en el Parlamento, de programar el debate de toma en consideración de esta ley «en el último Pleno del verano para que pase lo más desapercibida posible entre la comunidad educativa». «Una vez más el PP utiliza el Parlamento a su antojo, y casualmente incluye la Ley de Comedores Escolares en periodo vacacional, cuando los niños y las niñas no están sufriendo por la comida de mala calidad a pesar de que la ley lleva cinco meses guardada en un cajón». «Qué casualidad que la metan cuando más le conviene para poder votar en contra», expresó García en un comunicado.
Finalmente, desde Adelante sostienen que esta es «una estrategia del PP para votar en contra en un momento de baja intensidad política, porque la situación lamentable de los comedores escolares les hace mucho daño porque es algo que saben las familias de primera mano, si votan en contra de esta ley les saldrá caro», concluyó el portavoz, José Ignacio García.