Adelante Andalucía tiene previsto llevar la próxima semana al Parlamento andaluz la situación que viven las mujeres de la provincia de Jaén para poder ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ya que se trata de la única provincia de Andalucía donde no es posible abortar ni a través de la sanidad pública ni mediante la sanidad privada.
Así lo ha explicado el portavoz de la organización y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, tras mantener en Jaén un encuentro con integrantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Jaén y con el colectivo Feministas 8M de Jaén, en una reunión centrada en analizar los problemas del sistema sanitario.
García, en declaraciones a los medios de comunicación, ha denunciado “el abandono permanente” a Jaén, “una provincia olvidada y un territorio de sacrificio” a la que “las instituciones no le prestan atención para garantizar los derechos de sus vecinos y vecinas.
El dirigente andalucista ha subrayado que “el derecho al aborto no se cumple en la provincia de Jaén”. “Ya no es que no se pueda abortar en la sanidad pública, que es lo que querríamos”, ha señalado el portavoz, “es que en Jaén no se puede abortar ni siquiera en la privada”.
En este sentido, ha criticado que, en la práctica, las mujeres que necesitan o desean ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo están siendo derivadas a Málaga, Granada, Sevilla o Córdoba, sin que se les sufraguen los gastos de desplazamiento.
Para Adelante Andalucía, “el derecho al aborto es un derecho que debería estar garantizado para todas las mujeres y en la provincia de Jaén eso no se cumple”, por lo que la formación registrará la próxima semana en la Cámara autonómica una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de que se debata y se pronuncien todos los grupos parlamentarios.
“Esto afecta a más de 800 mujeres todos los años, que se tienen que ir fuera costeándose sus desplazamientos, sus alojamientos si se tienen que pasar más de un día a otras provincias”, ha indicado García, quien también ha remarcado que “no se garantiza el derecho que recoge la ley a una asistencia psicológica posterior”.
García ha recalcado que no se trata de una cuestión “opcional”, sino de “un derecho que lo recoge la ley y se tiene que cumplir se esté de acuerdo o no”.