QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso ha dado este jueves su visto bueno al decreto ley que actualiza las retribuciones de los empleados públicos, con el rechazo exclusivo de Vox, la abstención de Junts y el respaldo del resto de formaciones representadas en la Cámara Baja.
Durante la sesión, tanto el PP como Vox han censurado al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, por sacar adelante esta mejora salarial de los funcionarios mediante un decreto ley y sin un proceso de negociación previa con los agentes sociales.
La norma permite aplicar la parte del incremento prevista para 2025 y 2026, un 4% que ya se reflejará en las nóminas de enero, con la posibilidad de añadir otro 0,5% si al cierre del próximo ejercicio la variación del IPC alcanza o supera el 1,5%.
El decreto ley se limita a fijar los elementos imprescindibles para que, con efectos de 1 de enero de 2025, se ejecute la subida de las retribuciones del personal del sector público, incorporando las disposiciones necesarias para que ese aumento se materialice a lo largo de este año, así como para aplicar, desde el 1 de enero de 2026, el incremento correspondiente a ese ejercicio.
Incrementos previstos para 2025 y 2026
Para 2025 se fija una subida consolidable del 2,5% para todo el sector público, calculada sobre las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2024, ya actualizadas este año con un 0,5% adicional. En 2026 se contempla un aumento consolidable del 1,5% sobre las cantidades en vigor a 31 de diciembre de 2025, revisadas en este real decreto-ley, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Además, se prevé un incremento retributivo consolidable extra del 0,5% condicionado al cumplimiento de los parámetros de inflación fijados.
Las reglas sobre el alza salarial incluidas en este Real Decreto-ley se aplican a todas las Administraciones públicas: Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. En el ámbito estatal, la subida correspondiente a 2025 se hará efectiva este mes de diciembre, abonándose en forma de atrasos las cantidades devengadas desde enero.
Cada Administración será la encargada de determinar el calendario de pago de los importes y atrasos relativos a 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito. Ese desembolso podrá fraccionarse entre los ejercicios 2026, 2027 y 2028, o bien abonarse íntegramente en diciembre de 2025.
Aunque el decreto concreta las alzas de 2025 y 2026, el Ejecutivo cerró un acuerdo con UGT y CSIF para elevar la remuneración de los empleados públicos hasta un 11% acumulado hasta 2028. En virtud de ese pacto, en 2027 se aplicaría un incremento del 4,5% y en 2028 se sumaría otro 2%. Posteriormente, CCOO se adhirió también a este entendimiento.
Más de tres millones de empleados públicos beneficiados
En el debate parlamentario, el ministro López ha recalcado que la medida repercutirá en las nóminas de más de tres millones de trabajadores del conjunto de las administraciones públicas.
“Lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta. Lo merecen los veterinarios y veterinarias del Estado, que trabajan a contrarreloj para atajar la peste porcina. Lo merecen los agentes forestales, o los profesores de la universidad pública, o los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad”, ha subrayado López.
Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Podemos y BNG adelantaron su voto favorable a la convalidación del decreto, mientras que PP y Vox mantuvieron un discurso más duro con el Gobierno.
Críticas de Vox y reservas del PP
El diputado de Vox Pablo Sáez ha reprochado al Ejecutivo que para sacar adelante la subida salarial recurra de nuevo a la figura del decreto ley, algo que, a su juicio, evidencia la “ausencia de una política presupuestaria” y un Gobierno que deja “para final de año” la actualización de las nóminas públicas.
Por parte del PP, Ángel Ibáñez ha acusado al Gobierno de aprobar esta medida sin ningún tipo de diálogo previo y ha advertido de que se limita el margen de maniobra de las comunidades autónomas encargadas de aplicar la subida, ya que muchas han elaborado sus presupuestos sin contemplar esta revalorización.
No obstante, Ibáñez ha insistido en el compromiso del PP “con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos” y con la estabilidad del empleo en el sector público.
