La sesión plenaria del Parlamento de Andalucía de este martes ha sido el escenario de un intenso debate sobre la memoria histórica, iniciado por una interpelación del Grupo Por Andalucía. Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte, ha defendido la asignación de más de 4 millones de euros a la identificación genética, subrayando que desde 2019 se han analizado 4.166 víctimas y 2.700 familiares, y destacando su rol personal en las comunicaciones con las familias en casos de resultados positivos.
La consejera ha cuestionado la crítica de la oposición preguntando si consideran insuficiente la política pública actual, y ha lamentado tener que llevar a cabo el proceso en gran medida sin ayuda, aunque ha reconocido el apoyo de entidades memorialísticas en ciertos aspectos. Además, ha informado de que hasta la fecha se han exhumado 2.840 víctimas.
Por su parte, José Manuel Gómez Jurado de Por Andalucía ha acusado al gobierno del Partido Popular de negligencia con la ley de memoria de la comunidad autónoma y ha urgido a revisar el mapa de fosas, ya que actualmente solo 22 de 900 están abiertas. Ha enfatizado la importancia de la difusión de la memoria histórica como herramienta educativa para los jóvenes y ha reivindicado la memoria como “una vacuna para la democracia”.
Del Pozo ha respondido que están dispuestos a actualizar el mapa de fosas y ha defendido la gestión de su gobierno comparándola con la del anterior gobierno socialista, señalando que en 2018, el presupuesto para memoria era significativamente menor y que su ejecución presupuestaria apenas alcanzaba el 49%. También ha destacado un aumento de 500.000 euros en el presupuesto para identificaciones, alcanzando una ejecución del 100%.
Gómez Jurado ha insistido en la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales y ha criticado el orgullo de la consejera por un presupuesto que considera insuficiente. Ha abogado por aumentar los centros de bases de datos de ADN, ya que actualmente solo existe uno en Andalucía, y ha subrayado la necesidad de justicia y reparación en la política de memoria, criticando también la falta de implementación del Instituto de la Memoria Democrática y el abandono de los comités de expertos.