La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado este miércoles introducir cambios en la regla de gasto que rige a las comunidades autónomas con el fin de permitir un acceso más flexible al superávit que generan sus cuentas.
Esta modificación de la regla de gasto fue planteada por el senador Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, durante una Comisión de Hacienda en la Cámara Alta. Chinea ha defendido que se abra la mano con aquellas comunidades, como Canarias, que presentan una situación financiera saneada y un endeudamiento reducido, para que puedan disponer de mayor margen de gasto.
Montero ha señalado que el Gobierno puede contemplar que, en determinados casos, las autonomías hagan uso de los remanentes presupuestarios para ciertas inversiones. No obstante, ha descartado alterar la propia definición de los parámetros fiscales fijados en los reglamentos europeos y en la Ley de Estabilidad Financiera.
“Europa no lo autorizaría”
“Ni corresponde al Gobierno de España ni tampoco nos autorizaría Europa a que tengamos reglas de gasto con conceptos distintos dependiendo de cuál es la administración a la que la estemos aplicando”, ha argüido durante su intervención en la comisión.
La titular de Hacienda ha defendido además que la razón de ser de la regla de gasto es garantizar coherencia y evitar el riesgo o la “tentación” de que algunos ejecutivos autonómicos, “en su coyuntura de gobierno endeuden o hipotequen a generaciones de una manera que se considere que no haga sostenible ese gasto mantenido en el tiempo”.
La vicepresidenta ha recordado igualmente que las reglas fiscales se mantuvieron suspendidas durante cuatro ejercicios a raíz de la pandemia, lo que permitió a las comunidades utilizar el superávit acumulado “sin ningún tipo de cortapisa ni requerimiento” sobre el destino de esos fondos.
A continuación, la ministra ha explicado que mediante un decreto ley en 2025, ya con las reglas fiscales reactivadas, se aprobó el uso del superávit para financiar inversiones financieramente sostenibles hasta 2027.
En un segundo turno de palabra, Montero ha subrayado que la Administración General del Estado ha transferido 300.000 millones a las comunidades autónomas y ha reiterado su propósito de presentar los próximos Presupuestos Generales del Estado.
10.470 millones para defensa
Durante su comparecencia, la ministra también se ha referido al incremento del gasto en defensa en 10.470 millones de euros, con el objetivo de que España alcance un nivel del 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a este capítulo.
Montero ha detallado que el 35% de esa cantidad se dirigirá a mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería, mientras que otro 31% se orientará a nuevas capacidades en telecomunicaciones y seguridad. El resto de los recursos se empleará en la modernización de las capacidades de defensa, incluidas las relacionadas con emergencias y catástrofes naturales, así como en el refuerzo de los medios en las misiones de paz.
En cuanto a la financiación de este aumento, la responsable de Hacienda ha indicado que procede fundamentalmente de tres fuentes: los ahorros obtenidos gracias a la evolución de la economía, la utilización de créditos del Capítulo ocho de Activos Financieros de los Presupuestos y diversas reasignaciones y modificaciones de partidas ya ejecutadas en ejercicios anteriores.
La vicepresidenta Montero ha insistido en que la prioridad al diseñar esta financiación ha sido no detraer “ni un céntimo” del gasto social, y ha asegurado que se ha cumplido. Ha precisado que, mientras el gasto en seguridad y defensa ha ascendido a 12.000 millones de euros desde 2017, el destinado a servicios públicos y prestaciones sociales ha alcanzado 120.000 millones, es decir, diez veces más.
Además, sobre este punto, la vicepresidenta ha afeado al PP “decir una cosa y la contraria”, ya que, según ha señalado, los 'populares' sostienen que con un gasto del 2,1% se producirán recortes en determinadas partidas, al tiempo que reclaman que el esfuerzo en defensa se eleve hasta el 5%.
Colchón de 3.000 millones y otras partidas
La ministra de Hacienda ha puesto en valor que, para cuadrar este nivel de gasto, ha sido clave la política fiscal aplicada por el Ejecutivo, que, según ha destacado, ha generado un colchón de ahorro de unos 3.000 millones de euros gracias a la reducción del pago de intereses de la deuda.
En cuanto al resto de recursos que permiten alcanzar los 10.470 millones en defensa, Montero ha citado los 641,56 millones procedentes de menores anualidades por aportaciones a la Unión Europea, los 1.744,8 millones vinculados a créditos ya ejecutados de ejercicios pasados que no arrastran compromisos en años futuros y los 2.819 millones derivados de menores necesidades de amortización gracias a un mejor comportamiento del déficit público.