Ana María Vielba ha dejado de ejercer como secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), puesto para el que fue designada en diciembre de 2024, tras postularse como candidata a la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en relevo de Jesús Jiménez, quien ha desempeñado esa función durante cinco años después de ser elegido en febrero de 2021.
El acuerdo de cese de Ana María Vielba como secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este lunes, 23 de marzo de 2026, consultado por Europa Press, y fue aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado día 18, celebrada en Huelva.
El decreto de cese, suscrito por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, precisa que fue el 16 de marzo de 2026 cuando la propia Ana María Vielba registró un escrito “comunicando su renuncia como secretaria general del Consejo” Audiovisual. De este modo, la finalización de su mandato se produce a iniciativa propia, según refleja la resolución, en la que el Ejecutivo autonómico expresa su agradecimiento por “los servicios prestados” en el desempeño de esta responsabilidad.
En paralelo, Ana María Vielba comparecerá este miércoles, 25 de marzo, ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento andaluz, que deberá valorar su “idoneidad” como aspirante a dirigir el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, cargo para el que ha sido impulsada por el Grupo Popular.
Tras ese trámite, el Pleno del Parlamento, que se reúne esta semana a partir de las 13,00 horas del miércoles, votará su designación para la citada responsabilidad.
Requisitos para la Dirección del Consejo de Transparencia
El Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, establece que “la designación de la persona titular de la Dirección corresponde al Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta de sus miembros, por el procedimiento que determine la Cámara”.
Asimismo, la norma detalla que la elección “deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia profesional, con una experiencia mínima de 15 años en materias relacionadas con la administración pública”, y precisa que “la persona que ejerza la Dirección será nombrada por decreto del Consejo de Gobierno, de conformidad con la designación efectuada por el Parlamento de Andalucía y a propuesta de la Consejería competente en materia de transparencia, por un período de cinco años no renovable”.
Antes de asumir la Secretaría General del Consejo Audiovisual de Andalucía, Ana María Vielba desempeñó distintos altos cargos en la Junta, entre ellos el de secretaria general para la Administración Pública desde enero de 2019 hasta agosto de 2022, y posteriormente el de viceconsejera en el área de Industria y Energía.
Natural de Valladolid, Ana María Vielba es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y funcionaria de carrera de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, con una amplia trayectoria en derecho administrativo y gobierno abierto, según destacó la Junta cuando fue nombrada viceconsejera de Política Industrial y Energía en agosto de 2022.
Rechazo del Sindicato Andaluz de Funcionarios
Tras hacerse pública la propuesta para que asuma la Dirección del Consejo andaluz de Transparencia, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “firme rechazo y profunda preocupación” ante esta candidatura.
En dicha nota, el sindicato sostiene que Vielba “ha estado directamente vinculada a planteamientos públicos que defendían el uso de sistemas de inteligencia artificial para recopilar y analizar comentarios de funcionarios públicos en redes sociales y medios de comunicación, con el objetivo de construir perfiles individuales --denominados 'genoma del funcionario'-- en función de sus opiniones, intereses y posicionamientos”.
“Dichos planteamientos no solo contemplaban el análisis masivo de datos personales obtenidos de entornos digitales, sino que además abrían la puerta a su utilización en procesos internos de la administración, incluyendo la provisión de puestos o el desarrollo profesional de los funcionarios públicos”, advierte el SAF, que teme que, en la próxima legislatura, “puedan reactivarse iniciativas similares al denominado 'genoma del funcionario'”, con el riesgo de “un grave retroceso en garantías democráticas y en la protección de derechos fundamentales”.
Por este motivo, el Sindicato Andaluz de Funcionarios llama “a los grupos parlamentarios” andaluces a “actuar con responsabilidad institucional y a no respaldar este nombramiento”, al considerar que “la elección de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos no puede generar dudas ni controversias sobre el compromiso con los derechos fundamentales”, y que “debe recaer en perfiles que ofrezcan garantías plenas, incuestionables y coherentes con la defensa de la privacidad, la libertad de expresión y el uso ético de la tecnología”, concluye el SAF.