El grupo parlamentario Por Andalucía ha hecho pública su intención de presentar una proposición no de ley (PNL) para ser debatida en el Pleno del Parlamento, con el objetivo de que se realice una auditoría y fiscalización de ‘todas las licitaciones y adjudicaciones otorgadas a la consultora EY, de la que es socio’ José Alberto García Valera, primer consejero de Hacienda del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A), ‘imputado’ por su supuesta ‘pertenencia a la trama que encabezaba el entonces ministro Cristóbal Montoro y que, supuestamente, recibía dinero a cambio de modificar normas a favor de empresas gasistas’.
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La solicitud surge ante las ‘nuevas informaciones’ que sugieren una secuencia preocupante iniciada con la designación de García Valera como director general de Tributos entre 2016 y 2018, ‘puesto en el que, según las informaciones publicadas, jugó un papel protagonista en la redacción de los textos de los anteproyectos de ley y proyectos de Reglamento donde se recogían las pretensiones que las empresas gasistas habían concertado a cambio de entrega de dinero a la trama’.
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García Valera fue nombrado consejero de Hacienda por Juanma Moreno en enero de 2019, aunque renunció ‘tras un corto período de tiempo’, en febrero de ese año, para luego unirse como socio a la consultora EY, según detalla Por Andalucía. Tras su salida, ‘la Junta de Andalucía adjudicó a la consultora del exconsejero imputado contratos millonarios para la elaboración de auditorías del sector instrumental de la Junta de Andalucía’, una práctica que ya fue objeto de críticas por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía, según informan desde el grupo parlamentario.
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PLANTEAMIENTOS DE LA PNL
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Por Andalucía propone, mediante esta PNL, que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a ‘proceder a la revisión de los procesos de adjudicación de los contratos suscritos con EY desde 2019 a la actualidad, así como a la auditoría de su adjudicación y cumplimiento, encargando para ello un informe de fiscalización específico a la Cámara de Cuentas de Andalucía’. Además, busca que se facilite a los parlamentarios y a la ciudadanía toda la documentación relacionada con estos contratos. Por último, la iniciativa exige que el Gobierno andaluz ‘comparezca a la mayor brevedad ante la ciudadanía y el Parlamento de Andalucía, a fin de ofrecer cuantas explicaciones procedan sobre la contratación y las relaciones mantenidas con la empresa del exconsejero imputado’, en línea con la transparencia que el propio Partido Popular ha demandado en otros casos.
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El grupo de IU y Podemos espera que el PP ‘se separe de las incomprensibles declaraciones efectuadas por el sucesor del exconsejero imputado, Juan Bravo’, quien ha intentado minimizar la gravedad de la situación. Por Andalucía afirma que este tipo de argumentaciones son ‘un verdadero delirio y un insulto al pueblo andaluz’, replicando críticas previas dirigidas al PSOE en el caso de los ERE.