La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, Loles López, ha declarado que la región está atendiendo a cerca de 700 menores migrantes que han sido enviados por el Gobierno central bajo la apariencia de adultos, una situación que la Junta ha llevado a la justicia. Durante una comisión parlamentaria en respuesta a Vox, López reveló que la Fiscalía ha identificado a 697 migrantes que llegaron a Andalucía «por la puerta de atrás», siendo realmente menores de edad.
La Junta ha expresado su preocupación al afirmar que el sistema de protección de menores de la comunidad «está en jaque» a causa de las políticas migratorias del Gobierno, acusando directamente a este último de actuar con negligencia. Esto ha motivado a la Junta a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley 2/2025, que estipula el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, alegando una «invasión de competencias».
Según la Junta, el reparto se ha hecho «sin diálogo y sin negociación», dejando a las comunidades autónomas desprovistas de los recursos necesarios para atender adecuadamente a estos menores. Desde Andalucía se critica que el decreto no solo es innecesario dado que ya existen mecanismos previos para manejar estas situaciones, sino que también «extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores». Además, se cuestiona la suficiencia financiera del fondo propuesto para compensar los costes que implica la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, lo que podría generar una situación de inseguridad jurídica.
Con su acción legal ante el Tribunal Constitucional, la Junta de Andalucía busca defender su autonomía y exigir un trato equitativo, subrayando la importancia de proteger la dignidad y los derechos de los menores involucrados, y rechazando que sean tratados como una herramienta política.