QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Alejandra Durán Parra, ha presentado este jueves en el Parlamento andaluz una Ley Integral contra el Acoso Escolar y el Ciberacoso. Esta propuesta normativa, que la dirigente ha definido como “urgente, necesaria y que no puede esperar más”, incluye entre sus principales medidas la garantía de asistencia jurídica gratuita para las víctimas.
Durán ha reconocido que se trata de una iniciativa que, “lamentablemente llega tarde”, pero ha subrayado que “no se puede seguir poniendo parches o mirando hacia otro lado”. Por ello, ha reclamado que el acoso en las aulas “debe ser combatido desde todos los ámbitos, y todos los centros educativos, sean de la titularidad que sean, deben aplicar los mismos procedimientos”.
La también dirigente de Podemos Andalucía ha advertido de que “hablamos de una de las amenazas más graves para la dignidad, la salud mental y el desarrollo pleno de nuestra infancia y adolescencia”. Según ha explicado, de “tramitarse y aprobarse” esta Proposición de Ley, se convertiría en la primera norma de este tipo en España, de acuerdo con la nota difundida por el grupo parlamentario.
Entre las medidas que recoge el texto, Durán ha destacado la obligación de comunicar a la inspección educativa cualquier denuncia por posible acoso o ciberacoso escolar en un plazo máximo de 48 horas. Asimismo, plantea el reconocimiento del derecho al acompañamiento psicológico, psicoeducativo y socioemocional, así como el derecho de las familias a intervenir en todo el proceso.
La diputada ha recordado que el acoso escolar “es una violencia que muchas veces germina en silencio, en los pasillos, en los recreos, en los grupos de chats, en las redes sociales” y ha descrito ese tipo de conductas como un comportamiento “que va mermando la autoestima, que rompe la confianza en el entorno educativo y que deja cicatrices profundas” y que, por ello, “no puede seguir tratándose como simples incidentes escolares”.
Durán ha reiterado que el acoso en las aulas es “un problema estructural, un problema social que exige una respuesta firme, unitaria y valiente”. A su juicio, cada situación de maltrato en el entorno escolar “es un fracaso colectivo, un recordatorio de que la sociedad andaluza no ha sabido garantizar la seguridad de quienes dependen completamente de ella. Y es también una llamada urgente a la responsabilidad política”.
En esta línea, ha remarcado que “ninguna administración, incluida la Junta de Andalucía, puede mirar hacia otro lado cuando un solo niño o niña vive con miedo al volver a clase”.
ANDALUCÍA NECESITA UNA LEY VALIENTE
Durán ha defendido que “Andalucía necesitaba una ley valiente, integral y ambiciosa, que coloque a la infancia en el centro de la acción pública y que reconozca que el acoso no es un simple conflicto educativo: es una vulneración de derechos fundamentales. Del derecho a la educación, a la integridad física y emocional, a la dignidad, a la igualdad y a un entorno seguro”.
Según ha explicado, la nueva ley nace “desde la convicción profunda y la voluntad clara de dotar a la comunidad educativa de un marco normativo sólido, actualizado, eficaz y garantista. Una ley que sustituya la improvisación por la prevención, el silencio por la protección y la impunidad por la responsabilidad”.
La parlamentaria de Por Andalucía ha puesto el acento en que la violencia en las aulas no se erradica únicamente con castigos, sino “también con apoyo emocional, apoyo psicológico, intervención temprana, familias acompañadas, docentes formados y administraciones que funcionen con agilidad, transparencia y rigor”.
Tal y como ha detallado, la norma persigue “a transformar la cultura educativa andaluza: que la protección a la víctima sea inmediata, que la reeducación del agresor sea efectiva y que el acompañamiento emocional sea un derecho garantizado, no algo condicionado a los recursos del centro o a la voluntad del equipo directivo”.
Durán ha subrayado que la meta es “construir una Andalucía donde ser diferente nunca sea un motivo para sufrir, donde ningún menor afronte en soledad el peso del acoso y donde la convivencia escolar sea un pilar de la democracia, la igualdad y el bienestar colectivo”.
Para la diputada, “cada niño y cada niña importan”, y ha insistido en que “su bienestar es un derecho” y, en consecuencia, “Andalucía debe proteger a su infancia”. Ha concluido afirmando que, “cuando lo haga, será una tierra aún más justa, más libre y más fuerte”.
