El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha llevado a cabo este martes una sesión de colaboración con 14 entidades sociales para afinar los detalles de su próxima Ley contra el Acoso y el Ciberacoso Escolar. Dicho proyecto legislativo propone medidas drásticas como la cancelación del acuerdo educativo con instituciones privadas si estas no implementan el protocolo de acoso escolar tras recibir la primera denuncia, ya sea de un alumno, sus familiares o sus compañeros, según ha comunicado el grupo.
En una reunión realizada en el Salón de Usos Múltiples Jiménez Becerril del Parlamento de Andalucía, Alejandra Durán, portavoz de Por Andalucía en la Comisión de Educación, ha expresado que la ley ‘llega tarde, pero es necesaria y urgente’, enfatizando la adición de ‘la figura de la enfermera escolar, además de psicólogos y otros profesionales’. Durán ha defendido que, de ser aprobada, esta sería ‘la primera ley en España específica para combatir esta lacra’, resaltando la importancia de la reunión para ‘dar continuidad, y finalizar, las aportaciones de los colectivos’ al documento final.
La legislación, compuesta por 37 artículos, ‘aborda el problema de manera integral, desde la prevención hasta las medidas sancionadoras’, explicó Durán, quien también recordó que el año pasado se presentaron 32 medidas contra el acoso, de las cuales 26 fueron aprobadas por unanimidad, ‘pero ni una sola se ha puesto en marcha y, por tanto, el Gobierno andaluz no ha cumplido sus compromisos’. Por ello, considera ‘necesario ir más allá y dotar a Andalucía de un marco legal que proteja a los menores y que obligue a todas las administraciones y centros educativos a actuar con responsabilidad y rapidez’.
En el encuentro también participaron representantes de entidades como Ustea, CCOO Enseñanza y la Asociación MÍA Córdoba ABSA, entre otras, quienes resaltaron la necesidad de una ley específica que ampare a menores y provea herramientas efectivas a la comunidad educativa para prevenir y abordar el acoso y ciberacoso.
















