QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno andaluz asegura que revisará los protocolos contra el acoso escolar tras el suicidio de la joven sevillana Sandra Peña, mientras la oposición exige medidas inmediatas y sanciones al colegio concertado que no activó los mecanismos de protección.
La Junta promete “revisar todo” tras el caso de Sandra Peña mientras PSOE y Por Andalucía reclaman una reacción firme
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno andaluz está dispuesto a “revisar todo lo que sea necesario” después del caso de Sandra Peña, la joven sevillana que se quitó la vida presuntamente tras sufrir acoso escolar en un colegio concertado.
El suceso ha provocado una ola de indignación y solidaridad, además de una jornada de huelga estudiantil este martes, en la que miles de alumnos reclamaron más protección frente al acoso.
Durante su intervención en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, Castillo insistió en que los centros “ponen en marcha los protocolos cuando constatan un caso de acoso” y defendió que “el colegio es un faro” para los alumnos que sufren esta situación.
No obstante, reconoció la necesidad de reforzar las medidas de prevención y convivencia, y anunció la creación de un itinerario formativo socioemocional para alumnos de Infantil, Primaria y ESO centrado en la gestión de las emociones.
La oposición pide contundencia
Desde la oposición, PSOE y Por Andalucía exigieron al Ejecutivo autonómico una reacción más contundente. Los socialistas pidieron conocer cuántos protocolos están activos y si se cumplen por igual en la red pública y concertada, recordando que “algo ha fallado en el caso de Sandra y es imperdonable”.
Por su parte, Por Andalucía reclamó agilizar los protocolos, habilitar un canal de denuncias anónimo para los alumnos y establecer un régimen sancionador específico para los centros que incumplan las normas.
El Partido Popular defendió que “no se puede criminalizar a todos los colegios por un caso concreto”, mientras Vox pidió una revisión completa de los protocolos porque “no se trata de buscar culpables, pero tampoco de minimizar lo ocurrido”.
La Fiscalía investiga el caso por si existieran responsabilidades penales, mientras la Junta mantiene abierta la vía administrativa y no descarta retirar el concierto educativo al colegio implicado.
