El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reiterado este jueves que se siente “convencido” de que el Real Decreto-ley 8/2026 con medidas sobre alquiler ante la guerra de Irán será convalidado cuando llegue al Pleno del Congreso de los Diputados, apelando a que “nadie pueda permitirse votar en contra”, al entender que “la ciudadanía va a saber presionar”.
En esta línea, ha lanzado una advertencia a los grupos de la derecha parlamentaria al señalar que “si piensan que pueden tumbar este decreto ley y que eso no les va a suponer un coste enorme, se equivocan”.
Bustinduy ha realizado estas declaraciones ante los medios durante una visita a Las Cabezas de San Juan (Sevilla), donde ha estado acompañado por el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. El ministro ha explicado que su confianza se apoya en “dos razones”.
Por un lado, ha subrayado su disposición a “negociar todo lo que haga falta con quien haga falta”, remarcando que el objetivo central de esos contactos en el Parlamento será “anteponer el interés general de la gente y conseguirlo”.
Junto a esa voluntad de acuerdo, Bustinduy ha resaltado que “la gente se está movilizando” y ha citado a “los sindicatos de inquilinas, que están organizando campañas”, a despachos que “asesoran gratuitamente a los inquilinos” y a “los sindicatos de clase”, de los que se muestra “convencido de que van a defender este decreto ley donde haga falta”, precisando que será “en las calles también”.
El titular de Derechos Sociales ha descrito un clima social creciente en el que “cada vez más gente, de todas las ideologías” percibe el riesgo de encontrarse en la tesitura de que “le van a echar de su casa cuando les vence el contrato si tumban esta prórroga”.
Ha insistido en que esa inquietud no se limita a “gente de izquierda”, porque “de izquierda sí, de derecha”, y ha recalcado que afecta a ciudadanos de distintos territorios, “andaluces, catalanes, en todas partes”, al estimar que el número de personas beneficiadas por la medida podría alcanzar “casi 3 millones de personas en España”.
Dirigiéndose directamente a los inquilinos cuyos contratos finalicen en 2026 y 2026, el ministro ha querido recordarles que “la prórroga está en vigor” y les ha animado a que “solicítenla”.
Según ha explicado, el trámite consistiría en “el envío de un burofax a sus caseros” con el fin de “poder prorrogar dos años más en las mismas condiciones sin aumento del precio del alquiler los contratos vigentes”.
“Es plenamente legal y es obligatorio que sea concedida”, ha enfatizado para remarcar la seguridad jurídica de esta opción.
Antes de responder a las cuestiones sobre la convalidación del decreto-ley, Bustinduy ha interpelado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección el 17 de mayo, Juanma Moreno, preguntándose qué papel jugará en la posición del Grupo Popular en el Congreso. Ha recordado que, de los casi tres millones de potenciales beneficiarios de la prórroga, “360.000 personas en Andalucía” se verían afectadas.
El ministro ha advertido de que, si la norma decae, esos inquilinos “se enfrentarán a subidas del 30 al 40 al 50% o irse de sus casas”, por lo que ha emplazado a Moreno a que “llame al señor Feijóo y exija que el Partido Popular no vote en contra de este decreto”.
Profundizando en el caso andaluz, ha señalado que, con la presión actual sobre la vivienda “en lugares como Málaga, como Sevilla, como Granada, como Cádiz, va a ser imposible para el señor Moreno Bonilla o para la ultraderecha explicarle a sus votantes que voten en contra de una norma del Gobierno que permite que las familias sigan en su casa viviendo, pagando religiosamente su alquiler”.
“Votar en contra es ponerse del lado de quienes utilizan la vivienda para especular, para abrir pisos turísticos que vacían nuestros barrios y nuestras ciudades, para lucrarse”, ha concluido el ministro de Derechos Sociales.