Querella contra el colegio y los docentes
Según fuentes cercanas a la familia, la querella se dirige contra los responsables y profesores del Colegio Irlandesas de Loreto, un centro privado concertado, por no haber aplicado correctamente los protocolos previstos ante una situación de acoso escolar que, según sostienen, habría sido determinante en la muerte de la menor.
La familia considera que el centro educativo no adoptó las medidas necesarias para proteger a Sandra pese a tener conocimiento de la situación y a que existían indicios suficientes para activar tanto el protocolo de acoso como el de conductas autolíticas.
Investigación policial y educativa tras la muerte de la menor
La adolescente se quitó la vida el 14 de octubre, poco después de abandonar el centro educativo, arrojándose desde la azotea de su domicilio. Tras el suceso, se activaron investigaciones tanto por parte de la Policía Nacional como de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.
Esta última decidió remitir la información recabada a la Fiscalía al detectar que no se habrían activado correctamente los protocolos establecidos y abrió además un expediente administrativo para depurar posibles responsabilidades por esa supuesta falta de actuación.
Las medidas adoptadas por el centro, bajo cuestionamiento
Días después del fallecimiento de Sandra, el portavoz de la familia y tío de la menor, Isaac Villar, explicó que la única medida que, según su versión, habría adoptado el colegio fue el cambio de aula de las presuntas acosadoras tras una petición expresa de la madre de la joven, una actuación que consideran claramente insuficiente ante la gravedad de la situación.
La familia sostiene que el acoso comenzó aproximadamente un año antes de la muerte de la menor y que se intensificó durante el verano, periodo en el que Sandra empezó a recibir atención psicológica. Esta circunstancia, según señalan, fue comunicada al centro e incluso denunciada de forma formal.
Dos expedientes abiertos en la Fiscalía
Tras el suicidio de la adolescente, el Ministerio Público abrió dos expedientes diferenciados, uno centrado en las menores supuestamente implicadas en el caso de acoso escolar y otro orientado a analizar la posible responsabilidad del centro educativo en el precisó de la tragedia.
En el marco de esta investigación, que se suma a las diligencias iniciadas desde el primer momento por el Grupo de Menores de la Policía Nacional, se han llevado a cabo actuaciones como el análisis del teléfono móvil y de las redes sociales de la menor. Además, han declarado ante la Fiscalía tanto los padres de Sandra como cuatro docentes del colegio.
La familia pide responsabilidades ejemplarizantes
Los progenitores de Sandra confían en que la investigación permita depurar responsabilidades de forma rápida y ejemplarizante para evitar que se repitan casos similares. Desde el colegio, por su parte, sostienen que sí se activaron los protocolos internos de acoso y de conductas autolíticas, aunque reconocen que estos no se comunicaron al sistema Séneca de la Consejería de Desarrollo Educativo.
El caso ha reabierto el debate sobre la eficacia de los mecanismos de detección y respuesta frente al acoso escolar y sobre la responsabilidad de los centros educativos en la protección de los menores.