QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) propuesta por Toni Valero, diputado de Sumar y coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía. Esta iniciativa solicita al Gobierno que impulse en esta legislatura una ley enfocada en robustecer los sectores de la agricultura familiar, la ganadería extensiva y la pesca responsable, basándose en principios de soberanía alimentaria, equidad social y transición agroecológica con la declaración “impulsar durante esta legislatura una Ley de Agricultura Familiar y Socialmente Necesaria”.
Según ha comunicado IU, la propuesta “sitúa en el centro de la política agraria el papel del modelo de agricultura profesional y socialmente necesaria que hoy se haya en crisis por la expansión de la agroindustria, reconociendo su valor estratégico en la lucha contra la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la despoblación rural”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Desde IU detallan que la PNL aprobada exige al Gobierno desarrollar políticas que fortalezcan la agricultura familiar y las explotaciones prioritarias reforzando la Ley 19/1995 de modernización agraria. Asimismo, propone medidas para fomentar la producción agroecológica y la ganadería extensiva, y asegura su estabilidad y rentabilidad.
La proposición también demanda políticas que fomenten el relevo generacional y la igualdad de género en el ámbito rural, mejorando el acceso a la tierra y los recursos para jóvenes y mujeres productoras, además de impulsar una pesca y acuicultura sostenibles. También insta a vincular las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al cumplimiento de los derechos laborales y a coordinar con las comunidades autónomas la compra pública sostenible de alimentos de cercanía y producción responsable.
Toni Valero ha defendido que esta propuesta “busca que el Gobierno cumpla con su compromiso de impulsar una ley que proteja a quienes garantizan la soberanía alimentaria del país”, subrayando la urgencia de esta normativa ante la amenaza de la agroindustria y la uberización del campo.
La aprobación de esta PNL, según Valero, representa “un paso decisivo hacia un modelo agroalimentario que reconozca el valor social de quienes producen los alimentos y que refuerce la soberanía alimentaria del país en un contexto de crisis del mundo rural”, defendiendo así un futuro sostenible, justo y resiliente para el medio rural.
