El Congreso solicita al Ejecutivo la destitución del fiscal general y la anulación de reformas judiciales

Este jueves, el Pleno del Parlamento ha dado luz verde a una proposición no de ley instigada por el PP-A, donde se exige al Gobierno central el «cese» inmediato del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, «ante su situación procesal abierta, que compromete la imagen, la imparcialidad y la independencia del Ministerio Fiscal, y causa un grave perjuicio a la credibilidad del sistema judicial y a la dignidad profesional del conjunto de los fiscales en España».

La propuesta del PP-A no fue aceptada por el PSOE-A ni por Por Andalucía, aunque recibió apoyo parcial de Vox y del grupo Mixto-Adelante Andalucía.

Además, se ha requerido al Gobierno central «la retirada de cualquier reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal que elimine el actual modelo basado en los principios de mérito, capacidad, objetividad y libre concurrencia, y que suponga un control político sobre el proceso de selección de jueces y fiscales».

Por otro lado, se ha solicitado que se provean los recursos financieros necesarios a Andalucía para implementar la Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. También se ha pedido que se considere la carga de trabajo de los 85 partidos judiciales andaluces y, basándose en los datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), «dote de al menos 60 nuevas plazas para aliviar la sobrecarga existente en muchos de ellos, y elimine el agravio comparativo creado con Cataluña, comunidad con la que ya ha comprometido ese número de plazas».

Daniel Castilla, diputado del PP-A, defendió la iniciativa argumentando que la justicia en España «atraviesa un momento de grave deterioro institucional» debido a que el Gobierno central ha promovido en los últimos años «una estrategia preocupante de control del poder judicial que compromete la independencia de jueces y magistrados, interfiriendo en el acceso a la carrera judicial y fiscal e intentando condicionar desde el poder político a los órganos de gobierno del sistema judicial».

Castilla también enfatizó que la situación se ve exacerbada por el hecho de que el actual fiscal general, «nombrado directamente por el Gobierno, se encuentra procesado por parte del Tribunal Supremo, una circunstancia que atenta contra los principios de independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que genera un gravísimo perjuicio para la credibilidad del sistema y para todos los fiscales de España, que ven cuestionada la integridad de su institución».