El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio tras detectar “graves disfunciones” en el programa de detección precoz del cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud.
La institución reconoce su “consternación” ante una situación que podría haber dejado sin información a miles de mujeres sobre los resultados de sus mamografías. “Es la primera vez en 30 años que nos vemos obligados a abrir una investigación general”, advierte Maeztu.
Maeztu inicia la investigación “más grave en tres décadas”
El Defensor ha decidido actuar de oficio tras los testimonios de mujeres afectadas y las denuncias de la asociación Amama, que revelaron deficiencias en la comunicación de resultados.
La Consejería de Salud ha reconocido que al menos 2.000 mujeres con resultados no concluyentes desconocían su diagnóstico por falta de notificación oficial.
Maeztu ha calificado la situación de “alarmante” y ha advertido que los fallos detectados “ponen en cuestión el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz con información veraz y en tiempo y forma”.
Qué se investiga y por qué
El Defensor ha reclamado a la Consejería de Salud y al SAS información “precisa y urgente” en cuatro bloques:
- Motivos de la falta de comunicación: si responde a un protocolo interno, a deficiencias técnicas o a decisiones organizativas.
- Carga asistencial y recursos humanos: número de radiólogos y tiempos de respuesta de los servicios de radiodiagnóstico.
- Evaluación del programa: existencia de mecanismos de control, actualizaciones desde 2022 y funcionamiento de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales.
- Resultado de la auditoría interna ya anunciada por la Junta.
La investigación pretende determinar el alcance sanitario de los errores, su impacto asistencial y las posibles responsabilidades administrativas.
El programa de detección precoz del cáncer de mama está operativo desde 1995 y realiza unas 450.000 mamografías anuales a mujeres de entre 49 y 71 años.
Un programa que atiende a 450.000 mujeres al año
Su objetivo es detectar lesiones en fases iniciales, mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad.
Sin embargo, el Defensor advierte que “no informar a las pacientes con hallazgos dudosos vulnera el derecho a la protección de la salud y la Ley de Autonomía del Paciente”.
“Daños evitables” y derecho a la información
Maeztu subraya que la omisión de resultados clínicos no solo lesiona derechos fundamentales, sino que también genera una “pérdida de oportunidad asistencial”.
Recuerda que el derecho de toda persona a conocer los resultados de sus pruebas está protegido por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.
La institución andaluza afirma que actuará “con independencia y objetividad” para “favorecer decisiones justas” y prevenir nuevos fallos en la comunicación sanitaria.
El Defensor del Pueblo andaluz abre una investigación por los fallos en el cribado de cáncer de mama tras detectarse “graves disfunciones” y alarma social.
Las claves
¿Por qué el Defensor del Pueblo andaluz ha abierto una investigación?
Jesús Maeztu ha iniciado una investigación de oficio tras conocerse los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. El detonante fueron los testimonios de mujeres afectadas y la confirmación de que al menos 2.000 mujeres no recibieron los resultados de sus mamografías.
¿Cuántas mujeres podrían estar afectadas por los errores en el cribado?
El Defensor ha pedido al SAS que aclare el número total de mujeres afectadas. Según los primeros datos, la cifra confirmada supera las 2.000, pero podría ser mayor al revisarse los casos de resultados “no concluyentes” o “dudosos”.
¿Qué pide el Defensor a la Junta de Andalucía?
La institución solicita al Servicio Andaluz de Salud (SAS) información en cuatro bloques: causas de la falta de comunicación, carga asistencial y recursos humanos, evaluación del programa de cribado y resultados de la auditoría interna anunciada por la Consejería.
¿Qué consecuencias puede tener esta investigación?
El objetivo es determinar el alcance sanitario y jurídico de los fallos y garantizar que las mujeres afectadas reciban una reparación justa. Si se detectan deficiencias estructurales, el Defensor podrá recomendar medidas correctoras y responsabilidades administrativas.
¿Qué papel tiene la asociación Amama en este caso?
La asociación Amama, que agrupa a mujeres afectadas por cáncer de mama, fue una de las primeras en alertar públicamente sobre los retrasos y errores en la comunicación de resultados, lo que motivó la intervención de oficio del Defensor.