La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo andaluz “está pendiente de esas 62 familias de Manilva (Málaga)”, actualmente en riesgo de desahucio, y ha subrayado que permanecen a la espera de un informe de vulnerabilidad que debe elaborar el Ayuntamiento para “tomar las decisiones y las medidas” que correspondan dentro de sus competencias.
Díaz ha contestado así a la cuestión planteada por el parlamentario del grupo Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, sobre qué actuaciones prevé la Junta respecto a estas familias tras la venta de sus viviendas a un fondo de inversión. El diputado ha calificado este caso como “el mejor ejemplo de lo que es la especulación” y de cómo esta agrava “el problema principal de la vivienda”.
La titular de Fomento ha incidido en que se trata de “familias que viven en la incertidumbre de no saber si van a poder continuar en sus hogares”. “Esta angustia es real y nosotros somos conscientes de ella”, ha remarcado, explicando que la Delegación Territorial de Málaga recibió del Ayuntamiento de Manilva una solicitud de “ayuda y complicidad en este asunto”.
En este sentido, ha detallado que desde la delegación territorial ya se ha contactado con el alcalde de Manilva “y estamos a la espera de un informe que se está elaborando por parte del Ayuntamiento de vulnerabilidad para poder reunirnos y para poder afrontar y dar posibles respuestas a esta familia”.
Díaz ha insistido en que dicho informe de vulnerabilidad “lo tiene que elaborar el Ayuntamiento” y que, una vez llegue a la Junta, se adoptarán “las decisiones y las medidas que dentro de nuestra competencia tenga esta consejería y que tenga también la Junta de Andalucía en cualquier otra consejería podamos ofrecer”.
La consejera ha recalcado que el conflicto se enmarca en “un procedimiento judicial derivado de una ejecución” y que ninguna administración, “incluida la Junta de Andalucía, puede alterar por sí mismo una resolución de los tribunales”.
Pese a ello, ha puesto el foco en que el Gobierno andaluz mantiene “en todo momento una serie de medidas, como, por ejemplo, las ayudas al alquiler, programas de emergencia habitacional y recursos destinados a evitar que la dificultad económica termine convirtiéndose en pérdida de una vivienda”; iniciativas que, ha añadido, “permiten cubrir rentas, fianzas o gastos iniciales de acceso a una alternativa habitacional”.
Asimismo, ha destacado la coordinación “constante” con los servicios sociales tanto de los ayuntamientos como de la propia Junta de Andalucía “para dar la mejor respuesta posible”. Y ha rematado: “No le quepa la menor duda que este Gobierno responde, que este Gobierno no cierra los ojos ante determinadas circunstancias y que este Gobierno está pendiente de esas 62 familias de Manilva”.
Por otro lado, el parlamentario de Por Andalucía ha criticado que “llegan ustedes tarde con lo del informe de vulnerabilidad” y ha denunciado que en Andalucía “es más fácil comprarse un bloque entero que comprar una vivienda”, al apuntar que el fondo buitre adquiere cada piso por 14.000 euros, mientras “pretende vendérsela a cada familia por 180.000 euros sin haberle cambiado ni un pomo a la puerta”.
“Le dijimos que es tan sencillo prohibir la especulación, que además es un mandato constitucional y del Estatuto de Autonomía, como simplemente hacer un desarrollo constitucional, que era decir que si no modifica en ningún caso la vivienda que usted pretende vender porque la ha adquirido en propiedad, usted no puede venderla ni un euro más cara de la que la ha adquirido”.
Gómez Jurado ha advertido de que “por no regular esa especulación ahora nos vemos en esta situación; 300 personas ahora mismo están en riesgo de ser desahuciadas y de no haber sido por el temporal ahora mismo estarían en la calle”. “Llegan ustedes tarde a la regulación y a prohibir la especulación”, ha reiterado.
Ha recordado, además, que su grupo presentó una enmienda en la que describían “exactamente lo que había pasado en Manilva y lo que sigue pasando en muchos territorios de Andalucía”. “Señora consejera, han sido ustedes irresponsables y ahora 300 familias corren un riesgo por su irresponsabilidad”, ha zanjado el diputado.