El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la reforma de la Ley de Memoria Democrática que abre la puerta a indemnizar a personas asesinadas o que padecieron lesiones graves por la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, entre ellas Manuel José García Caparrós. La convalidación ha salido adelante con el respaldo de los socios habituales del Ejecutivo, la abstención de Junts y el voto en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
Tras la negociación con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG han apoyado el decreto a cambio de que sus reivindicaciones se incorporen posteriormente, ya que el texto continuará su tramitación como proyecto de ley.
Torres ha solicitado de forma expresa que esas enmiendas se registren en un plazo de dos o tres semanas, aunque ello no asegura que lleguen a debatirse. En esta legislatura son numerosos los proyectos de ley procedentes de decretos que han quedado paralizados en el Congreso, incluso contando con enmiendas presentadas.
Podemos, Bildu y el BNG han insistido en la necesidad de extender el periodo temporal fijado en la reforma para que puedan reconocerse indemnizaciones por fallecimientos o lesiones incapacitantes hasta el 31 de diciembre de 1983, puesto que la propia Ley de Memoria admite que pudieron producirse vulneraciones de Derechos Humanos hasta esa fecha.
MÁS PLAZO PARA SOLICITARLO
Esquerra ha anunciado además un entendimiento con Torres por el que el Gobierno se comprometería a aceptar ese límite temporal, a ampliar el plazo para pedir las ayudas —que pasaría de uno a tres años— y a revisar y suavizar los requisitos de acceso para evitar lo que consideran “exclusiones injustas” y garantizar que casos emblemáticos de la represión, como el de los familiares de Salvador Puig Antich, puedan ser reconocidos.
Preguntado por ese compromiso para extender la aplicación hasta hechos ocurridos hasta el 31 de diciembre de 1983, el ministro ha confirmado que esa es la promesa trasladada a ERC, aunque ha recordado que el texto debe superar el trámite parlamentario y que será imprescindible el respaldo de los distintos grupos.
Al mismo tiempo, el titular de Memoria Democrática ha criticado el rechazo de Vox y, de forma especial, el del PP. “No se entiende que un demócrata no vote a favor de reconocer a quienes pelearon para recuperar la democracia”, ha manifestado en los pasillos del Congreso.
JUNTS QUIERE INCLUIR A MIEMBROS DE BANDAS ARMADAS
“Ellos creían que con sus votos en contra y el de algún partido más esto iba a decaer, pero les ha salido el tiro mal y yo me alegro muchísimo por la democracia y por las personas que van a recibir esta compensación”, ha añadido Torres.
Durante el debate, Junts no había avanzado el sentido de su voto y un rechazo suyo habría tumbado el decreto ley. El diputado de Junts Josep María Cervera ha denunciado que con esta reforma el Gobierno ha dado un “salto hacia atrás” al dejar fuera de la ley a los “guerrilleros de muchas y variadas ideologías antifranquistas”.
A su juicio, es “legítimo” plantearse “si una democracia puede negar el reconocimiento a quienes contribuyeron, aunque fuera por medios armados, a combatir una dictadura”.
CAPARRÓS Y OTRAS VÍCTIMAS
Con el cambio legal convalidado este jueves, en vigor desde comienzos de marzo, se podrá indemnizar, por ejemplo, a Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la Policía durante una manifestación por el Estatuto de Autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977.
La Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya preveía compensaciones económicas para quienes fallecieron en defensa de la democracia, pero sólo para los muertos entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, año en que se aprobó la Ley de Amnistía.
Aquellas indemnizaciones se desarrollaron mediante un decreto ley de 2008, que también contempló como beneficiarios a quienes sufrieron lesiones incapacitantes en el marco de su lucha por las libertades y los derechos fundamentales.
Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática de 2022, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, derogó por completo la norma de 2007, dejando fuera a las víctimas mortales y a quienes padecieron lesiones graves en la represión del tardofranquismo. Por ello el Ejecutivo ha vuelto a modificar la ley para introducir una nueva disposición adicional que ampare a este colectivo y amplíe el periodo de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.
250.000 EUROS
El decreto ley también actualiza las cuantías fijadas en 2008. Así, los beneficiarios de las personas fallecidas en estas circunstancias podrán recibir 250.000 euros, “en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte”. La norma veta de forma expresa que se indemnice a miembros o familiares de miembros de “bandas o grupos armados terroristas”.
Como posibles perceptores se contemplan los hijos y el cónyuge o quien hubiera convivido con la persona fallecida en una relación de afectividad análoga y, de forma subsidiaria, en ausencia de los anteriores, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona, siempre que por los mismos hechos no se haya cobrado ya una indemnización, sin perjuicio de las actualizaciones correspondientes.
En el caso de quienes sufrieron lesiones incapacitantes, las cantidades se elevan a 180.000 euros para la incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros cuando se trate de una gran invalidez.