El Pleno del Congreso afrontará este jueves el debate para convalidar el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 3 de marzo, con el que se retoca la Ley de Memoria Democrática a fin de permitir compensaciones económicas a quienes lucharon por las libertades y perdieron la vida o sufrieron daños graves durante la represión del tardofranquismo.
La norma está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero ahora corresponde a la Cámara Baja decidir si la confirma o, por el contrario, la tumba. Con esta reforma se abre la puerta a indemnizar, entre otros, a Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo policial en una manifestación por la autonomía andaluza en Málaga el 4 de diciembre de 1977.
La Ley de Memoria Histórica de 2007, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya preveía compensaciones para quienes fallecieron en defensa de la democracia, aunque limitadas a quienes murieron entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, año en el que se aprobó la Ley de Amnistía.
Las compensaciones se articularon a través de un decreto ley de 2008, que también incluyó como beneficiarios a quienes padecieron lesiones incapacitantes en el marco de su compromiso con las libertades y los derechos fundamentales.
Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática de 2022, ya con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dejó sin efecto por completo la norma de 2007 y, con ello, los fallecidos y heridos graves en la represión del final del franquismo quedaron excluidos. Para corregir esta situación, el Gobierno introduce ahora una nueva disposición adicional que ampara a este colectivo y amplía el periodo de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, día de entrada en vigor de la Constitución.
Indemnizaciones de hasta 500.000 euros
El decreto ley revisa al alza las cuantías fijadas en 2008. Así, los beneficiarios de quienes murieron en las circunstancias descritas podrán recibir 250.000 euros, “en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte”. El texto veta de forma expresa cualquier compensación a miembros o familiares de miembros de “bandas o grupos armados terroristas”.
Se contemplan como posibles perceptores los hijos y el cónyuge o la persona que hubiera convivido con la víctima con análoga relación de afectividad y, de forma subsidiaria, en ausencia de los anteriores, los padres, nietos, hermanos y los hijos de la persona fallecida, siempre que por esos mismos hechos no se haya cobrado ya una indemnización, sin perjuicio de las actualizaciones que procedan.
En el caso de quienes sufrieron lesiones incapacitantes, las compensaciones se fijan en 180.000 euros para la incapacidad permanente absoluta y en 500.000 euros cuando las secuelas hayan provocado una gran invalidez.