La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de Ley impulsada por Sumar en la que se reclama al Gobierno que reúna a todas las administraciones públicas presentes en la Fundación Casa de Medina Sidonia --Ministerio, Junta, Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda-- con el fin de pactar y llevar a cabo las actuaciones necesarias para lograr la titularidad pública de los bienes que integraban la dotación de dicha Fundación hasta la sentencia de junio de 2018, es decir, antes de que los hijos de la duquesa pasaran a ostentar el derecho de propiedad sobre dos tercios de ese patrimonio.
En el texto de la iniciativa, que ha salido adelante con 33 votos favorables y solo tres en contra, Sumar rememora que la Fundación Casa de Medina Sidonia fue creada en 1990 por su promotora, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, con el objetivo, entre otros, de garantizar la conservación en las mejores condiciones posibles de su patrimonio. Entre los bienes más relevantes figuran el Palacio de los Guzmán, declarado Bien de Interés Cultural en 1978, y el Archivo General de la Fundación, integrado por 6.318 legajos que reúnen la documentación generada y recibida durante siglos por los distintos titulares de las diversas Casas que acabaron incorporándose a la de Medina Sidonia.
La proposición no de Ley rememora también que la Audiencia Provincial de Cádiz, tras una demanda, dictaminó el 22 de junio de 2018 que dos tercios de los bienes dotacionales de la Fundación pertenecen a los tres hijos de la fundadora y el tercio restante sigue siendo de la Fundación Casa Medina Sidonia.
Como consecuencia, Sumar advierte de que, ante la situación creada, los bienes se encuentran en una “incertidumbre impropia de sus características, con una complejísima gestión y que debe preocupar por su seguridad, conservación, investigación y difusión”.
“El peligro que eso supone en el presente y en el futuro inmediato merece la atención de las administraciones y dado que desde el principio de su creación la fundación ha tenido una vocación pública, y de esa vocación ha participado esas mismas administraciones requiere una urgente intervención de las mismas”, ha defendido Sumar, que ha añadido que con objeto de conseguir una gestión única de ese patrimonio “es necesario que una institución participada por los mismos patronos públicos que ahora participan en la Fundación obtenga los bienes que la sentencia ha separado”.
En consecuencia, la iniciativa emplaza al Gobierno a convocar al Ministerio de Cultura, a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Cádiz y al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para acordar y poner en marcha las actuaciones que permitan alcanzar la titularidad pública de los bienes afectados.
Tras la aprobación, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso, Toni Valero, que ha defendido la proposición en la Comisión de Cultura, ha subrayado que esta semana del 28 de febrero su grupo quiere “hablar de Andalucía de verdad, no de la Andalucía de la foto y la bandera, sino de la que se defiende con hechos” y por ello han promovido que se impulse la titularidad pública del Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, porque “el andalucismo no es envolverse en la bandera mientras se descuida el patrimonio documental sino que se demuestra protegiendo la historia con recursos y con hechos”.