La Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de PP, Vox y PNV, una Proposición no de Ley (PNL) registrada por el Grupo Sumar que buscaba poner en marcha un comisionado específico encargado de coordinar a las distintas administraciones públicas y articular una “respuesta integral” a la realidad de la población temporera en la provincia de Huelva.
En su intervención, el diputado de Sumar Francisco Sierra, encargado de defender la iniciativa, ha indicado que con esta propuesta se pretende afrontar “una situación que es indignante de los derechos humanos fundamentales”, recordando que “no hay frutos rojos sin temporeros, pero sí hay temporeros sin techo, sin agua o sin electricidad”. “Reclamamos trabajo decente, vida digna para miles de temporeros que cada temporada sostienen con el esfuerzo de sus manos uno de los pilares económicos más importantes de nuestra tierra”, ha añadido.
Sierra ha descrito los asentamientos chabolistas como expresión “de la previvencia en Andalucía, de un depredador colonialismo interno y una explotación intensiva de la tierra y del trabajo, imponiendo condiciones infrahumanas de un modelo extractivista que utiliza la mano de obra cuando la necesita, pero mira hacia otro lado cuando esas mismas personas buscan techo digno”.
Ha precisado que la propuesta responde a una reivindicación de las ONG que actúan sobre el terreno y “da respuesta a las demandas del Consejo de Europa, que con razón ha criticado la inacción de las autoridades”.
Según ha expuesto, esta figura “debe ser creado a fin de cumplir con lo acordado entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de Andalucía”, es decir, “soluciones habitacionales, sostenibles, regularización de derechos, programas de sensibilización y educación, protección de mujeres y niños y, fundamentalmente, hacer valer la ley”.
Ha insistido en que “se trata de una propuesta justa, urgente, muy necesaria en la región para no repetir situaciones de vergüenza pública a nivel internacional, como la del informe de Naciones Unidas sobre la inhumanidad y el proceder ignominioso de algunos actores locales ante los trabajadores temporeros, que son la fuente de riqueza del territorio. No nos lo podemos permitir y estamos hablando de un sector estratégico desde el punto de vista económico”.
El diputado ha aludido también al último informe de Frontera Sur de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, que “confirma que no se han avanzado medidas” y “se han agravado las condiciones debidas de los trabajadores en la agricultura intensiva en la zona”.
Asimismo, ha recordado que el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Junta de Andalucía en el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Sostenible y Territorial de Doñana, dotado con 350 millones para actuaciones en el entorno y, en particular, para la línea 13 destinada a mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de los temporeros, “está por realizar”.
Enmienda del PSOE
El PSOE ha respaldado la PNL, pero ha incorporado una enmienda que Sumar ha aceptado, al entender que la constitución de ese comisionado “se debe hacer en colaboración con todas las administraciones públicas”, puesto que “todas tienen de alguna manera competencia, los ayuntamientos o en este caso la Junta de Andalucía”.
En esta línea, el diputado socialista Juan Antonio González ha defendido que es “necesario” avanzar en la creación de un comisionado “con las mismas características que el que apunta el Grupo Sumar pero que en este caso el alcance sea estatal en coordinación también con las comunidades autónomas y las entidades locales y un comisionado específico destinado a personas en situación de pobreza o exclusión social que también residan en el país”.
González ha destacado además que Huelva y sus agricultores son “un ejemplo de buena agricultura”, subrayando que “la mitad de la mano de obra es inmigrante” y que “sin ella las campañas serían inviables”, por lo que, a su juicio, se trata “un ejemplo más de que, frente a los discursos xenófobos, la inmigración no es un problema”.
Rechazo de Vox y PP
En el turno en contra, el diputado de Vox Jorge Campos ha calificado la propuesta de “falsa”, al considerar que “la situación que refleja sencillamente no existe”, motivo por el que su grupo ha votado en contra de la PNL.
Campos ha defendido que el sector de los frutos rojos “realiza 164.000 contratos”, de los que “tan solo 13.000 son extranjeros, es decir, menos del 10%”. “Esta es la realidad”, ha remarcado.
Ha añadido que estas contrataciones se efectúan en origen, de forma que “los extranjeros, cuando terminan la campaña, vuelven a sus países” y que ello “se recoge precisamente en la orden GECO que aprobó el Gobierno”, por lo que, según ha indicado, en las campañas “no se puede contratar de manera ilegal”.
También ha cuestionado la cifra de 5.000 personas en los asentamientos que Sumar menciona en la moción, afirmando que “aglutinan realmente entre 1.200 y 1.400 personas, según datos oficiales de la Junta de Andalucía”, y ha sostenido que estas personas “no son temporeras”, insistiendo en que “el convenio del campo obliga a proporcionar alojamiento gratuito” y que los temporeros “cobran el salario mínimo interprofesional que el mismo Gobierno aprobó”. “Los asentamientos deben desaparecer y ustedes del Gobierno también”, ha concluido.
Por parte del PP, la diputada Bella Verano ha señalado que este asunto le afecta “muy de cerca”, al ser de Lepe (Huelva), “municipio referente del sector, junto a Cartaya, Bonares, Lucena, Palos de la Frontera o Moguer, entre otros”. Ha recordado que ha abordado esta problemática tanto como concejal del Ayuntamiento lepero como en su etapa de delegada de la Junta en Huelva, y ha asegurado que “se ha trabajado mucho para ayudar a estas personas a que se incluyan en la vida de los ciudadanos de Huelva”.
Ha indicado que los asentamientos “existen hace más de 30 años”, pero que la Junta de Andalucía “nunca ha hecho absolutamente nada”, y que fue tras la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz cuando “por primera vez en la historia se aprobó en Consejo de Gobierno la formulación del primer plan de erradicación de asentamientos en Andalucía”.
Según ha explicado, “la Junta está ahora mismo en la redacción y en la ejecución de ese plan, pero para ello hay que negociar con las administraciones que están implicadas. Pero llevamos mucho tiempo perdido esperando al Gobierno de España para que se una a este plan pese a las peticiones”.
Ha apuntado que “el único avance” con el Ejecutivo central ha sido el relativo a Doñana, aunque “no todos los asentamientos están ahí”. También ha criticado que el protocolo firmado por el Gobierno y la Junta de Andalucía para los asentamientos “ha quedado también en papel mojado”. “Solo ha habido dos subvenciones, a Lepe y a Moguer, pero estos se han anulado y no se ha dado una solución”.
“La Junta de Andalucía ahora mismo es la única que sigue trabajando y aportando recursos, por lo que esta PNL es una cortina de humo”, ha finalizado.