El Gobierno registra más de 1.300 episodios violentos en campos de fútbol de Andalucía desde 2018 hasta 2025

Andalucía concentra 1.333 infracciones violentas en campos de fútbol desde 2018, el 21% del total nacional, con Sevilla, Cádiz y Málaga a la cabeza.

2 minutos

El Gobierno registra más de 1.300 episodios violentos en campos de fútbol de Andalucía desde 2018 hasta 2025

Publicado

2 minutos

El Gobierno ha registrado más de 1.300 episodios violentos ocurridos en campos de fútbol de la comunidad autónoma de Andalucía entre 2018 y septiembre de 2025, de los cuales más de la mitad —en concreto, 838— se concentran en las provincias de Sevilla (388), Cádiz (253) y Málaga (197).

Estos datos figuran en el anexo de una respuesta del Ejecutivo, consultada por Europa Press, a una pregunta escrita presentada por diputados del PP en el Congreso acerca de los actos violentos producidos en eventos deportivos celebrados en campos de fútbol en España.

En la contestación se detallan “los datos disponibles en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sobre actos violentos en eventos deportivos en campos de fútbol, que son los mayoritarios en España”, según se indica en la propia respuesta, donde se integran las cifras remitidas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales que aportan información a dicho sistema.

En conjunto, el Gobierno suma en las ocho provincias andaluzas hasta 1.333 “infracciones penales conocidas por delitos contra las personas y la libertad en lugar 'campo de fútbol'”, tal y como se especifica en el encabezado de una tabla adjunta, que distribuye los registros por provincia y por año entre 2018 y el periodo enero-septiembre de 2025.

Estas infracciones abarcan delitos como homicidio doloso, lesiones y riña tumultuaria dentro del bloque de ilícitos “contra las personas”, así como amenazas, coacciones, acoso contra la libertad de las personas, vejaciones leves y trato degradante en el apartado de delitos “contra la libertad”.

Por provincias, la que acumula un mayor número de “infracciones” —tanto contra las personas como contra la libertad— es Sevilla, con 388, seguida de Cádiz, con 253, y Málaga, con 197. Entre las tres suman 838 casos, más de la mitad del total andaluz.

A continuación se sitúan Córdoba, con 122 infracciones; Granada, con 113; Almería, con 112; Jaén, con 76, y Huelva, que presenta la cifra más baja, con 72 episodios contabilizados.

Entre enero y septiembre de 2025 se anotaron 18 infracciones en Almería, 47 en Cádiz, 16 en Córdoba, 21 en Granada, nueve en Huelva, once en Jaén, 34 en Málaga y 48 en Sevilla.

La provincia de Sevilla ha liderado los registros andaluces en casi todos los ejercicios analizados, salvo en 2019, cuando Cádiz encabezó la estadística con 33 infracciones, dos más que Sevilla. En 2018, la provincia sevillana acumuló 35 infracciones; 16 en 2020; 36 en 2021; 62 en 2022; 65 en 2023; 95 en 2024 y 48 en los primeros nueve meses de 2025.

Las 1.333 infracciones contabilizadas por el Ejecutivo en Andalucía en el periodo estudiado suponen el 21 por ciento del total de 6.255 registradas en el conjunto de España desde 2018, de acuerdo con los mismos datos, que a nivel estatal recogen 575 en 2018; 634 en 2019; 233 en 2020; 485 en 2021; 887 en 2022; 1.198 en 2023; 1.274 en 2024 y 969 en los nueve primeros meses de 2025.

Sanciones y papel de la Comisión Antiviolencia

Por otra parte, “en lo relativo a propuestas de sanción por parte de la Comisión Antiviolencia”, el Gobierno precisa que, “de acuerdo con la información de que dispone el Consejo Superior de Deportes, el fútbol profesional masculino es el más afectado por esta circunstancia”.

Asimismo, la respuesta subraya que “la investigación, calificación y conocimiento de hechos delictivos corresponde a la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la autoridad judicial competente, y que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, cuya presidencia ostenta actualmente el Ministerio del Interior, únicamente es competente para proponer sanciones por infracciones administrativas de ámbito estatal”.