El Pleno del Parlamento andaluz ha dado este miércoles, 25 de febrero, el visto bueno definitivo al proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), que ha quedado aprobado únicamente con los votos favorables del PP-A y el rechazo de todos los grupos de la oposición, es decir, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
Este proyecto normativo fue avalado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre y ha culminado ahora su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, incorporando a última hora cuatro enmiendas del Grupo Socialista que han contado con el respaldo del PP-A.
La nueva legislación se articula en 197 artículos distribuidos en nueve títulos, a los que se suman cinco disposiciones adicionales, cinco transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
Al término del debate final, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha intervenido desde la tribuna del Pleno para agradecer la labor de todas las personas que han participado en la redacción de la ley y remarcar la “convicción” del Gobierno andaluz de que “la sostenibilidad y el medio ambiente es un compromiso firme con el presente y el futuro de nuestra tierra”.
La consejera ha sostenido que la norma nace con la “vocación inequívoca” de “proteger mejor el medio ambiente andaluz, garantizándolo y, al mismo tiempo, con procedimientos mucho más eficaces y ágiles”, y ha puesto en valor que uno de sus “grandes logros” es “haber sabido equilibrar protección ambiental y simplificación administrativa”.
En este sentido, ha incidido en que la ley “clarifica procedimientos, evita duplicidades, ordena los instrumentos de intervención ambiental sin rebajar para nada la exigencia de estándares de protección”, para añadir a continuación que “se refuerzan los mecanismos de evaluación ambiental estratégica y de proyectos, se precisan los supuestos de aplicación y se fortalecen los sistemas de inspección y de control”.
Además, la titular de Sostenibilidad ha defendido que “la evaluación ambiental se consolida como una herramienta esencial para adoptar decisiones basadas siempre en criterios técnicos”, lo que, según ha destacado, aporta “confianza a la ciudadanía, seguridad jurídica a las empresas y eficiencia a las administraciones públicas”.
Tras afirmar que “proteger el medio ambiente no es un obstáculo al desarrollo”, sino “la condición indispensable para que ese desarrollo sea duradero y responsable”, la consejera ha señalado que la ley “también debe ser considerada como una nueva oportunidad para compatibilizar la sostenibilidad ambiental y las nuevas oportunidades de desarrollo técnico”, y se configura como “una herramienta al servicio de todos los andaluces” ante “desafíos importantes” como el “cambio climático”, la “pérdida de biodiversidad” y la “transición hacia modelos productivos más sostenibles”.
“Con esta ley, Andalucía se dota de un marco moderno, coherente y garantista para abordar estos retos con planificación, con mucho rigor técnico y con mucha responsabilidad institucional”, ha concluido Catalina García.
“Estrategia Marco de Medio Ambiente” y nuevo consejo asesor
Entre las novedades más relevantes, la norma contempla la creación de la Estrategia Marco de Medio Ambiente, concebida como “instrumento de planificación estratégica de referencia para Andalucía”. Asimismo, se impulsa el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituirá al actual Consejo Andaluz del Medio Ambiente e integrará a los agentes sociales y económicos “más relevantes”, junto con representantes de las entidades locales.
La ley apuesta igualmente por reforzar la coordinación entre administraciones, intensificando la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para “evitar retrasos y conflictos competenciales”, según destacan desde la Junta.
Participación ciudadana y nueva Licencia Ambiental
En el ámbito de la implicación social, la norma prevé la creación de un Registro de Participación Ciudadana en materia ambiental y fomenta “convenios, instrumentos voluntarios de mejora ambiental y mecanismos de colaboración público-privada”. Además, amplía las funciones de las entidades colaboradoras en calidad ambiental, que podrán asumir “tareas de verificación documental, apoyo en inspecciones y control de subvenciones, siempre bajo supervisión de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente”.
El texto introduce también la figura de la Licencia Ambiental, que reemplaza a la antigua Calificación Ambiental de competencia municipal. De este modo, lo que antes se tramitaba como Calificación Ambiental (CA) pasa, en numerosos supuestos, a resolverse mediante Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), lo que supone que la Junta asume la resolución de 49 categorías de actuaciones que antes estaban en manos de los ayuntamientos.
Otras 33 categorías se simplifican y pasan a someterse a la Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DR-EA). Además, cuando una declaración responsable afecte a dos municipios, se tramitará como dos declaraciones independientes, “garantizando una correcta gestión en cada término municipal”.
Simplificación de plazos y refuerzo del control
Desde el Gobierno andaluz subrayan que uno de los avances más significativos de la Legam es la “reducción significativa de los tiempos de tramitación de las autorizaciones e instrumentos de prevención ambiental”.
Los nuevos plazos se fijan en seis meses para la Autorización Ambiental Integrada, cinco meses para la Autorización Ambiental Unificada Simplificada, tres meses para la Licencia Ambiental y efectos inmediatos en el caso de la Declaración Responsable de los Efectos Ambientales.
La Junta destaca igualmente que la ley “refuerza la inspección, vigilancia y control ambiental con un nuevo marco regulador que precisa las competencias, la planificación y el ejercicio de la función inspectora”.
Asimismo, el texto actualiza el régimen sancionador, revisando cuantías, tipologías y competencias. Incorpora la prestación ambiental sustitutoria, una figura novedosa que permitirá canjear una sanción económica por actuaciones de restauración, conservación o educación ambiental, con el objetivo de reforzar el carácter reparador y pedagógico de las sanciones.
Por último, se revisan las disposiciones sobre responsabilidad medioambiental “en coherencia con la legislación básica estatal”, e incluye nuevas obligaciones y garantías financieras para las actividades que puedan generar riesgo ambiental.