El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado este miércoles su visto bueno definitivo a la proposición de Ley del tercer sector de acción social en la comunidad, registrada de forma conjunta por los grupos de PP-A, PSOE-A y Mixto-Adelante Andalucía. No obstante, este último grupo ha optado por la abstención en la votación final, al igual que Por Andalucía, mientras que Vox ha expresado su rechazo con un voto en contra.
El texto legislativo, que ya superó su toma en consideración el pasado 10 de septiembre y cuenta con el respaldo del Consejo de Gobierno, persigue, “entre otros extremos, dar cobertura a determinadas necesidades, como la de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tercer sector social en el diseño de las políticas sociales para responder a los desafíos de una sociedad global”.
La norma se articula en tres capítulos que agrupan un total de doce artículos, a los que se añaden tres disposiciones adicionales, una derogatoria y otras tres disposiciones finales.
El objetivo central de la iniciativa es “configurar y definir el tercer sector social de Andalucía a través de las organizaciones y redes que lo conforman, y adoptar y promover medidas orientadas a fortalecer dichas organizaciones y redes a fin de impulsar la cooperación y colaboración de las organizaciones entre sí, con el sector público y el tejido empresarial, para promover su participación y contribución en el ámbito de la intervención social en general y, específicamente, en las políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionados con dicho ámbito”.
El texto incluye dentro de la consideración de “parte del tercer sector social de Andalucía” a “las organizaciones de iniciativa social, con sede y actividad en Andalucía, cuya finalidad principal es promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia, o cualquier otra actividad contenida en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía”.
La ley precisa los requisitos que debe reunir una entidad para integrarse en el “tercer sector social”, entre ellos que esté formada “total o parcialmente, por personas voluntarias o asociadas”, que no persiga la “obtención de beneficios económicos” y que los que “eventualmente obtenga” se reinviertan “en la actividad que le sirve de objeto” y no se distribuyan “entre sus socios”.
Asimismo, establece los “principios de actuación” que han de respetar las organizaciones del tercer sector social andaluz, donde se incluyen los de “solidaridad y justicia” y “responsabilidad pública y corresponsabilidad en la inclusión social”, y reconoce a estas entidades el “derecho a participar en las políticas públicas que les conciernen en todas sus fases, incluida la fase de ejecución, (...) sin menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órganos de gobierno de cada institución”.
El articulado prevé igualmente que “el Gobierno andaluz, a través de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía u organismo que la sustituya, mantendrá un diálogo permanente, operativo y bidireccional con las redes del tercer sector social de Andalucía respecto a la acción de gobierno, así como respecto a la acción de las organizaciones y redes, en el ámbito de la intervención social, que se traduzca en iniciativas concretas a impulsar por cualquiera de las partes o en colaboración, realizando un seguimiento y evaluación de las mismas”.
Esa comisión, según se especifica, “se reunirá, en sesión ordinaria, tres veces al año, con periodicidad cuatrimestral, y, en sesión extraordinaria, cuando así lo decida la presidencia, a iniciativa propia o a instancia de, al menos, la mitad de las vocalías”.
Medidas de impulso y creación del Observatorio Andaluz
La nueva ley insta además a las “administraciones públicas de la región, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normativa básica que sea de aplicación”, a poner en marcha diversas “medidas de promoción del tercer sector social”. Entre ellas, “introducir en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, aquellos contenidos y referencias al tercer sector social precisos para su justa valoración como vía de participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se integra la sociedad civil”, así como “reconocer” a estas entidades “la condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente”.
El texto contempla igualmente la puesta en marcha del ‘Observatorio Andaluz del Tercer Sector Social’, “dependiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales”, concebido como “un instrumento técnico de la Junta de Andalucía encargado de la recopilación, sistematización, actualización y generación de información y conocimiento, así como de su difusión, en las esferas relacionadas con el tercer sector social y con las organizaciones y redes integradas en él”.
Además, se fija el compromiso del Ejecutivo autonómico de elaborar y aprobar, “en el plazo de un año contado desde la fecha de entrada en vigor” de la ley, la “estrategia de promoción del tercer sector social de Andalucía” prevista en la iniciativa consensuada por PP-A, PSOE-A y Adelante Andalucía.
Posiciones de los grupos parlamentarios
En la sesión plenaria en la que se ha abordado el debate final de la proposición, celebrada en el último Pleno del actual periodo de sesiones del año 2025, han tomado la palabra, en representación de los grupos impulsores, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Maribel Lozano; el diputado del PSOE-A José Luis Ruiz Espejo y la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza.
Por su parte, la diputada de Vox Ana María Ruiz ha explicado el voto negativo de su formación a la ley “por respeto a los andaluces y por responsabilidad política”, al considerar que esta propuesta “nace mal planteada, mal definida y, sobre todo, profundamente desconectada de la realidad social de nuestra tierra”.
En esa línea, ha reprochado que la norma “pretende otorgar un reconocimiento institucional amplio y difuso a un tercer sector social que ni siquiera queda claramente definido” en su articulado, y que “se alinea de forma explícita” con la Agenda 2030, “un marco ideológico global que no ha sido sometido ni siquiera al debate democrático real de los ciudadanos españoles, y que se utiliza cada vez con más frecuencia como excusa para imponer políticas que nadie ha votado en España, y que no responde a nuestras prioridades más urgentes”.
Finalmente, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha remarcado que su grupo decidió no sumarse a los promotores iniciales al entender que el texto “carecía de elementos que le dieran seguridad jurídica al Tercer Sector”, aunque apoyó su tramitación parlamentaria confiando en que, mediante enmiendas parciales, “se solventarían algunos de los problemas que tenía, tanto de rigor jurídico y técnico como de ambición política, que es absolutamente inseparable de los objetivos que animaron al Tercer Sector a traer este texto” a la Cámara.
No obstante, ha lamentado que el proyecto que ha llegado a la votación final “prácticamente” es “lo mismo que entró a la Cámara”, de modo que “no ha resuelto los problemas legales que tenía” ni ofrece al Tercer Sector “ninguna expectativa de garantía de viabilidad futura y de resolución de los problemas que, paradójicamente, les llevaron a traer un texto” para la aprobación de esta ley.