El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado este miércoles el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Patrimonio de Andalucía gracias a la mayoría absoluta del PP-A, frente a la abstención de Vox y el rechazo de PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. La norma nace con la finalidad de impulsar el uso y la puesta en valor de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la comunidad autónoma, renovando un marco jurídico que llevaba casi cuarenta años vigente e incorporando “los más modernos instrumentos jurídicos que permitan una gestión bajo máximas de eficacia y eficiencia del patrimonio autonómico, uno de los más grandes del país”.
Desde el Ejecutivo andaluz ya destacaron en septiembre, cuando dieron “luz verde” al anteproyecto en el Consejo de Gobierno, que esta regulación persigue “garantizar la transparencia y simplificar la gestión administrativa, así como asegurar un modelo sostenible en el uso de los bienes públicos”.
La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, defendió el texto en el tramo final del debate antes de la votación, subrayando que esta ley “marca un hito para Andalucía” y trasladando su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible su aprobación. Según remarcó, se trata de un texto “sólido, bien construido y útil”.
La titular de Hacienda recalcó que la ley responde “de un compromiso” del presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuyo propósito no es “vender patrimonio”, sino “protegerlo” y ponerlo “al servicio de todos”.
La nueva regulación amplía el concepto de patrimonio de la comunidad autónoma, integrando el conjunto de bienes y derechos titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, y articula mecanismos específicos que “garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de Andalucía”. Asimismo, “potencia la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el del parque móvil de la comunidad, además de establecer un régimen jurídico específico para prolongar la vida útil de bienes muebles obsoletos, priorizando su reutilización y reciclaje”.
De este modo, el texto legal “se alinea con los principios de eficacia, eficiencia, economía y racionalidad organizativa, publicidad. transparencia, colaboración, coordinación y control que deben inspirar la regulación en orden a la correcta administración, defensa y conservación del patrimonio”.
Sustituye a la Ley de 1986 y se adapta al marco jurídico actual
La anterior Ley de Patrimonio de Andalucía databa de 1986 y, desde entonces, se habían ido aprobando distintas normas que incidían, de forma directa o indirecta, en el régimen patrimonial autonómico. Este contexto, según la Junta, justificaba la necesidad de un nuevo texto, que ahora recibe el respaldo definitivo de la Cámara.
El Gobierno andaluz cita, entre otras referencias, el Decreto ley 3/2024, de 6 de febrero, sobre medidas de simplificación y racionalización administrativa para mejorar la relación de la ciudadanía con la Administración de la Junta de Andalucía y favorecer la actividad económica en la comunidad. Esta disposición queda integrada en la nueva Ley de Patrimonio, “adaptada a la realidad jurídica actual y que, además, permitirá poner orden en el amplio catálogo de patrimonio público de Andalucía”.
En esta línea, la ley incorpora actuaciones para “agilizar y reducir al mínimo los trámites en operaciones patrimoniales, eliminando duplicidades y asegurando mediante herramientas digitales una gestión más ágil y coordinada en beneficio de los ciudadanos”.
La norma también “apuesta por la transparencia y participación”. Por primera vez, la Junta de Andalucía habilitará una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, alojada en su portal web, que incluirá un inventario completo de los inmuebles propiedad de la Junta y de sus entes dependientes. Este espacio ofrecerá información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y otros posibles usos de dichos bienes.
El texto introduce igualmente la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, que permitirá a las administraciones territoriales andaluzas instar a la Junta a mejorar el uso de bienes patrimoniales situados en su término municipal. Así, un ayuntamiento podrá solicitar que se recupere para su uso un inmueble en desuso.
Del mismo modo, se refuerzan los procedimientos de concurso y el negociado con concurrencia y publicidad, y se incorpora como novedad la consulta de interés de mercado, destinada a obtener información directa del tejido empresarial y de la sociedad civil para concretar, optimizar o mejorar determinados proyectos y preparar los correspondientes procesos de adjudicación.
La ley, además, “se ajusta a los principios de la economía circular en la gestión de los bienes muebles de la Junta de Andalucía”, configurándose como “pionera en la implantación de los más altos estándares medioambientes en la gestión patrimonial y el fomento del uso eficiente y la extensión de la vida útil de aquellos bienes muebles”.
‘Bolsa de segunda oportunidad’ y régimen sancionador
En aplicación de estos principios, se pondrá en marcha una “bolsa de segunda oportunidad” para dar un nuevo destino a mobiliario, equipos informáticos, vehículos y otros enseres, priorizando su reutilización, reparación o reciclaje. Por ejemplo, los vehículos próximos al final de su vida útil podrán emplearse en la formación de alumnos de ciclos formativos. Cuando no sea posible su reutilización, los bienes se podrán ceder gratuitamente a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o gestores de residuos autorizados.
Por último, la ley fija la obligación de proteger el patrimonio autonómico y los deberes de colaboración, e incorpora por primera vez en Andalucía un régimen de infracciones y sanciones frente a los daños y ataques que pueda sufrir el patrimonio de titularidad de la comunidad.