El Pleno del Parlamento andaluz ha sacado adelante este miércoles la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) gracias, exclusivamente, a la mayoría absoluta del PP-A, después de que los cuatro grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, se posicionaran en contra.
Tras la votación, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado ante la Cámara que se ha trabajado "para conseguir el máximo consenso posible, para conseguir el máximo apoyo posible y, además, para intentar tener la mejor ley posible para Andalucía". Ha expresado su agradecimiento a todas las formaciones por el trabajo realizado y por haberse mostrado abiertas al diálogo y a la búsqueda de entendimientos.
Gómez Villamandos ha defendido que se trata de una ley que "da estabilidad al sistema universitario andaluz, especialmente al sistema universitario público", en el que las universidades públicas "ganan en autonomía" en materia de política de personal, en la ordenación académica y en la planificación de la organización departamental, al tiempo que se blindan los derechos del estudiantado.
Durante el debate parlamentario, el diputado del PSOE-A Antonio Ruiz Sánchez ha reprochado que la LUPA fija un trato desigual entre universidades públicas y privadas. Según ha señalado, "A las universidades públicas se les exige mucho en investigación, en transferencia y en transparencia y, en cambio, a las privadas se les exige muy poco en investigación, poquísimo en transferencia y casi nada en transparencia".
En la misma línea crítica, ha denunciado que hay "Guantes de seda para las universidades privadas, pocas exigencias para ellas y, sin embargo, nuevos derechos, como, por ejemplo, entrar en el pleno del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, y lo hacen con voz y con voto", advirtiendo de que esta normativa "recorta autonomía en las universidades públicas".
El parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha calificado la LUPA como una ley "peligrosa porque debilita la autonomía universitaria y porque si mañana gobierna la izquierda, deja un instrumento perfectamente diseñado para intervenir, dirigir e ideologizar la universidad". Ha recordado que "La autonomía universitaria no es una concesión del poder político, es un principio constitucional pensado precisamente para proteger la universidad del propio poder, sea del signo que sea", y ha acusado a la Junta de que, con esta norma, "multiplica controles, informes y condicionantes y reduce los márgenes reales de decisión académica y organizativa".
Por su parte, la diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha situado la aprobación de la ley en un escenario en el que en los últimos años se han implantado en la comunidad cinco universidades privadas "de escasa calidad, que aportan poco al sistema universitario andaluz, y que se han hecho incumpliendo normativa básica estatal". A su entender, "lo peor que está pasando es el problema de financiación de las universidades públicas", cuyo presupuesto "difícilmente les da para pagar el capítulo 1 (gastos de personal), prácticamente para sobrevivir, y así es muy difícil invertir en investigación, avanzar y, por tanto, competir con las universidades privadas".
El portavoz del grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha aprovechado su intervención para denunciar que en el Parlamento se plantea por primera vez en 43 años "despida a tres funcionarios interinos" de la institución, reclamando que se detenga esa decisión. Sobre la LUPA, ha advertido de que constituye una "auténtica imposición ideológica" y una pieza más en la "privatización" del sistema universitario. Además, ha censurado que el PP-A haya introducido una enmienda parcial para modificar la Ley de Transparencia "para eliminar el régimen sancionador que se establece" en dicha norma, de modo que "cualquier infracción en materia de transparencia o en materia de incompatibilidad que hagan los altos cargos de la Junta no tenga ninguna sanción económica".
Desde las filas del PP-A, el diputado José Carlos García ha defendido que la LUPA es una ley "clave para el presente y para el futuro del sistema universitario andaluz" destinada a "modernizarlo, hacerlo más competitivas y para que las universidades sigan creciendo". Ha asegurado que la norma "ayudará a que nuestras universidades puedan desarrollar todas sus capacidades con el objetivo de lograr la mayor excelencia".
Principales novedades de la LUPA
La nueva ley sustituye al marco vigente desde 2013 y, en lo relativo al estudiantado, reconoce por primera vez mediante norma autonómica el derecho de los alumnos a acceder a un sistema de bonificación de los precios de matrícula. Asimismo, incorpora la exigencia del nivel B2 en la acreditación de una lengua extranjera para obtener un título universitario oficial y para el acceso del profesorado a las figuras de ayudante doctor y contratado doctor.
El texto también recoge, de forma novedosa, "la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades", y "garantiza por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta".
Entre las medidas organizativas, se prevé "asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes, y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes". La norma impulsa además la formación continua mediante el reconocimiento de títulos propios y microcredenciales, que por primera vez la Junta tendrá en cuenta en los concursos que convoque.
En materia de internacionalización, se diseña una estrategia específica vinculada a cuestiones "relacionadas con la investigación y la captación del talento", en la que se señala a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como "pieza clave de esa línea de trabajo".
Con el objetivo de "favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado", la ley introduce medidas como la limitación del "uso indebido" de la figura de profesor sustituto interino. Además, fija un modelo de financiación común para todas las universidades públicas, revisable cada cinco años, "respaldando así tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores".
En el ámbito de la gestión, se regulan por primera vez los campus universitarios y se refuerza el papel de los consejos sociales en la captación de recursos, garantizando su financiación a través del modelo de financiación, incrementando las exigencias de transparencia y objetividad en su actividad y creando el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.
En cuanto a la coordinación del sistema, se crea el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria para ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades. Paralelamente, la ley eleva las condiciones para la creación y funcionamiento de universidades privadas en Andalucía con el fin de "reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario y de asegurar la prestación de este servicio público", exigiendo, entre otros requisitos, que los promotores y gestores cuenten con una "trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior".