El Pleno del Parlamento de Andalucía ha desestimado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) registrada por el Grupo Vox en Andalucía, con la que pretendía que la Cámara se posicionara en contra del Decreto que prevé aprobar el Consejo de Ministros para la regularización extraordinaria de migrantes, norma que aún está a la espera del dictamen del Consejo de Estado antes de su visto bueno definitivo.
La propuesta únicamente ha contado con el respaldo de los diputados de Vox, mientras que los grupos Popular, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra, bloqueando así su aprobación.
La iniciativa, defendida en el hemiciclo por la parlamentaria Purificación Fernández, instaba a que el Parlamento manifestara que dicho procedimiento “supone un grave riesgo para la sostenibilidad de los servicios públicos andaluces”.
Otro de los puntos de la PNL planteaba que el Parlamento promoviera, en el marco de sus competencias estatutarias, una reforma de la legislación migratoria para “proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación”, así como la repatriación de los menores extranjeros no acompañados.
En coherencia con este planteamiento, Vox proponía otra modificación normativa para que “se proceda a la deportación de cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida”, incluyendo en ese supuesto a “todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la Nación que lo acoge e intente imponer la suya”.
El texto también instaba a que el Consejo de Gobierno declarara “la prioridad nacional” como criterio de acceso a todas las ayudas sociales y a los servicios públicos en Andalucía, y sugería poner en marcha incentivos para “el retorno de todos aquellos extranjeros que supongan un lastre para el estado de bienestar de los andaluces”, al considerar que “no contribuyen con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional y viven de las ayudas sociales”.
Asimismo, Vox proponía que la Cámara autonómica se pronunciara a favor de que “el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales esté condicionado a sus años de cotización”.
La formación reclamaba al Parlamento andaluz “la necesidad de establecer una política migratoria firme, ordenada y acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral” y que, en ese marco, se garantice siempre “la prioridad nacional y la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar”, exigiendo además que las personas migrantes acrediten “capacidad de adaptación a nuestra cultura y nuestras costumbres”.
La PNL instaba también al Ejecutivo andaluz a eliminar “toda ayuda o beneficio social que no sean las estrictamente necesarias para garantizar la atención humanitaria de los inmigrantes ilegales hasta su devolución a sus países de origen”.
En la misma línea, reclamaba a la Junta de Andalucía “la supresión de todas las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas”, y que el Parlamento se pronunciara a favor de “endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y todos sus colaboradores”.
Vox pedía además al Gobierno andaluz que, dentro de su ámbito competencial, “acabe con todas con las políticas de efecto llamada”, a las que responsabiliza de haber llevado “a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente” por “las falsas promesas de un futuro mejor en Europa”.
La iniciativa aspiraba igualmente a que la Cámara autonómica se mostrara favorable a impulsar cambios legislativos para que “la institución del arraigo” deje de ser “una herramienta jurídica” para obtener el permiso de residencia.
Por último, el texto solicitaba al Gobierno andaluz que “suspenda la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios” mientras no respeten los acuerdos bilaterales de cooperación suscritos en esta materia.