El Pleno del Parlamento ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, la mayor parte de una proposición no de ley (PNL) de Vox en la que se demandaba que la Junta «despidiera» de manera inmediata a los «enchufados» durante los anteriores gobiernos del PSOE-A en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y que fueron recolocados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La iniciativa constaba de cinco puntos que se han votado por separado en dos bloques, de forma que tres de ellos –entre los que se incluían dicha demanda en relación a los trabajadores de la Faffe– han sido rechazados por todos los grupos salvo Vox, mientras que los otros dos han sido aprobados con los apoyos del PP-A y el grupo proponente.
Entre los puntos rechazados, Vox planteaba que el Parlamento expresara el «rechazo de las políticas de empleo realizadas por el actual» Gobierno andaluz, en especial, las del Servicio Andaluz de Empleo por «no reducir el paro y sí consolidar como empleados públicos a los antiguos enchufados de la extinta Faffe».
Se instaba además a la Junta a «condenar la colocación de 84 enchufados de la Faffe, tal y como ha confirmado la UCO» y a que iniciara «de manera inmediata los trámites oportunos para despedir a quienes aún siguen en el SAE sin haber pasado un concurso público».
Asimismo, se pedía que el Ejecutivo andaluz condenara de manera «rotunda e inmediata la actuación antidemocrática del Gobierno de España en relación con las investigaciones de la UCO sobre el entorno político y personal del presidente del Gobierno y sobre el PSOE».
Con los apoyos del PP-A, el Pleno sí ha aprobado el punto de la iniciativa de Vox que pedía que la Cámara autonómica condenara enérgicamente «las actuaciones del PSOE y sus socios en el Gobierno que están llenando España de corrupción moral, política y económica», y que apoyara que las fuerzas políticas utilicen los medios democráticos y legales a su alcance «para expulsarlos y llevarlos ante la justicia».
En defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Rodrigo Alonso ha señalado que el SAE se ha consolidado como una agencia pública «totalmente ineficiente para el mercado laboral andaluz», con un presupuesto total desde la llegada del PP-A a la Junta de 3.654 millones, que es «desorbitado e innecesario», atendiendo a «sus nefastas estadísticas», ya que más del 98% de las contrataciones que gestionó ese organismo «fueron temporales durante el año 2024» y «no participó ni en el 2% del total de colocaciones del mercado laboral durante el mismo período y del total de las contrataciones registradas, solo el 2% de las contrataciones fueron en empresas privadas, mientras que el 98% fueron en empresas públicas».
Para Alonso, el SAE «es una agencia incapaz de proporcionar oportunidades en el mercado laboral andaluz», pero sí ha servido para continuar con el capítulo de los anteriores gobiernos del PSOE-A sobre el «enchufismo de familiares y allegados a dirigentes y cargos» socialistas.
Con el Gobierno del PP-A y «siguiendo la estela del pasado, se han hecho fijos a 482 trabajadores procedentes de la extinta Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo», según Vox, ignorando «los principios normativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regirse siempre en la función pública».
Ha agregado que la Guardia Civil ha «sido quien ha confirmado que el PSOE enchufó a la mayoría de los 84 contratados en la Faffe con fondos públicos».