El PP-A ha tumbado este jueves, gracias a su mayoría absoluta, la práctica totalidad de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por el Grupo Socialista en la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Parlamento andaluz, centrada en el “deterioro y condiciones de seguridad de las infraestructuras educativas públicas tras los últimos temporales en Andalucía”.
La propuesta, presentada por el parlamentario del PSOE-A Jacinto Viedma, reclamaba, entre otras medidas, que la Junta pusiera en marcha “de manera inmediata” “un plan extraordinario de inspección técnica y auditoría integral de las infraestructuras de todos los centros educativos públicos andaluces”, con el fin de elaborar posteriormente “un mapa público de riesgos e incidencias” derivados del temporal de las últimas semanas, y que el Ejecutivo andaluz asumiera también su reparación “con carácter urgente”.
La iniciativa socialista constaba de ocho apartados, de los cuales sólo ha prosperado el octavo, respaldado por todos los diputados presentes en la comisión tras incorporarse una enmienda del PP-A transaccionada con el PSOE-A. Los otros siete puntos han sido rechazados con los votos en contra del grupo popular.
El único punto que ha salido adelante insta a la Junta a habilitar un canal estable de participación y comunicación con la comunidad educativa y las entidades locales para detectar de forma temprana incidencias en las infraestructuras educativas provocadas por fenómenos meteorológicos adversos.
Críticas cruzadas entre PP-A y Vox
Durante el debate parlamentario, la diputada del PP-A Remedios Olmedo ha calificado de “un poco llamativo” que el PSOE-A registrara esta PNL “una semana después” de que concluyera “uno de los más intensos temporales que ha sufrido Andalucía en décadas”, y ha sostenido que, con esta iniciativa, el Grupo Socialista no estaba tendiendo la mano a la Junta, sino incurriendo en “oportunismo” político.
Olmedo ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno ha afrontado esta crisis desde la “lealtad” institucional y con la voluntad de “actuar y resolver” las incidencias, recordando que ya se ha puesto en marcha el Plan “Andalucía Actúa”, que contempla “60 millones de euros para reparar daños en centros educativos”, y ha remarcado que el Ejecutivo del PP-A “ha dado prioridad” a las intervenciones en infraestructuras educativas.
En sentido distinto se ha pronunciado el diputado de Vox Antonio Sevilla, que ha respaldado la PNL del PSOE-A al considerar que “reconoce un problema real” como es la “vulnerabilidad de los centros educativos ante fenómenos extremos”. Ha advertido al Gobierno andaluz de que “no basta con invertir en grandes titulares”, sino que es necesaria una “planificación adecuada de contingencia”, además de que “deberíamos tener un inventario actualizado y público” y disponer de un “plan urgente de inversiones para reparar esos daños”.
Denuncia de la “fragilidad” de los centros educativos
En la exposición de motivos, el Grupo Socialista partía de que las suspensiones de la actividad lectiva presencial acordadas por la Junta ante las sucesivas borrascas que han afectado a Andalucía “se han producido no sólo por la intensidad de los fenómenos meteorológicos, sino también por la fragilidad de unas infraestructuras educativas envejecidas, con deficiencias estructurales y de mantenimiento que llevan años siendo denunciadas por la comunidad educativa”.
Según la PNL, los desperfectos ocasionados por las últimas borrascas “han puesto al descubierto la vulnerabilidad de numerosos centros”, y se vinculaban a “años de falta de inversión suficiente, ausencia de planificación preventiva y una gestión puramente reactiva que solo actúa cuando el problema ya es insostenible”.
El PSOE-A añadía que la red de infraestructuras educativas “ya venía arrastrando” antes de estos episodios otras “carencias”, como “la persistencia del amianto en diversos institutos andaluces pese a los compromisos de retirada, la existencia de aulas prefabricadas que se eternizan y no son sustituidas por equipamientos dignos, y el incumplimiento generalizado de la Ley 1/2020, de mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, que obliga a auditorías energéticas y a intervenciones de bioclimatización que no han llegado a la mayoría de centros”.
Para los socialistas, “resulta especialmente grave que, ante los últimos episodios de alerta roja y naranja, la respuesta del Gobierno andaluz se haya limitado a decretar el cierre generalizado o parcial de centros, sin acompañarlo de un plan público, calendarizado y dotado de recursos para revisar de manera sistemática el estado de los edificios y ejecutar las obras necesarias”.
Por ello, el Grupo Socialista concluía que “es urgente un plan de inspección y planificación, una auténtica auditoría integral que, aprovechando la experiencia y los datos de lo sucedido con los últimos temporales, permita identificar con claridad los centros más vulnerables, priorizar intervenciones, coordinar a los distintos departamentos implicados y evitar que la seguridad y la continuidad del servicio educativo dependan de la suerte o de la buena voluntad de cada comunidad educativa”.